Problemas sociales e infraestructura, amenazas para la expansión de Vaca Muerta
La insuficiencia de servicios básicos, los accidentes fatales y medioambientales en los yacimientos y los conflictos con las comunidades aborígenes preocupan a los inversores en el sector
A menudo Vaca Muerta es noticia por los excelentes resultados de productividad en gas y petróleo y por la importancia que tiene, no solo para la matriz energética del país, sino también para la creación de empleo y el crecimiento de la economía. Pero el desarrollo de esa gran formación de hidrocarburos podría estar amenazado por los costos sociales que genera la actividad. En particular, los analistas señalan el malestar creciente que manifiestan los trabajadores por los accidentes laborales; las poblaciones aledañas, por la falta de infraestructura; los activistas ambientales, por los derrames y explosiones en los yacimientos, y los pueblos originarios, por el uso de sus tierras.
El contraste más grande se aprecia en la infraestructura de los pueblos que están a la entrada de los yacimientos, donde no hay calles pavimentadas ni cloacas ni servicios de gas y de luz, o hasta falta agua potabilizada. Son poblaciones que hasta hace siete años vivían en la máxima tranquilidad, y desde el desarrollo de Vaca Muerta ven multiplicada la cantidad de camionetas, combis y micros que cruzan el pueblo, encarecen su costo de vida y no les mejoran los servicios.
“Solo el 4% de Vaca Muerta está desarrollada. Se habla de que podría llegar a entre 10% y 15% en el corto plazo, pero con la infraestructura actual el consenso es que colapsaría, porque hoy en día hay fuertes tensiones en lo que hace al costo y la calidad de las viviendas en toda la provincia de Neuquén”, dice Jimena Blanco, analista de la consultora Verisk Maplecroft, una compañía hermana de Wood Mackenzie, que abrió una oficina en el país a comienzos de este año.
Según un informe que realizaron recientemente, el principal riesgo sobre la superficie para Vaca Muerta no es político, sino social. “En particular, existe una gran preocupación sobre si la industria puede mantener su licencia social para operar, en medio de la rápida y algo descontrolada expansión de las obras de infraestructura hasta la fecha. Cuestiones que incluyen un fuerte aumento en el número de accidentes mortales en el lugar de trabajo, el desarrollo muy lento de servicios y la judicialización de las quejas de la comunidad amenazan a los operadores. Si la actividad del sector no logra ofrecer el desarrollo local prometido por las autoridades, existe un riesgo latente de oposición social en Neuquén, y las comunidades en Mendoza, Río Negro y La Pampa podrían movilizarse para restringir la actividad”, indicaron.
Para las empresas se trata de un tema muy sensible también, porque pagan entre 12% y 15% de regalías por la producción, que es con lo que el Estado debería proveer los servicios básicos. Pero para las comunidades quienes son culpables del mayor tránsito son las industrias.
“El Estado cobra las regalías, que son distribuidas entre todas las jurisdicciones y no solamente en las zonas productoras. La proporción del presupuesto que se invierte en la construcción de viviendas e infraestructura de saneamiento es muy baja. Casi todo está destinado a pagar salarios y prestaciones sociales, como jubilaciones o planes sociales. Lo que se destina a temas más estructurales es comparativamente muy poco”, indicó Blanco.
En el gobierno de Neuquén destacan las obras realizadas en los últimos años en Añelo, el pueblo más próximo a los yacimientos con mayor actividad en Vaca Muerta. Entre las inversiones que realizaron se encuentran la construcción de un hospital con una complejidad nivel III, dos jardines de infantes y un edificio para la comisaría. “En materia de deportes y recreación se realizaron una cancha de fútbol de césped sintético, una pista de patín y una pileta de natación cubierta en el polideportivo municipal, y en materia habitacional se están construyendo en la localidad 300 viviendas, por casi $300 millones”, señalaron.
En el último tiempo también generaron preocupación las ocho muertes de trabajadores en plena actividad en los yacimientos y los accidentes de derrame e incendios en los pozos petroleros. “Los sindicatos afirman que las normas de seguridad se han visto comprometidas a favor de los aumentos de producción, mientras los operadores acusan a los sindicatos de capacitación inadecuada para nuevos trabajadores. Con el aumento de las muertes, los contratistas sindicalizados serán más propensos a movilizarse y presionar a los líderes sindicales para que adopten una postura más dura durante las negociaciones con el sector privado”, señala el informe de la consultora.
En el aspecto medioambiental, el mes pasado se produjo en el yacimiento Loma La Lata Oeste –operado por YPF– un incendio en la boca de uno de los pozos, que tardaron casi tres semanas en apagar.
Otro desafío que señala el informe es el del conflicto con las comunidades indígenas, que representan el 8% de la población, con 54 comunidades legalmente registradas (federales o provinciales). “Neuquén tiene una de las poblaciones indígenas más grandes del país. Existe una gran superposición entre estos territorios y la superficie de concesión asignada por el gobierno local. Estos conflictos pueden afectar la financiación externa, ya que los inversores institucionales se centran cada vez más en los riesgos medioambientales y sociales para armar sus carteras”, indicaron en Verisk Maplecroft.