Acuerdo para una sesión corta y con bajos niveles de confrontación
En el primer debate en tres meses, el peronismo buscará declarar la emergencia alimentaria
Luego de tres meses de parálisis legislativa, la oposición peronista hará su primera exhibición de fuerza en la Cámara de Diputados luego de su triunfo en las primarias. Llevará al recinto, en sesión especial, un proyecto de ley de emergencia alimentaria, el cual dispone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias para políticas nutricionales. El oficialismo aceptó debatir la iniciativa, ya que, entiende, no agregará gastos y no se alterarán las metas fiscales pautadas.
La sesión sería corta, de pocos oradores y con ánimo de no alterar el clima político: esas son las reglas que acordaron ayer, en una reunión reservada, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados; Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos, y Agustín Rossi, quien encabeza el bloque del Frente para la Victoria-PJ. Nadie, ni en el oficialismo ni en la oposición, quiere agitar las aguas en el recinto, máxime porque afuera se desarrollará en simultáneo una marcha de los movimientos sociales. “Hay que evitar cualquier provocación que genere problemas”, advierten.
El proyecto contiene tres ejes principales. El primero establece una prórroga de la emergencia alimentaria vigente hasta 2022. El segundo dispone un aumento de emergencia del 50%, como mínimo, “de las partidas presupuestarias vigentes” correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. El tercer eje compromete al próximo gobierno: establece que a partir del primer día de 2021, el jefe de Gabinete podrá actualizar trimestralmente estas partidas presupuestarias según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Canasta Básica de Alimentos (CBA).
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal del proyecto opositor oscila entre los $4061 millones y los $10.489 millones, según se interprete su artículo cuarto, el que establece el aumento del 50% de las partidas.
“Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados, el costo ascendería a $10.489 millones. Si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto, el costo sería de $4061 millones”, indica el informe.
En el oficialismo entienden que este costo fiscal no alterará el equilibrio de las cuentas, principal objetivo del Gobierno. Esto sería así porque el aumento en las partidas para atender la emergencia no surgiría de aumentar el gasto, sino de una reestructuración de las asignaciones hoy vigentes.
De hecho, en los primeros ocho meses del año, Desarrollo Social aumentó en sucesivas oportunidades losmont os destinados alas políticas alimentarias. Según la OPC, los tres programas principales destinados a este rubro–el Plan Nacional de Protección Social, el programa Políticas Alimentarias y el plan Pro Bienestar (PAMI)– totalizan un crédito vigente de $20.977 millones.
Argumentaciones
“Vamos a ir a la sesión, aunque nos parece sobreabundante aprobar una ley cuando ya está vigente la emergencia social desde 2002”, explicó el diputado Negri. “Este proyecto –continuó– plantea cubrir el aumento por medio de reasignación de partidas presupuestarias, eso es importante porque no se invade la facultad que tiene el jefe de Gabinete en ese sentido”.
La decisión de Cambiemos de dar el debate obedece, también, a motivos políticos y electorales. Presionada por la oposición, entendió que no podía darle la espalda a la discusión sobre la problemática alimentaria en el país. Confirmó, además, que la iniciativa opositora es, en cierta medida, inocua: si bien dispone un aumento de partidas presupuestarias, éstas no redundarán en un mayor gasto y, por otro lado, el jefe de Gabinete, con sus facultades para reasignar los recursos, podrá manejar los tiempos para su ejecución.
El peronismo podrá, por su parte, llevarse un primer triunfo legislativo cuando aún no se celebraron las elecciones generales. De todas maneras, la convocatoria a esta sesión especial dejó expuestas, todavía de manera solapada, las diferencias internas entre las vertientes que apoyan la candidatura de Alberto Fernández.
Los sectores cercanos a los movimientos sociales, como Libres del Sur y el Movimiento Evita, eran los partidarios de forzar el debate legislativo, mientras que otros sectores, más moderados, no lo creían oportuno, en medio de la incertidumbre económica y la “pax política” con el Gobierno que pretenden preservar hasta las elecciones de octubre.