Macri está jugando a todo o nada

Jugando el alargue de un partido en el que va perdiendo desde el 11 de agosto, Mauricio Macri empieza a tomar nota de que los poderes, sean constitucionales o fácticos, lo abandonan antes de tiempo. Juega, tal vez por primera vez, a todo o nada. Se terminó la cortesía con la Corte Suprema de Justicia. No dudó un instante en reprocharle un desplante al presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, quien, a su vez, juega otro partido al lado de Alberto Fernández.

La Justicia es un poder constitucional, pero es también un poder fáctico en la medida en que aspira a ocupar territorios de otro poder del Estado. Los empresarios son del mismo modo un poder fáctico, como lo son los sindicatos. Todos ellos se alejan de Macri. Estaban lejos antes, pero ahora lo hacen sin disimulos porque entrevén la otra orilla hacia donde dar el salto.

Al revés de lo que se supuso siempre, Macri recurre a la gente común en sus movilizaciones macristas (o antikirchneristas, quién lo sabe), mientras desertan de él los sectores que se creían más cercanos al Presidente.

Macri invitaba a comer en Olivos al expresidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, después de que este fuera tumbado del cargo por una operación comandada por el abogado presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y por otro miembro de la Corte, Horacio Rosatti. Rosatti, que libra una vieja competencia con Lorenzetti, se prestó para colocar en la presidencia del cuerpo a Carlos Rosenkrantz, a quien luego abandonó. Ahora está más cerca de Lorenzetti en el intento de complicarle la vida a Rosenkrantz. El objetivo de Rosatti es la presidencia de la Corte, y se propone liquidar a un presidente tras otro hasta sentarse él en la poltrona más importante del Poder Judicial. Macri creyó que con aquellas invitaciones a Lorenzetti consolaría al inconsolable Lorenzetti. No lo consiguió. Fue Lorenzetti, con su experiencia de 11 años al frente de la Corte, el que construyó una mayoría para cambiar rápidamente las condiciones de las medidas que eliminaron el IVA a los productos de la canasta básica y bajaron el impuesto a las ganancias. La decisión de la Corte fue que esas medidas, pensadas para aliviarles la vida a los sectores más vulnerables de la sociedad, deben ser sufragadas íntegramente por el gobierno federal, no por las provincias.

El IVA es un impuesto coparticipable y, por lo tanto, las provincias verán mermados los recursos que reciben por la coparticipación. La Corte eliminó en este caso la tradicional veda que se autoimpone para no tratar asuntos con efectos electorales en tiempos electorales. Hasta el diario español El País comenzó su crónica sobre la decisión del tribunal con esta frase interpretativa: “La Corte Suprema de Argentina se ha metido en la campaña electoral”.

El Gobierno le pidió a la Corte Suprema la convocatoria urgente de una audiencia con las 15 provincias que se quejaron ante el tribunal (todas gobernadas por peronistas, menos Santa Fe). La estrategia es muy clara: exponer en un acto público a los jueces y a los peronistas. Quiere exhibir la inconsistencia de la decisión de la Corte. ¿Qué es lo que debe devolverles el gobierno federal a las provincias? Existe una ley que faculta al Poder Ejecutivo a bajar la alícuota del IVA del 21 al 15 por ciento. ¿Debe devolverles, acaso, la diferencia entre el 15 y el 21 por ciento? ¿O debe devolverles el 21 por ciento? Si el consumo de los productos básicos hubiera aumentado por la eliminación del IVA, ¿deberá restituirles también la parte del crecimiento o devolverles solo la que corresponde al consumo anterior? ¿Cómo se mediría el crecimiento atribuido solo a la eliminación del impuesto? ¿No sería injusto que el gobierno federal deba devolverles la eventual coparticipación del IVA por el crecimiento del consumo debido a la supresión del IVA?

La mayoría de la Corte Suprema consideró que una modificación impositiva, sobre todo cuando significa una merma en la recaudación de las provincias, debe pasar por el Congreso Nacional. Pero no declaró inconstitucional las decisiones del presidente Macri, que es lo que debió hacer con esos argumentos. Si lo hubiera hecho, la situación sería más fácil. El gobierno nacional debería empezar de cero porque habrían caído todas las medidas del Presidente. El populismo judicial, que también existe, cambió la decisión lógica por una resolución confusa. A los peronistas quiere interrogarlos de manera más simple: ¿por qué se quejan, justo ellos que se pasaron la vida hablando de justicia social, de una decisión que beneficia a los sectores más desprotegidos de la sociedad? ¿Acaso no son los ciudadanos de sus propias provincias los beneficiarios también de la elila minación del IVA? ¿O es mejor que ese dinero esté en el bolsillo de los gobernadores que en los de la gente común?

Con los industriales de la UIA, Macri compite en desigualdad de condiciones. Alberto Fernández los trata mejor. Acevedo, el presidente de la central fabril, se lo hizo saber a Macri en Córdoba, cuando dejó una reunión de la delegación local de la UIA poco antes de que hablara el Presidente. Luego, Acevedo explicó que debía regresar a Buenos Aires porque tenía una agenda cargada. Podía esperar. Esos empresarios tienen el dinero suficiente como para alquilar un avión y no depender de los vuelos de línea. Macri se lo reprochó en la propia UIA cordobesa. Acevedo no respetó, es cierto, la investidura presidencial, porque de alguna manera él era anfitrión del lugar que visitaba el Presidente. Al día siguiente, Acevedo y la cúpula de la UIA nacional se reunieron con Alberto Fernández. Acevedo dijo después públicamente que el candidato peronista era más sensible a las necesidades de los industriales. Y no carece de razón: Alberto describe un proyecto proteccionista para la industria, que es lo que esos empresarios necesitan escuchar.

Macri, por el contrario, tiene un discurso aperturista de la economía, que se queda en mero discurso. De hecho, la Argentina sigue siendo una de las economías más cerradas del mundo. Pero el solo discurso atemoriza a muchos empresarios argentinos. Casi la unanimidad de los empresarios rescata el valor de las exportaciones, pero casi todos quieren clausurar las puertas de la aduana a las importaciones. Un oxímoron.

¿Acevedo es Acevedo o es la Unión Industrial? Acevedo fue un alto ejecutivo de Aceitera General Deheza, una poderosa productora cordobesa de aceites crudos y refinados y exportadora de cereales. Acevedo forma parte de la familia propietaria de la empresa, los Urquía, cuyo patriarca, Roberto, acaba de declarar que “el libre comercio no existe en el mundo”. Roberto Urquía fue un eterno aliado de Cristina Kirchner cuando ejerció como senador nacional por el peronismo cordobés que entonces lideraba José Manuel de la Sota. Urquía acaba de manifestar su apoyo definitivo a la candidatura de Alberto Fernández. Igual que Acevedo.

Sin embargo, en la UIA hay kirchneristas y antikirchneristas, y hay también macristas enojados con Macri. Macri, que viene de ese sector social, trató siempre a los empresarios con cierta distancia. Conoce virtudes y defectos de ese mundo. Un importante funcionario reconoció el error: “Debemos aceptar que no los tratamos bien”, se resignó.

El propio Presidente hizo una implícita autocrítica cuando prometió un gran acuerdo político y social para su eventual segundo mandato. Pero rechazó tenazmente ese acuerdo desde el principio de su gestión, cuando se lo propusieron Miguel Ángel Pichetto, entonces referente opositor, y el radical Ernesto Sanz. Alberto Fernández se adelantó varias semanas. Prometió un acuerdo político, empresarial y sindical poco después de ganar las primarias.

¿Significa que todos los empresarios se alejaron de Macri y se acercaron a Fernández? AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que reúne a los dueños de las empresas, es otra cosa. Tienen la prudencia que aconseja la experiencia. No solo les importa quién será el futuro presidente, sino también cómo quedará conformado el equilibrio institucional en los años que vienen. Prefieren esperar para decidir. Es lo que hacía Macri antes de tener que optar entre la gloria y la ruina.

Casi la unanimidad de los empresarios rescata el valor de las exportaciones, pero casi todos quieren clausurar las puertas de la aduana a las importaciones