Duque busca contener el efecto contagio de la convulsión en la región
Enfrenta hoy una huelga nacional que se opone a las reformas del gobierno; cierre de fronteras ante el temor de la infiltración chavista
BOGOTÁ.– Con el Ejército y la policía acuartelados y en medio de un contexto regional marcado por las crisis políticas en Bolivia, Chile y Ecuador, el presidente de Colombia, Iván Duque, enfrentará hoy un paro nacional convocado por organizaciones sociales, trabajadores y estudiantes que se oponen al aumento de edad jubilatoria y a varias reformas sugeridas por el FMI, entre otros reclamos.
En este contexto, y ante el creciente temor de la participación de infiltrados chavistas durante las movilizaciones, el gobierno colombiano ordenó ayer el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el viernes.
La convocatoria, que coincide con demandas callejeras paralelas ocurridas en los últimos días en las que estudiantes exigen mayores recursos para la educación superior, anticipa masivas movilizaciones en las principales ciudades del país, donde crece el rechazo a las reformas, que incluyen también la reducción del salario mínimo para jóvenes, entre otras medidas.
El gobierno de Duque asegura que no hay ningún texto definido en relación con los temas que concentran el reclamo popular y que los proyectos que presente serán concertados, pero las organizaciones de trabajadores argumentan que varios voceros del Ejecutivo ya dejaron claro que apuntan a la flexibilización laboral y a debilitar el organismo estatal que gestiona las jubilaciones a favor de los fondos privados.
Artistas relevantes del país, como el cantante Carlos Vives, se sumaron a la grieta abierta en las redes sociales y expusieron sus razones para manifestarse, mientras que la Iglesia Católica se mostró a favor de la protesta, pero pidió que se desarrolle de manera pacífica.
El amplio abanico de reclamos incluye el fin del incesante asesinato de líderes sociales, indígenas y excombatientes de la guerrilla que firmaron la paz, las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas y la estigmatización de la protesta social.
Desde el lunes, las Fuerzas Armadas y la policía permanecen en acuartelamiento “de primer grado” por orden del comandante Luis Fernando Navarro, que instruyó la medida como prevención.
“Permítome ordenar a partir de las 6 del lunes 18 de noviembre primer grado de acuartelamiento clave rojo por ocasión del paro nacional programado para el 21 de noviembre”, señaló Navarro en un documento difundido por la prensa colombiana.
En el comunicado, el alto mando militar solicita “prever planes de intervención en coordinación con autoridades” y disponer “esfuerzos de búsqueda a fin de evitar éxitos de amenazas”, así como también extremar medidas de seguridad en instalaciones militares e infraestructura del Estado que puedan resultar afectadas en eventuales disturbios.
El lunes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que el gobierno dará plena potestad a alcaldes y gobernadores para tomar decisiones extraordinarias, entre ellas el toque de queda, para garantizar la seguridad y el orden público durante la huelga.
Si bien Colombia tiene una tradición sindical de menor fuerza que otros países de la región, las autoridades temen que el llamado se vea potenciado por el creciente descontento popular ante un Ejecutivo que mantiene abiertos múltiples frentes de fricción social, lo que despierta –entre los organizadores– grandes expectativas.
Las protestas, por otra parte, no suelen tener un impacto mediático muy grande, señaló un editorial del diario bogotano El Tiempo, y solo excepcionalmente es un tema de conversación que exceda a los protagonistas y el ámbito político y sindical.
Sin embargo, en este caso el paro pasó a ser el tema central de discusión de todo el país por el miedo al contagio regional y por la polarización política que tuvo su génesis durante la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado con las FARC.
Recientemente, y de golpe, Bolivia, Chile y Ecuador fueron escenario de fuertes crisis políticas marcadas por protestas callejeras que aunque con efectos y causas diversas, son interpretadas como un movimiento telúrico que recorre la región con fuerza potencial para erosionar la gobernabilidad.
Sobre la ola de estallidos sociales, el número dos del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que se trataba de “apenas una brisita que recorre la región y que pronto se convertirá en un huracán”, lo que fue interpretado por algunos sectores políticos como parte de una estrategia externa.