El trilema energético: la herencia que recibirá el próximo gobierno
Quedarán subsidios por el equivalente al 1,4% del PBI por las tarifas de gas y luz; las petroleras esperan señales para invertir; el pacto social de Fernández implicaría un congelamiento de precios
El gobierno de Alberto Fernández heredará una situación energética sin tantas urgencias como había hace cuatro años, pero con muchos desafíos por resolver en los primeros días de mandato. Principalmente, quien ocupe la cartera de Energía deberá decidir qué hacer con las tarifas de gas y luz, que están congeladas hasta el 31 de diciembre, y mandar una señal de precio a las petroleras, que paralizaron su producción de gas y petróleo hasta tener más certidumbre sobre el programa económico.
En concreto, en el sector se habla del trilema de precios, tarifas y subsidios a la energía que tendrá que resolver el nuevo equipo económico.
Por un lado, Alberto Fernández heredará el pago de subsidios a la energía por el equivalente al 1,4% del PBI. Del total, 0,5% corresponde al gas (US$2216 millones) y 0,9% (US$3737 millones) son subsidios a la electricidad, según datos de la Secretaría de Energía. A fines de 2015, las transferencias energéticas representaban un gasto para el Estado del 3% del PBI (US$18.961 millones). En la renegociación de la deuda que deberá hacer el gobierno electo, las cuentas fiscales tomarán un rol relevante, ya que dependiendo del sendero que se elija para llegar al superávit fiscal, se hará una renegociación de la deuda más o menos agresiva. Si el nuevo equipo económico solo quiere reperfilar los vencimientos, sin quita, será necesario llegar más rápido al superávit fiscal, según señalan los analistas. Una forma de hacerlo es reduciendo el gasto.
Por otro lado, para que las empresas continúen invirtiendo en la producción de gas y petróleo, y en la generación de electricidad, el Estado deberá garantizar un precio mínimo que cubra sus costos. Al momento, ante la incertidumbre del próximo plan económico, y tras el congelamiento de combustibles y tarifas, la producción de gas y petróleo tuvo una caída en los últimos meses. Según la consultora Analytica, fueron suspendidos 2000 trabajadores de la industria desde las PASO hasta la fecha.
En tercer lugar, el presidente electo ya indicó que buscará aplicar un pacto social para congelar los precios por un tiempo determinado para frenar la inercia inflacionaria. Por lo tanto, se intentará contener cualquier incremento de tarifas posible. Esta decisión implicaría o un aumento de subsidios a la energía o una disminución en el precio que cobran las empresas.
La herencia
El gobierno de Mauricio Macri tomó dos caminos para reducir los subsidios: bajó los precios de la oferta y aumentó las tarifas de gas y de luz, asumiendo un costo político alto.
En relación con el gas, los precios de la oferta bajaron gracias a los incentivos a la producción que se dieron, primero con el Plan Gas, que heredó del gobierno de Cristina Kirchner, y luego con la resolución 46, en la que se les prometía un precio mínimo a los productores que desembolsaran nuevas inversiones en Vaca Muerta. Este crecimiento en la oferta de gas permitió sustituir el consumo de combustibles líquidos y una parte importante de las importaciones de gas natural licuado (GNL). De hecho, este año, la producción de gas llegó a 137 millones de metros cúbicos diarios (m3/d), cuando hace cuatro años era de 120 millones de m3/d.
Por el lado de la demanda, a fines de 2015 el usuario residencial pagaba 13% del valor total de la tarifa de gas. Con los incrementos que hubo en los últimos cuatro años, hoy paga el 66%. En concreto, el usuario residencial promedio pagaba US$1,2 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) en 2015, y luego de los aumentos pasó a pagar US$3,5. Los usuarios residenciales de la Patagonia, que reciben un subsidio, pasaron de pagar US$0,3 a US$2,1, y los comercios, de US$0,2 a US$3.
En cuanto a la electricidad, los precios de la oferta apenas bajaron de US$70 el MWh a US$67, pero el ajuste se hizo con el aumento de tarifas: los residenciales pasaron de pagar US$6 el MWh a US$39, y los comercios, de US$10 a US$42. Esto generó que los usuarios residenciales paguen el 58% del valor total de la tarifa, mucho más que el 3% que pagaban a fines de 2015, según el balance energético que difundió ayer la Secretaría de Energía.
Por lo tanto, el gobierno de Macri resolvió su trilema aumentando las tarifas, y al establecerles un valor mínimo a las petroleras hubo mayores inversiones que hicieron bajar el precio del gas, disminuyendo así los subsidios.
Luego de dos años consecutivos de contracción del PBI (se espera que este año la economía caiga alrededor del 3%), y con una inflación anual del 55%, el nuevo gobierno tiene menos margen para incrementar de manera brusca las tarifas.
Si aumenta el gasto, con la suba de subsidios, también se verán golpeadas las cuentas fiscales. Y mientras no se les garantice un precio a las petroleras, la producción de gas y petróleo se desacelerará en el mediano plazo. Este es el problema que heredará el gobierno de Alberto Fernández en materia energética.