La violencia en Bolivia le suma presión al Congreso para llamar a elecciones
El Senado buscaba anoche aprobar un proyecto consensuado, mientras la policía volvía a reprimir una marcha en La Paz
LA PAZ.– En un marco de creciente violencia y represión, el Congreso de Bolivia trabaja contra reloj para llegar a un proyecto consensuado entre todas las bancadas para la convocatoria a elecciones generales e intentar frenar la crisis que fracturó al país y dejó ya 32 muertos en un mes de protestas.
Ayer, miles de personas fueron reprimidas con gas lacrimógeno luego de llegar a La Paz desde El Alto, ciudades separadas por una decena de kilómetros, con los féretros de cinco de los ocho muertos que dejó el martes un operativo de las fuerzas militares y policiales en inmediaciones de Senkata, una planta de distribución de combustibles.
La policía disolvió la protesta de ayer cuando las personas, en su mayoría indígenas aymaras, quisieron montar los ataúdes sobre una tanqueta militar en protesta por la represión del martes.
El gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, que reemplazó a Evo Morales tras la renuncia y exilio en México del líder indígena, negó su responsabilidad en las muertes de Senkata.
Las bombas lacrimógenas empleadas ayer por la policía generaron una estampida. En el suelo podían verse algunos de los féretros.
“Nos quieren matar y hay libertad para matar. Hay orden para que nos maten en El Alto”, dijo una mujer que se identificó como Ana Méndez, de 55 años, que acompañaba la protesta.
Bolivia atraviesa una severa crisis desde las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo, en el poder desde 2006, buscaba un nuevo mandato. La oposición alegó fraude y las Fuerzas Armadas retiraron su respaldo al entonces jefe del Estado.
Ante el estallido social, que profundizó las divisiones entre los indígenas leales al exmandatario y la gente de las clases medias y altas de las ciudades, el Congreso busca ahora apaciguar los ánimos mediante el llamado a elecciones y la anulación del proceso del 20 de octubre, en el que Evo buscaba un nuevo mandato luego de 13 años al frente de Bolivia.
La oposición, en cabeza del excandidato Carlos Mesa, alegó fraude y encendió las calles contra el exgobernante aymara de 60 años, mientras la OEA dijo haber encontrado irregularidades en las votaciones.
La meta ahora es que una comisión del Senado apruebe el llamado a nuevos comicios para atender “esta demanda de elecciones en el menor tiempo posible, con un nuevo tribunal electoral con hombres y mujeres confiables”, dijo el presidente de la comisión que analiza las posibles convocatorias, el oficialista Oscar Ortiz. En caso de que se apruebe en comisión un proyecto unificado, luego sería considerado por el pleno del Senado y finalmente pasaría a la Cámara baja.
El Congreso analizaba anoche dos proyectos que apuntaban al mismo fin. Uno de Áñez, enviado anteayer, y el otro presentado por el Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera Evo y que cuenta con una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.
Oficialistas y oposición deberán ponerse de acuerdo sobre la fecha de elecciones y decidir si Evo puede postularse. Antes tendrán que nombrar a los siete magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un poder independiente en Bolivia, tras la destitución y captura de los antiguos jueces por la presunta manipulación de resultados a favor de Morales.
Desde su exilio, Evo insiste en haber sido víctima de un golpe de Estado tras perder el apoyo de las fuerzas militares y de la policía. También se reivindica como el presidente en funciones, ya que su dimisión el 10 de noviembre no fue todavía avalada por el Parlamento.
El gobierno de Áñez, que se juramentó el 12 de noviembre aduciendo el abandono de Evo de su cargo, lo acusa de instigar el cerco a las ciudades para cortar la distribución de alimentos.
Anteayer, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un video, con una voz que atribuyó a Evo, en el que el exmandatario daría instrucciones al respecto.
La represión de las protestas aumenta la rabia contra el gobierno de Áñez, que emitió un polémico decreto que liberó de responsabilidades penales a los militares que intentan imponer orden.
En tanto, en seis de los nueve departamentos de Bolivia hay bloqueos de rutas, lo que disparó el precio de los productos de la canasta familiar hasta un 200% en ciudades como La Paz.