Dan marcha atrás con un protocolo sobre el aborto tras un conflicto en el Gobierno
La Casa Rosada desautorizó una resolución que facilitaba la interrupción de embarazos en menores de 15 años; cuestionamientos a Rubinstein, secretario de Salud
Una decisión inconsulta provocó una crisis inesperada en el Gobierno. Cuando faltan 19 días para entregar el poder, con el respaldo del presidente Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, desautorizó la actualización del protocolo de actuación para casos de interrupción legal del embarazo, que había firmado ayer el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que quedó en la cuerda floja.
Rubinstein dictó una resolución, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, que permitía a las adolescentes menores de 15 años abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo para su salud.
La disposición cayó como una bomba dentro de Juntos por el Cambio y desató un nuevo foco de tensión entre el macrismo y el radicalismo, desde donde surgieron voces de respaldo a Rubinstein.
Una decisión inconsulta provocó una crisis inesperada en el gobierno nacional. Cuando faltan 19 días para entregar el poder, con el respaldo del presidente Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social desautorizó la actualización del protocolo de actuación para casos de interrupción legal del embarazo que había firmado ayer el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que quedó en la cuerda floja, aunque hasta anoche nadie le había pedido la renuncia.
Rubinstein firmó una resolución, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, que permitía a las adolescentes menores de 15 años abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo físico y psicológico para su salud. Además, establecía que quienes tengan entre 13 y 16 años podrán abortar sin que se les pueda exigir la autorización de los padres, si se trata de un embarazo de menos de 12 semanas y de un aborto medicamentoso.
La disposición cayó como una bomba dentro de Juntos por el Cambio y desató un nuevo foco de tensión entre el macrismo y el radicalismo. Macri y Stanley se enteraron del nuevo protocolo con las primeras quejas.
“Se cortó solo”, describieron fuentes de la Casa Rosada sobre la actitud de Rubinstein, quien había resaltado la actualización del protocolo como un “gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad”.
Así, el Presidente le dio luz verde a la ministra, jefa de Rubinstein, para voltear la medida. Si bien el argumento formal para revocar la decisión del secretario de Salud fue que no cumplió con los requisitos mínimos para avanzar –no informó ni pidió la opinión de la Secretaría Nacional de la Niñez, del Instituto Nacional de la Mujer y de la Agencia Nacional de Discapacidad–, lo cierto es que cuando restan menos de tres semanas para que asuma Alberto Fernández, nadie en la Casa Rosada quería instalar un tema que genera un fuerte debate en la sociedad.
El malestar fue aún más grande porque el Presidente y sus principales colaboradores –entre ellos, Stanley– se enteraron de la resolución una vez que ya estaba definida. “Se va a revocar mañana [por hoy]”, adelantaron fuentes cercanas a la ministra de Desarrollo Social, que estuvo durante todo el día en contacto con el Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
El enojo de los funcionarios de Macri chocó con el respaldo de parte del radicalismo, lo que vuelve a elevar las diferencias internas en el frente. Ernesto Sanz, por ejemplo, fue el primero en salir a respaldar a Rubinstein, al que calificó como “un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública”. El mendocino, jefe político del secretario de Salud, agregó: “Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión”.
Además, Martín Lousteau aseguró que “es una verdadera pena que el Presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande” y reafirmó su “compromiso con la ley de interrupción voluntaria del embarazo como una política central de salud pública”.
Para Rubinstein, “el aborto es un asunto de salud pública porque produce muertes evitables, sobre todo en mujeres jóvenes y con alta vulnerabilidad social”. El funcionario fue uno de los integrantes del gobierno nacional que manifestaron su apoyo al proyecto de interrupción voluntaria del aborto durante su exposición ante el Parlamento.
Por si fuera poco, la novedad generó un fuerte rechazo dentro del macrismo y de la Iglesia. “Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”, sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
La publicación también generó el rechazo del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel “Tucho” Fernández, que apuntó contra Mauricio Macri y Alberto Fernández. “El gobierno nacional saliente acaba de publicar en el Boletín Oficial el protocolo para la interrupción del embarazo. Está
hecho, y parece que en este tema se juntan todos”, escribió Fernández en su cuenta de Facebook.
Pinedo, en tanto, no fue el único caso en manifestarse públicamente en contra. Incluso, algunos legisladores repitieron en las redes las palabras del senador, como la senadora del radicalismo tucumano Silvia Elías de Pérez, y otros sumaron sus propias voces, como la diputada nacional electa por el macrismo porteño, Dina Rezinovsky, que directamente pidió la renuncia de Rubinstein.
“El secretario de Salud Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida de que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional”, escribió la diputada en Twitter.
Además de evitar la obstaculización de un aborto no punible por vía judicial, burocrática o médica, situación que se repite en el país incluso en los casos de abortos no punibles previstos por la ley, el protocolo que quedará sin efecto hoy señalaba que para acceder a la interrupción legal del embarazo se requería solamente del pedido de la mujer que busca practicarlo, con consentimiento informado y mediante una declaración jurada en la que afirma que su caso se encuentra entre las causales de no punibilidad previstas por la ley, como cuando el embarazo es producto de una violación o representa un peligro para la vida y la salud de la gestante. También establecía que la intervención debía hacerse en no más de 10 días desde el pedido y que no podía ser rechazada por ninguna institución pública o privada.
“Uno de los ejes prioritarios de trabajo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación es la política pública diseñada y sostenida para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en todos los casos contemplados por el Código Penal y refrendados por el Fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, describió la norma en el anexo de la actualización que se publicó ayer.