Las coimas de Odebrecht. Dos años después, las pruebas y confesiones duermen en Brasil
La Justicia sigue sin acceder a documentos de los presuntos pagos a funcionarios kirchneristas por obras por más de US$2200 millones
El 1º de junio se cumplirán dos años sin que las evidencias sobre el capítulo argentino del Lava Jato lleguen a Buenos Aires. Y los investigadores locales estiman que pasarán semanas o incluso varios meses más antes de que la Justicia argentina acceda, al fin, a las pruebas sobre las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios kirchneristas a cambio de contratos de obra pública por más de US$2200 millones, según reconstruyó la nacion sobre la base de testimonios argentinos y brasileños.
Esas pruebas que acumularon los sabuesos brasileños del Lava Jato abarcan de todo: registros de transferencias bancarias, listados de receptores e intermediarios, detalles de las sociedades offshore involucradas, copias de correos electrónicos y de mensajes por Whatsapp y Telegram, comunicaciones telefónicas y hasta videos de las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht que se convirtieron en “delatores”.
Sin embargo, aún no está claro cuándo podría llegar ese material a Buenos Aires. Es decir, un marcado contraste con la agilidad que mostraron otros países de América Latina en los que Odebrecht admitió que pagó sobornos para acceder a esas evidencias. Entre ellos, Perú, donde esas pruebas causaron un tsunami político que ya arrastró a cinco expresidentes.
¿Por qué el material que se encuentra disponible desde el 1º de junio de 2017 aún no llegó a la Argentina? Según los brasileños, por el desinterés de los argentinos. Según los funcionarios locales, porque las legislaciones de ambos países son incompatibles y, más relevante, porque los brasileños exigen firmar un virtual compromiso de impunidad en favor de los acusados brasileños y porque cualquier error en el recorrido formal para acceder a ese material podría provocar la nulidad de las investigaciones locales.
Así, aunque las procuraciones de ambos países sellaron ya un acuerdo “marco” en julio de 2018, según informó entonces la Procuración brasileña, la cooperación bilateral depende ahora de los jueces y fiscales de cada investigación local, que muestran avances muy distintos.
El diálogo bilateral registró además varios cortocircuitos. El último ocurrió el 13 de este mes, cuando la procuradora general brasileña, Raquel Dodge, acusó a los argentinos de obstaculizar las pesquisas de su país. En particular, los pedidos para interrogar en nuestro país a argentinos sospechados de cometer delitos en perjuicio de la petrolera brasileña Petrobras durante la venta de sus acciones en Transener. Entre ellos, el exministro menemista Roberto Dromi y uno de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra.
¿Cuáles son las tres pesquisas que conforman el capítulo argentino del Lava Jato?
AYSA: el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigan si el consorcio que lideró Odebrecht pagó coimas para quedarse con la construcción de la planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas. No accedieron a las evidencias brasileñas, pero sí contaron con la colaboración de las autoridades uruguayas. Casanello ya procesó por coimas a los empresarios Aldo Roggio, Tito Biagini (Cartellone SA) y Carlos Wagner (Esuco SA) y a sus presuntos receptores: Julio De Vido, Roberto Baratta y Carlos Ben (extitular de AYSA), entre otros, además de Jorge “Corcho” Rodríguez, como presunto intermediario. También pidieron la extradición de brasileños, pero ese país no extradita a sus nacionales.
Gasoductos: a cargo de la investigación centrada en la extensión de las redes troncales de gas, el juez federal Daniel Rafecas procesó a varios acusados –entre ellos, De Vido y dos subsecretarios de Estado–, pero no por coimas, sino por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que delegó en el fiscal Delgado la pesquisa sobre los supuestos sobornos. Sin acceso a las evidencias brasileñas, Delgado ya pidió elevar a juicio el tramo de la investigación más avanzada.
Soterramiento: en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi, la pesquisa busca determinar si Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa pagaron sobornos para quedarse con la obra para soterrar el tren. El juez procesó a De Vido, Baratta, Juan Pablo Schiavi, José López y Ricardo Jaime por supuestas negociaciones incompatibles, pero dictó la falta de mérito de Ángelo Calcaterra, Lorenzo Ghella y Jorge Corcho Rodríguez, entre otros. Picardi apeló esa decisión y es, en la práctica, el fiscal argentino que más cerca se encuentra de acceder a las evidencias brasileñas sobre Odebrecht.
A estas tres investigaciones, se suman otras tres, vinculadas directa o indirectamente al Lava Jato:
Arribas: basadas en los registros de transferencias delictivas que desarrolló el “doleiro” Leonardo Meirelles, bajo órdenes de su jefe Alberto Youssef, como también su posterior testimonio, los fiscales Sergio Rodríguez y Federico Delgado impulsaron la investigación local que tenía al actual jefe de inteligencia argentino, Gustavo Arribas, como protagonista. Pero sin esperar los exhortos que él mismo había ordenado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral cerró la pesquisa, lo que confirmó la Cámara Federal luego de que el fiscal general Germán Moldes desistió del recurso, a último momento y al contrario de lo que había informado a sus fiscales. Con el paso de las semanas, Rodríguez y Delgado terminaron denunciados, aunque el juez federal Daniel Rafecas desestimó esa acusación. Brasil, mientras tanto, avanza su propia investigación dentro de la Operação Descarte.
Transener: el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita instruyen la investigación local por el presunto pago de sobornos para que Electroingeniería se quedara con las acciones de Petrobras en Transener. De Vido y Dromi figuran como los principales acusados por los arrepentidos brasileños. Pollicita ya pidió a Brasil acceder a esas confesiones y otras evidencias, aunque cosecharon las críticas de la Procuración brasileña por la falta de cooperación argentina.
Techint: el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Eduardo Taiano instruyen la pesquisa sobre los presuntos sobornos que una subsidiaria del holding habría pagado en Brasil. Taiano ya firmó el convenio con Brasil y pidió datos sobre las evidencias que recolectaron los sabuesos brasileños, pero ese material sigue sin llegar a la Argentina.
A todo esto, Odebrecht tomó la iniciativa. En julio de 2018 demandó al Estado argentino por desigualdad ante la ley. Planteó que la suspendieron en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, mientras que todas las empresas argentinas que admitieron coimas en la causa de los “cuadernos de la corrupción” continúan con sus matrículas activas. El pleito se dirime en el fuero Contencioso Administrativo Federal.