“Hay más Centenos”, dice el arrepentido cordobés que reveló otra ruta del dinero K
Miguel Vera afirmó en diálogo con que la Justicia no avanzó para la nacion conocer todos los sobornos en la obra pública
CÓRDOBA.– Miguel Vera, el arrepentido cordobés que en el marco de la causa de la financiera CBI contó la ruta del dinero K, habla con la nacion con protección policial, porque denunció amenazas. Durante el diálogo insistirá en que por las empresas fantasma creadas a instancias de dos financistas porteños “pasaron cheques de retorno de la obra pública” nacional, y afirmará que los pagos son “muchos más” que los que figuran en los listados que tiene la Justicia. “Lo sé por cómo iba creciendo el tamaño de los sobres que yo entregaba”, dice, en referencia a las comisiones. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014.
La declaración de Vera ante la Justicia generó diferentes impactos, como la sugerencia a la Procuración para que derive su testimonio al juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, y el pedido de información del fiscal federal Ramiro González para sumarlo a una causa en la que están imputados Julio De Vido, Abel Fatala, López, Aníbal Fernández y el exintendente de Villa María (después candidato a gobernador del kirchnerismo) Eduardo Accastello, por supuestos desvíos de partidas destinadas a la obra pública.
“¿Qué sabía yo de [Oscar] Centeno cuando declaré? Ni se hablaba de los cuadernos. Cuando me enteré por la prensa no me sorprendió para nada. ¿Sabés los ‘Centenos’ que hay? En Córdoba hay más. No sé qué esperan para investigarlos”, le dice Vera a la nacion y repite lo que afirmó hace una semana, en su ampliación de indagatoria: “Tiene que haber más cheques, muchos más, de Vialidad Nacional, de la exOncca, del Senasa”. Su declaración como imputado, que le valió el beneficio de arrepentido, ocurrió el 28 de diciembre de 2016.
La Justicia secuestró solo una parte de los cheques que ingresaron al Banco Nación a través de las empresas fantasma, pero entre ellos –según constató la nacion– aparecen varios librados por Electroingeniería, Iecsa, Carranza Rovella, por obras sociales y por organismos públicos nacionales, como la Jefatura de Gabinete, el PAMI, el Correo Argentino y la Gendarmería. Por esas dos cuentas habrían pasado unos $716 millones. Los detalles que incluyen lo secuestrado no alcanzan para determinar la “trazabilidad” del dinero. Sirven para establecer quién libró el cheque. Se requiere el documento físico para conocer el beneficiario final y determinar si se emitió factura, si era legal y si se corresponde a los servicios o bienes con los que opera habitualmente el librador. La Justicia no avanzó en esa etapa.
Vera insiste en que no conocía a la financiera CBI, pero sí había escuchado el nombre de Jorge Suau, su director (su muerte, todavía no aclarada, fue la que disparó el escándalo que terminó en el juicio), ya que lo mencionaba Fernando Boldú, entonces intendente kirchnerista de Laguna Larga y ahora legislador electo. Según Vera, en una reunión que mantuvo con los financistas Joaquín Juana y Teófilo Grant –con oficinas en el microcentro porteño– le pidieron llegar a la financiera. “Los conecto a través de Suau”, dice.
“Cuando le menciono a Boldú el interés de los porteños, dice que hay que ‘hacer mazari’ (plata en árabe), que los presentara. Los porteños vienen a Córdoba, se reúnen con Suau y empieza el proceso para constituir empresas”, afirma. Empezaron con Jotemi, que figura como dedicada a la venta de productos editoriales, y le siguió Halabo, inscripta como encargada de cobros a cuenta de terceros. Sus titulares son, entre otras personas sin capacidad económica comprobada, dos hermanas que cobraban planes sociales.
“Grant y Juana la tenían atada. Nunca mencionaron a Cristina [Kirchner] ni a Carlos Zanini, pero sobre todo Grant hacía gala de sus contactos con [Ángel] De Dios, [Sandro] Férgola y [Julio] López”, describe Vera. Respecto a De Dios –exconsuegro de Julio De Vido, fue titular de Nación Servicios– repite que los porteños insistían en que “facilitaba las cuentas”.
De Férgola, por ejemplo, recuerda que un día le preguntaron la distancia del hotel donde estaban hasta el country del Jockey Club en Córdoba porque “hay que buscarle cheques a Marilí, la mujer de Férgola”. El extitular de Vialidad Nacional fue detenido en marzo en su casa en ese country. “Primero querían abrir una empresa y después se entusiasmaron y quisieron la otra. Aseguraban que tenían ‘mucha cartera’ en Buenos Aires. Querían una tercera, pero no llegaron”, apunta Vera.
Los porteños, dice el arrepentido, ya habían intentado llegar a la financiera CBI a través de Jorge Castro (también imputado en la causa), pero no habían podido. Ante este medio admite que se les abrieron las puertas cuando a la financiera se le cayó el manejo de la recaudación del transporte público de la ciudad de Córdoba (Red Bus). Asegura que se lo confirmó Suau: “‘A mí con [Daniel, entonces intendente de Córdoba] Giacomino se me acabó todo’, me contó. La cartera de los porteños le vino como anillo al dedo”.
Según el relato de Vera, Boldú se llevaba 0,3% del negocio y Suau, el 0,4%. “Yo les buscaba los sobres y veía cómo eran cada vez más gordos. Suau, además de CBI, jugaba la propia. Las cuentas eran claras: había para Córdoba y para los porteños”. La decisión de abrir las cuentas en la sede Banco Nación de Plaza San Martín fue porque “Fernando Salvi, que estaba en Nación Factory, habló con el gerente”, agrega.
El arrepentido señala que cuando el escándalo de la financiera estalló, Castro lo llamó y le contó que Grant le pidió que “quemara todo” en las oficinas. “No querían dejar huellas”, enfatiza. Vera estuvo preso en la causa de la financiera unos 11 meses en dos etapas. Cuando recuperó la libertad rechazó ser testigo protegido “para no generarle gasto al Estado”, pero desde el viernes tiene custodia por “amenazas” y “extorsiones” que él entiende provienen de Boldú. “Sobre todo tengo temor del expolicía Juan Chini”, señala, en referencia a quien fuera encargado de Seguridad de CBI.