La liberación de Lula agrega tensión a la situación de Brasil
Tras 580 días en prisión, se benefició con un polémico fallo del Tribunal Supremo; Alberto Fernández prevé invitarlo a su asunción, el 10 de diciembre
RÍO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).– Después de 580 días, el reclamo “¡Lula libre!” se convirtió en una realidad que promete nuevos sobresaltos en la política de Brasil. Rodeado por una multitud que lo abrazaba, besaba y le gritaba palabras de afecto, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue liberado ayer por la tarde en Curitiba, donde cumplía una pena de ocho años y diez meses de prisión por corrupción, gracias a un controvertido fallo del Tribunal Supremo.
La salida de Lula –aunque puede resultar temporaria– representa un duro revés para la operación Lava Jato y aportará un elemento clave en la relación del país con la Argentina del próximo gobierno de Alberto Fernández –lo invitará a su asunción el 10 de diciembre–, que siempre defendió su liberación y comparó su situación con la de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner.
Frente a sus simpatizantes, el histórico líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) aprovechó sus primeros momentos en libertad para atacar al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro y a la mayor acción anticorrupción de Brasil, que lo puso tras las rejas el 7 de abril del año pasado.
Desde un escenario montado al lado del campamento que durante el último año y medio militantes petistas y de movimientos sociales instalaron a pocos metros de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, Lula agradeció todo el apoyo de esos seguidores que cada día le gritaban “buen día” y “buenas noches” para que los escuchara desde su celda.
“Ustedes eran el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir el descaro y la canallada que un sector podrido del Estado brasileño tuvo conmigo y con la sociedad brasileña”, dijo Lula, emocionado. “Salgo con el mayor sentimiento de agradecimiento. Tengo ganas de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no le mienta por Twitter como Bolsonaro miente. Brasil no mejoró, Brasil empeoró”, resaltó.
“No encarcelaron a un hombre, quisieron matar las ideas. Hay que seguir luchando”, arengó. Lo acompañaban sobre la plataforma varios políticos del PT, entre ellos, la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, y el exalcalde de San Pablo Fernando Haddad, que asumió la candidatura presidencial petista el año pasado, cuando Lula –hasta entonces favorito, mucho más que Bolsonaro– fue preso. Pero quien despertó la euforia de la multitud fue la nueva novia del exmandatario viudo, Rosangela “Janja” da Silva, 52, a quien le dio un afectuoso beso.
“A los 74 años, mi corazón solo tiene espacio para el amor. Porque el amor va a vencer en este país”, aseguró Lula, para luego informar que hoy hará un acto en el Sindicado de Metalúrgicos de su ciudad, São Bernardo do Campo, el mismo escenario donde dio su discurso de despedida antes de entregarse a la policía el año pasado. En sus próximos planes, apuntó, está recorrer el país para organizar la oposición de cara a las elecciones municipales del próximo año.
La excarcelación de Lula fue posible debido a una ajustada decisión anteanoche del Supremo Tribunal Federal (STF), que por seis votos a favor y cinco en contra modificó la jurisprudencia que desde 2016 permitía la ejecución de las condenas de prisión tras un fallo de segunda instancia. Amparada en el principio de presunción de inocencia garantizado en la Constitución, la Corte señaló que los acusados pueden aguardar en libertad hasta que se agoten todos los recursos judiciales.
Originalmente, Lula había sido condenado en 2017 por el entonces juez Sergio Moro –actual ministro de Justicia de Bolsonaro– a nueve años y medio de reclusión por haber obtenido como soborno de la constructora OAS un departamento tríplex en Guarujá a cambio de garantizar a la empresa contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). Su defensa apeló, pero en enero de 2018 un tribunal de Porto Alegre reafirmó la sentencia y aumentó la pena a 12 años y un mes. Poco después, Lula fue detenido. Sus abogados volvieron a apelar, esta vez ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en abril de este año confirmó la condena, pero redujo la pena a ocho años y diez meses. El caso aún tiene recursos finales pendientes en esa tercera instancia antes de ser remitido al STF, que podría ratificar la condena y enviar de vuelta a Lula tras las rejas.
Sin embargo, la defensa también solicitó al STF que anule todo el proceso, luego de que el sitio The Intercept reveló este año comunicaciones indebidas entre los fiscales de la Lava
Jato y el juez Moro; para el expresidente, quedó demostrado que el magistrado no fue imparcial y estuvo motivado por sus ideas políticas.
“Si existe una banda mafiosa en este país es el fraude que hicieron para intentar, con la red Globo, decir que Lula era un bandido. Si agarran a [Deltan] Dallagnol (fiscal coordinador de la fuerza de tareas de la Lava Jato), Moro y a otros comisarios de la Policía Federal, y los ponen en una licuadora, no les queda ni un 10% de la honestidad que yo represento en este país”, opinó enfurecido Lula. “Carácter y dignidad no es algo que se compra en un shopping; yo adquirí todo lo que tengo en la vida de una mujer que nació analfabeta, me enseñó a tener dignidad y murió analfabeta”, agregó, en referencia a su madre.
Pese a haber sido un feroz crítico de Lula y aprovechar cada oportunidad para condenar a la izquierda, ayer el presidente Bolsonaro no se refirió nunca a la liberación de su máximo rival. Tuvo varios eventos públicos y evitó el tema de la liberación cuando la prensa le preguntó sobre él. En cambio, sus hijos utilizaron las redes sociales para embestir contra Lula y cuestionar la decisión del STF.
El diputado Eduardo Bolsonaro, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, escribió con tono de lamento en Twitter: “Sueltan bandidos y desarman al ciudadano. Pobre brasileño…”.
Por otra parte, en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, partidos afines al gobierno iniciaron un movimiento para discutir una enmienda de la Constitución que habilitaría nuevamente la ejecución de penas de prisión tras una condena en segunda instancia. Ante el previsible aumento de la inestabilidad política, ayer la Bolsa de San Pablo cayó 1,9% y el dólar subió 1,8%.