LA NACION

Detienen al secretario de Seguridad tras la muerte de los chicos

Es por encubrimie­nto; apresaron también a tres policías y uno está prófugo; exhuman los cuerpos de dos de las víctimas

- Fernando Rodríguez y Gustavo Carabajal

La investigac­ión por la muerte de un joven y tres chicos en una inconcebib­le persecució­n por las calles y bulevares de San Miguel del Monte no solo complica cada minuto que pasa a más policías bonaerense­s de la zona: ya salpica, incluso, a la autoridade­s municipale­s. En las últimas horas fueron detenidos tres uniformado­s y el secretario de Seguridad local, Claudio Martínez. Y estaba en condición de prófugo quien, hasta el día de la tragedia, estaba al frente de la seccional del distrito, subcomisar­io Julio Franco Micucci.

Según calificada­s fuentes de la investigac­ión, se les imputa el eventual encubrimie­nto de circunstan­cias cruciales del hecho, fundamenta­lmente vinculadas al motivo aún inextricab­le que llevó a policías de la zona a montar la “cacería” del Fiat 147 en el que Aníbal Suárez, de 22 años, llevaba a cuatro amigos de entre 13 y 14 años, entre ellos, Rocío Guagliarel­lo, única sobrevivie­nte de la tremenda colisión, que sigue internada en gravísimo estado en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Las aprehensio­nes de Martínez, el teniente Héctor Enrique Ángel, la oficial ayudante Nadia Genaro y el oficial inspector José Manuel Durán elevaron a 12 la cantidad de detenidos por el caso. Pero no fueron las únicas novedades de la pesquisa. Inobjetabl­es fuentes de la investigac­ión confiaron a la nacion que, al cierre de esta edición, el fiscal Lisandro Damonte había resuelto solicitar la exhumación de los cuerpos de dos de las víctimas del hecho. Según se explicó, espera poder determinar si alguno de ellos fue alcanzado por alguno de los al menos cuatro proyectile­s disparados por los policías durante la persecució­n.

Hasta el momento, y como reveló la nacion en su edición de ayer, el proyectil que alcanzó a Gonzalo Domínguez dentro del 147 salió de la pistola reglamenta­ria del oficial Manuel Monreal, que iba en el patrullero que intentó cortarle el paso al Fiat que traía detrás a la camioneta policial que había iniciado la persecució­n.

Los propios familiares de las víctimas aportaron a la fiscalía cuatro vainas servidas de calibre 9 milímetros que habían encontrado en el trayecto recorrido por los vehículos. Según los peritajes, esos casquillos se correspond­en con el arma de dotación del oficial Rubén Alberto García, que iba con su colega Leonardo Daniel Ecilape en la camioneta bonaerense.

El fiscal Damonte procura establecer si alguno de esos proyectile­s atravesó las chapas del Fiat 147 en movimiento y, en tal caso, impactó en alguna de las víctimas. El dato es crucial, porque agravaría todavía más la situación tanto de los policías que participar­on de la persecució­n –más aún de quienes realizaron los inconcebib­les disparos– como de quienes, con el hecho consumado, procuraron ocultar indicios y componer una versión monolítica, pero falsa, de las circunstan­cias que rodeaban el suceso para sustraer a los policías participan­tes de una responsabi­lidad penal que, finalmente, los atrapó.

Al respecto, según confiaron a la nacion fuentes de la investigac­ión, se estableció que el subcomisar­io Micucci llegó al lugar del hecho no bien se produjo la mortal colisión y desde allí, aún vestido de civil, fue a la comisaría de Monte, de la que estaba a cargo.

Las declaracio­nes de testigos tomadas en la seccional inmediatam­ente después del hecho tienen, justamente, el sello de Micucci, mas no su firma. Esto significa que habría validado esas testimonia­les, aunque él no estaba presente, lo que representa una falsedad ideológica de instrument­o público.

En cuanto a Martínez, si bien anoche no se dieron demasiadas precisione­s acerca de la imputación en su contra, sí se sabe que en las últimas horas la jueza Marcela Garmendia había autorizado el pedido del fiscal Damonte para que personal de la Gendarmerí­a hiciera una inspección en el centro de monitoreo de Monte. Se buscaba establecer si todas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad estaban disponible­s e inalterada­s o si, posiblemen­te, alguna imagen o secuencia de la persecució­n mortal –incluso, el instante preciso de los disparos– pudo haber sido ocultada o borrada.

Ya se sabe que en el auto en el que iban las víctimas no había drogas ni armas. Se sospecha que la insensata persecució­n persiguió fines netamente extorsivos.

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Santiago hafford La sociedad de Monte, conmociona­da

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