El defensor del niño.
No hay lugar para distracciones a la hora de designar a quien desempeñará una tarea tan delicada como la custodia y protección de quienes más lo necesitan
No hay lugar para distracciones a la hora de designar a quien desempeñará una tarea tan delicada como la custodia y protección de quienes más lo necesitan.
El cargo de defensor del niño fue creado por ley el 28 de septiembre de 2005. Solo 13 años después, en septiembre pasado, 68 candidatos a cubrir la vacante rindieron su examen escrito anónimo ante la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con potestad para su designación. De los 15 finalistas, 14 enviaron luego sus propuestas de trabajo, siendo la audiencia pública la última instancia.
Un grupo de asociaciones, fundaciones y ONG, agrupadas en Infancia en Deuda, había reclamado públicamente por la demora en designar al defensor del menor, figura prevista en la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, destinada a cumplir y hacer cumplir todo aquello que haga a la calidad de vida y derechos de los menores de edad, con la amplitud y alcances contemplados tanto por nuestra Constitución, que consagra la vida desde el instante mismo de la concepción, como por la Convención de los Derechos del Niño.
Fueron numerosas también las campañas en redes sociales a lo largo de estos años ante el incomprensible retraso en esa designación. Una de las últimas, en marzo pasado, con participación de conocidos actores, instaba al Congreso a retomar el tema durante el inicio de las sesiones. Recordemos que las postergaciones en busca de mayores consensos habían dejado, una vez más, el tratamiento de la cuestión fuera de la agenda legislativa del año pasado.
Con estos antecedentes, el pronunciamiento de la comisión bicameral, compuesta por cinco senadoras y cinco diputadas, era largamente esperado. La elegida para el cargo fue la doctora Marisa Graham, con Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto como sus adjuntos. Todos ellos deberían ser ratificados en sus cargos por las dos cámaras legislativas con mayoría simple, en un plazo de 180 días.
Más allá de sus capacidades profesionales, la doctora Graham, especialista en Derecho de Familia que fue directora de Niñez y Adolescencia en la ciudad de Buenos Aires, entre otros cargos, milita públicamente en favor de una ley para aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. Dado que la Convención sobre los Derechos del Niño incluye en esta categoría a toda persona desde la concepción hasta los 18 años, se plantea una grave contradicción entre su pensamiento personal, ciertamente respetable, y la obligación que debería asumir desde su función.
No sorprende su elección por cuanto la comisión
bicameral estaba integrada mayormente por diputadas y senadoras de postura pública igualmente enfrentada con la defensa de las dos vidas, contrariando la sana imparcialidad que debería prevalecer a la hora de conformar un cuerpo cuyo objetivo es elegir a una persona para el referido cargo. En julio pasado, la diputada Cornelia Schmidt Liermann (Pro) había alertado sobre la necesidad de revisar la lista de los candidatos en concordancia con una decisión tan importante como la que ya había tomado el Congreso en esta dirección. Desde grupos contrarios a la legalización del aborto, en consonancia con peticiones que suman firmas en plataformas digitales como Change.org (http:// chng.it/npt4htjsdw), el reclamo también se hace oír, denunciando el sesgo ideológico del nombramiento y pidiendo que se revise lo actuado.
El Partido Demócrata Cristiano porteño, junto a organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la vida de la persona por nacer, por su parte, cuestionó la designación de la doctora Graham y de sus dos adjuntos por ser “abiertamente abortistas”. Además de recusar a la comisión bicameral por no guardar la imparcialidad requerida en su conformación y proponer que se inicie un nuevo proceso.
Debiéramos poder celebrar el postergado nombramiento con los mejores augurios en el marco del debido respeto a la Constitución nacional y a los tratados internacionales suscriptos que nos rigen. Pero no podemos pasar por alto que el primer y más sagrado derecho es el derecho a la vida. El compromiso institucional de saldar la deuda con la infancia de nuestro país debe resolverse, pues, criteriosamente aun cuando pueda insumir un tiempo adicional, habida cuenta de que dicha designación ya se demoró casi 14 años. La enorme tarea que deberán coordinar todos los representantes de los menores, tanto en el orden administrativo como en el Ministerio Público de la Defensa (ex-defensoría de Menores) demanda principios claros y convicciones acordes.
Institucionalmente, el Congreso no debería aprobar la cuestionada designación cuando el año pasado, democráticamente, rechazó un proyecto de ley propiciatorio del aborto.
No pueden las urgencias electorales distraernos frente a la revisión de este trascedente nombramiento que, ante todo, debe ser respetuoso de las normas que rigen nuestra convivencia republicana. Cuando se trata de un funcionario clave, hasta aquí solo cabe preguntarnos si con estos antecedentes será defensor del niño