Se analizan dos hipótesis en el robo de datos a la Policía Federal
Una de las pistas relaciona la difusión de información secreta con el hackeo a una cuenta de Bullrich en 2017
Se investigan dos hipótesis en un tema sensible, que aún genera preocupación: la intrusión y robo de archivos informáticos de la Policía Federal Argentina. Para los detectives podría tratarse o bien de una venganza por las detenciones, dos años y medio atrás, de hackers que se infiltraron en la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o de la actividad de un “funcionario policial infiel”. Así lo informó a la nacion una calificada fuente de la PFA. En la fuerza de seguridad explicaron que “la base de datos de la PFA no está comprometida, sino que los archivos que fueron divulgados se encontraban en la nube, subidos por dependencias periféricas, conformando un reservorio [sic] de archivos”.
El ataque informático fue adjudicado por un usuario de Twitter que usa el alias de @lagorraleaks, cuya cuenta fue suspendida en las últimas horas. Según informaron fuentes oficiales, la sustracción de información y archivos habría sido concretada a través de “un robo hormiga”, luego de entrar en distintas computadoras de personal policial por medio de la modalidad conocida como phishing, que posibilita la obtención de nombres de usuarios y contraseñas por medio de un correo electrónico que simulaba ser un mensaje de seguridad informática.
“Las hipótesis son dos: una venganza por la detención de los dos hackers que se habían infiltrado en la cuenta oficial de la ministra Bullrich y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hechos ocurridos en enero de 2017. La otra pista que analizamos es que @lagorraleaks sea un funcionario policial infiel”, afirmó una alta fuente oficial.
El hackeo de la cuenta de la ministra Bullrich ocurrió en enero de 2017. La causa fue investigada por el juez federal Sebastián Ramos. En el expediente, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Paloma Ochoa. Según fuentes judiciales, el caso ya fue elevado a juicio oral y público, y dos imputados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
En el caso que se hizo público anteayer, el hacker habría obtenido 700 GB de información reservada, entre la que se destacan las asignaciones de agentes encubiertos en investigaciones de narcotráfico, escuchas telefónicas, datos personales y de legajo de miles de oficiales –incluido el jefe de la fuerza, comisario general Néstor Roncaglia–, ubicación de retenes y puestos de control móviles. Incluso, nombres de oficiales en jefe denunciados por violencia de género y por acoso a personal subalterno que, pese a eso, fueron postulados para un ascenso.
“No entraron en el sistema informático de la PFA. El hacker robó los archivos después de ingresar en computadoras de policías de distintas dependencias como la Superintendencia de Drogas Peligrosas y la de Bienestar”, dijo una fuente de la fuerzas de seguridad. Después del hackeo se realizó una denuncia que, tras pasar por el fuero ordinario y una declaración de incompetencia, recayó en el Juzgado Federal N° 9, a cargo de Luis Rodríguez.