El Lava Jato ingresó en un escrutinio profundo
El fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de anteanoche que abrió las puertas a la liberación de Lula se convirtió, en gran medida debido a la posición del juez Gilmar Mendes, en un debate crítico de la operación Lava Jato.
En vano intentaron algunos magistrados –especialmente su presidente, el juez Días Toffoli– fundamentar su voto en cuestiones conceptuales: el Lava Jato y Lula, su objeto de culto, dominaron el debate.
El nombre del expresidente estuvo siempre presente en el intento de demostrar que el máximo tribunal no actúa políticamente, y que mucho menos puede ser culpado por la sensación de impunidad que domina en la sociedad.
Hasta la propuesta que envió Toffoli a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, sugiriendo que los plazos de prescripción de las causas queden suspendidos mientras se tramitan los recursos especiales, fue utilizada para demostrar su preocupación por el uso abusivo de las apelaciones.
No se hizo mención a los condenados por el Lava Jato que se verán beneficiados de inmediato por el fallo que repone la exigencia de que se hayan terminado todas las instancias judiciales de apelación antes de que un condenado vaya a la cárcel.
En los fundamentos de su voto, Toffoli asumió la defensa de la institución que preside, utilizando estadísticas que según él demuestran que la impunidad se debe a los errores de investigación en los procesos penales y al sistema judicial en sí.
El enjuiciamiento del escándalo de las mensualidades, conocido como Mensalão, que al condenar a políticos y empresarios marcó un antes y un después en la Justicia brasileña, fue tomado como ejemplo de que el tribunal no es condescendiente con los poderosos.
El hecho de que se haya dedicado durante seis meses a ese juicio, demorando su agenda general, sirvió como ejemplo de que cuando están dadas las condiciones, actúa con diligencia.
El número de procesos que tramite anualmente el tribunal fue citado una vez más, y con razón, como responsable de las demoras que se le atribuyen al STF en sus decisiones.
El amplio análisis de Toffoli lo llevó a declarar que el sistema judicial necesita una gran reforma de fondo para que la sensación de impunidad deje de imperar en la sociedad.
Todo para afirmar que la ejecución de la pena después de la condena en segunda instancia no evitará la impunidad. Para eso dio como evidencia la posibilidad de recursos incluso después del veredicto de un juicio por jurado, citando el caso de un hombre que mató a varias personas, fue condenado a 97 años de prisión por un jurado popular, y actualmente está en libertad, mientras se tramita su apelación de segunda instancia.
El debate sobre la ejecución inmediata de los fallos de los juicios por jurado es otro de los temas que entrarán en discusión en las reuniones del STF de los próximos días, y Toffoli ya adelantó su posición a favor del cumplimiento inmediato de la pena.
La cuestión de las condenas de políticos presos por corrupción no entró en debate, un gesto deliberado de los miembros del tribunal que defienden la libertad de los condenados hasta agotarse todas las instancias de apelación, como una forma de dejar en claro que el tema es de alcance general y no atañe solamente a los delitos de guante blanco.
Toffoli recurrió también al argumento de que el Congreso puede modificar la Constitución, en caso de que la nueva interpretación del STF no sea compatible con la posición actual de la mayoría de los parlamentarios.
Y la prisión preventiva pasó a ser citada como una solución jurídica válida para evitar la impunidad, cuando los condenados queden encuadrados dentro de las exigencias legales de la misma.