Lejos de una autocrítica, los constructores reclaman la emergencia para el sector

Piden el pago de deudas, la puesta en marcha de un plan de viviendas y la suspensión de embargos; no mencionan la corrupción

Julio Crivelli presidente de la cac “Hasta 2018 el sector estuvo bien. Después de la crisis empezaron los atrasos en los pagos y la paralización de algunas obras” “No tiene por qué haberla [una autocrítica]. Eso es desprestigiar una institución de 85 años. Una cosa son las empresas y otra la Cámara”

Si algún ciudadano esperaba una autocrítica de este sector por haber sido parte del engranaje de corrupción en la obra pública que investiga la Justicia, se equivocó. La Cámara de la Construcción pasó de largo cualquier mención que pudiese hacer a la inédita situación de tener a la gran mayoría de las empresas en pleno proceso judicial. Eso sí, el consejo federal de la entidad, que se reunió ayer en Buenos Aires, reclamó la aplicación de un régimen de emergencia para el sector, la consolidación de las deudas acumuladas por obras públicas, la puesta en marcha de un plan de viviendas sociales y la suspensión de las ejecuciones embargos de la AFIP.

Desde hacía días los diferentes representantes de los construcción elaboraban una declaración pública. Entonces, la lupa se posó sobre los puntos que abarcaría el documento. “Es conocido y aceptado que la construcción es un sector vital para el desarrollo del país y para la calidad de vida de su gente. Caracteriza al sector su alta capacidad de absorción de mano de obra, calificada o por calificar y su amplio efecto multiplicador sobre otros sectores económicos. Que, sin embargo, el sector sufre hoy, amplificados, los efectos de la recesión, la actual y la previsible para los próximos meses”, inicia el comunicado difundido ayer.

Luego de enumerar las peripecias vividas con el sector público, considera que tampoco han logrado hacer pié en el sector privado. “La incertidumbre macroeconómica hace que no se generen nuevos proyectos ni contratos, lo que llevará a una severa contracción de la actividad y del empleo en los próximos meses”, enumera.

De hecho, el Indec acaba de informar que en septiembre la actividad del sector cayó 8,5% interanual y acumula una baja similar (del 8%) en los primeros nueve meses del año.

Las causas del freno de la construcción se remontan a la crisis cambiaria de 2018. Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó a cortar partidas para obras, frenar los gastos y redireccionar prioridades en el presupuesto del Estado. La obra pública, como tantas veces en la historia argentina, quedó relegada frente a otras prioridades presupuestarias. “Hasta 2018, el sector estuvo bien. Después de la crisis empezaron los atrasos y la paralización de algunas obras”, dijo a la nacion el presidente de la Cámara, Julio Crivelli.

“Las empresas del sector de obra pública sufren graves perjuicios por los atrasos en los pagos de las obras certificadas, demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente”, se lee en el documento de la Cámara.

Crivelli, un presidente sin constructora que asumió el año pasado cuando gran parte de la mesa directiva quedó procesada en la causa de los cuadernos de las coimas, dijo que el documento era una puesta al día del sector. “Pero no es una puesta al día, piden medidas concretas”, se le preguntó. “Efectivamente, propuestas para poner en marcha la actividad”, se corrigió. Puntualmente, los constructores, que este año suspendieron la tradicional convención que se realiza sobre fines de noviembre, pidieron medidas a ser aplicadas en los “primeros 200 días del nuevo gobierno, para mantener el empleo y la actividad”.

Lo primero es declarar la emergencia del sector en todo el país. “Con esta medida se puede empezar a renegociar con los funcionarios”, contestó el dirigente, al ser consultado sobre los efectos prácticos.

Luego, solicitan “calcular y consolidar la deuda devengada en los contratos vigentes, emitiendo documentos de pago negociables o compensables”. ¿Qué significa? Que el Estado les entregue un título de deuda que pueda ser contabilizado o transado en el mercado.

Además, también piden “abordar un nuevo y urgente plan de viviendas sociales a través de convenios con los institutos provinciales de Vivienda no menor a 40.000 unidades en todo el país, que motorice la economía de manera federal atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo”.

Pero no es todo. La lista de medidas urgentes se completa con la reformulación de un esquema de adhesión optativa para adecuar los contratos vigentes con el Estado; el establecimiento de un régimen de excepción para pymes, para evitar sanciones; créditos, y la suspensión de las ejecuciones y embargos aplicados por la AFIP que “permita la compensación de la deuda impositiva con créditos del Estado nacional, implementando un sistema equilibrado que considere la fecha de mora en la obligación y la fecha en que el Estado debía cancelar la deuda”. Con eso, creen los constructores que pueden llegar a “remontar la cuesta.”

–¿No hay ninguna autocrítica respecto del rol del sector en las causas de corrupción, en las que varios de dirigentes y empresarios han aportado pruebas sobre el esquema de devolución de dinero?, le preguntó este cronista a Crivelli.

–No tiene por qué haberla. Eso es desprestigiar una institución de 85 años. Una cosa son las empresas y otra la Cámara, contestó.

Crivelli presidió la reunión en la que se consensuó el documento, donde gran parte de los que escuchaban pertenecen a las cerca de 60 empresas cuyos ejecutivos o dueños están procesados y esperan el juicio oral. El número uno de la entidad cerró el encuentro del Consejo Directivo, justo el hombre que asumió después de tres presidentes que quedaron procesados bajo la acusación de haber pagado coimas. Según su visión, nada tiene que ver la Cámara, apenas son cuestiones de empresarios solitarios que se apartan de la huella que marca la entidad.