Piñera, acusado por la represión durante el estallido
La oposición lo denunció formalmente por violaciones a los derechos humanos
SANTIAGO, Chile.– Después de varios días de intenso debate y de fracturas internas por el apoyo al acuerdo para reformar la Constitución, la oposición chilena reactivó su ofensiva contra Sebastián Piñera y presentó una acusación constitucional contra el jefe de Estado, atribuyéndole responsabilidad directa en las violaciones a los derechos humanos en el país durante el estallido social.
La acusación fue presentada en el Congreso chileno por un grupo de once diputados del Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD) y de otros conglomerados del Frente Amplio, que participaron en la confección del documento además de organizaciones sociales, estudiantiles y gremiales.
El texto contiene 110 páginas e incluye dos capítulos acusatorios en los que se sostienen las dos denuncias fundamentales hacia Piñera.
El primer aspecto lo responsabiliza de haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al permitir las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el mes de movilizaciones sociales en el país. Y el segundo tiene que ver con que Piñera comprometió gravemente el honor del país y afectó el prestigio democrático y de protección a los derechos humanos de Chile.
“Presentamos esta acusación constitucional contra el presidente Piñera dadas las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado en el último mes”, dijo la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, en rueda de prensa.
En conversación con la nacion, Claudia Mix –diputada del partido Comunes y firmante de la denuncia– dijo que la acusación obedece a un “deber ético intransable y una responsabilidad política impostergable”.
“Cerramos la primera etapa de la acusación constitucional con su ingreso en el Congreso. Ahora viene defenderla de los seguros ataques que vendrán de diferentes sectores y ponerla a disposición de la gente que se ha movilizado, para que tome conocimiento y el peso de la responsabilidad que significa llevar adelante esta acción”, dijo la parlamentaria.
“Hacer de esta acción parlamentaria un acto colectivo es fundamental para que adquiera la fuerza impugnatoria suficiente para que el presidente responda por sus actos”, agregó Mix.
Hoy se efectuará el sorteo de la comisión revisora que deberá analizar los argumentos y presentar un informe no vinculante que entregará una recomendación respecto de si los diputados deben rechazar o no la acusación constitucional.
Dicho cuerpo sumará las opiniones de expertos, voces de la sociedad civil y de la propia defensa del mandatario. También se conocerá la fecha tentativa de cuándo se podría votar.
“Si hoy hay más de 200 personas dañadas de por vida a su vista, si hoy hay muertos, hay tantos heridos, es porque alguien dio una orden. ¿Quién cree que acá los únicos responsables son los uniformados que dispararon? ¿Por qué en Chile siempre el hilo se corta por lo más delgado? Acá había una orden, ha habido actos administrativos y políticos que llevaron a que el presidente le declarara la guerra a la sociedad que lo eligió”, dijo el diputado Jorge Brito, del partido Revolución Democrática.
Defensa
Desde el propio gobierno chileno, lamentaron la presentación del documento y apelaron al momento que vive el país.
“Si uno analiza lo que está ocurriendo en la ciudadanía, en lo que ocurre en la calle, cuesta determinar cómo sintoniza esta decisión política, esta decisión de personas que toman esta determinación contra el presidente, con lo que está ocurriendo en la calle”, dijo el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Felipe Ward.
Desde la oposición también se sumaron voces contrarias a la acusación, lo que supone que es improbable que se materialice. En la Cámara baja, de hecho, la acusación necesita el voto favorable de la mayoría de los 155 diputados en ejercicio y, aunque la oposición tiene mayoría, se presagia una decisión reñida.
Sin embargo, si sortea esta etapa, en el Senado –que actúa como jurado– la acusación se aprueba con dos tercios de los 43 parlamentarios en ejercicio, es decir, con 29 sufragios, una cifra inalcanzable para la bancada de la oposición, que cuenta con 23 representantes.