La Iglesia cuestionó la frustrada iniciativa del secretario de Salud
“En este tema se juntan todos”, dijo el arzobispo Fernández, al rechazar la fallida reglamentación
LA PLATA.– La publicación de un nuevo Protocolo para la Atención Integral para las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo generó el fuerte rechazo del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel “Tucho” Fernández, en medio de la crisis que generó en el gobierno de Mauricio Macri el reglamento firmado por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.
En sus cuestionamientos, el exrector de la Universidad Católica Argentina y uno de los arzobispos más cercanos al papa Francisco apuntó tanto al gobierno de Macri como a la oposición.
“El gobierno nacional saliente acaba de publicar en el Boletín Oficial el Protocolo para la Interrupción del Embarazo. Está hecho, y parece que en este tema se juntan todos”, escribió el arzobispo Fernández en Facebook, antes de que el presidente Mauricio Macri ordenara dar marcha atrás con la medida del ministro de Salud.
En los últimos días, el titular de la arquidiócesis platense había criticado el anuncio del presidente electo, Alberto Fernández, de enviar al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto a la brevedad. La decisión fue también objetada por su antecesor, Héctor Aguer, quien tildó de “abortista” al mandatario que asumirá en diciembre.
El “se juntan todos” de Tucho Fernández pareció englobar, también, al gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, en cuyo entorno dejaron trascender en las últimas horas que se pondrá en vigor el protocolo para los hospitales de la provincia.
La gobernadora María Eugenia Vidal había suspendido su aplicación hace dos años. Vidal, finalmente, se manifestó en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando el proyecto se debatió en el Congreso.
La actualización del protocolo publicada en el Boletín Oficial y dejada, luego, sin efecto contemplaba la salud desde una perspectiva integral e identificaba “una serie de situaciones relacionadas con factores de vulnerabilidad social, como contextos de violencia de género, inequidades en las condiciones de vida [...] que pueden hacer que un embarazo ponga en riesgo la vida de una persona”.
El protocolo destacaba el derecho a la interrupción del embarazo sin “incurrir en discriminación alguna” e incluía en su línea de atención “a todas las personas con posibilidad de gestar un embarazo, sin ninguna distinción relativa a su identidad de género ni a las prácticas sexuales que pudiera llevar adelante”.