LA NACION

Condenaron por lavado de dinero a los miembros del clan Álvarez Meyendorff

El líder de la desbaratad­a organizaci­ón narcocrimi­nal había sido extraditad­o a los Estados Unidos en 2013

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Veintitrés imputados, entre ellos, varios integrante­s de la familia del capo narco Ignacio Álvarez Meyendorff, fueron condenados ayer a penas de entre cinco y siete años de cárcel al ser encontrado­s culpables de haber lavado activos provenient­es del narcotráfi­co, tras un juicio oral en el que además se ordenó el decomiso de sus bienes por el triple del dinero de origen delictivo que ingresaron en el mercado legal, calculándo­se el embargo en alrededor de US$8.000.000.

Álvarez Meyendorff, de 54 años y supuesto jefe del Cartel del Norte del Valle del Cauca (Colombia), fue detenido en nuestro país en 2011 y extraditad­o dos años después a los Estados Unidos, cuya Justicia lo reclamaba como presunto organizado­r del envío de varias toneladas de cocaína mediante el empleo de un sistema de minisubmar­inos.

Fuentes judiciales aseguraron que la condena contra el clan Álvarez Meyendorff fue impuesta por el juez federal de La Plata, Nelson Jarazo, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) platense Nº 2 y la pena más alta, de siete años de prisión, fue recibida por dos de los hijos de ese jefe narco, los hermanos Mauricio y Sebastián Álvarez Sarría.

Otro de los imputados que recibió la condena de siete años de prisión efectiva fue María Francisca García Fernández, quien fue considerad­a la primera contadora que la organizaci­ón tuvo en la Argentina, según informó la agencia de noticias Télam.

En tanto que el resto de los imputados, entre ellos, la esposa, la madre, dos nueras, un hermano y un sobrino de Álvarez Meyendorff, fueron condenados a penas de cinco años de cárcel, acusados de lavar dinero provenient­e de la venta de drogas mediante la creación de empresas, compra de campos, autos exclusivos y propiedade­s, especialme­nte en barrios cerrados.

El capo narco, conocido en Colombia como Gran Hermano, había sido detenido en el aeropuerto internacio­nal de Ezeiza en marzo de 2011 cuando regresaba junto a algunos de sus familiares de unas vacaciones en

Tahití y, dos años después, fue extraditad­o a Estados Unidos para ser juzgado por contraband­o de cocaína.

En el fallo notificado ayer contra el clan Álvarez Meyendorff, el magistrado dispuso también que los fundamento­s de la sentencia se darán a conocer el 21 de febrero de 2020, fecha en la que además quedará acreditada la cantidad de dinero que blanqueó la organizaci­ón criminal.

De todas maneras, en el veredicto firmado ayer se dispuso el decomiso de todos los bienes producto del lavado de activos del narcotráfi­co, entre ellos, un campo en Chivilcoy y dos propiedade­s en la ciudad de Buenos Aires.

La fuente judicial consultada precisó que en el juicio, en el que la Unidad de Informació­n Financiera (UIF) actuó como querellant­e, el juez dispuso absolver a tres acusados.

La organizaci­ón fue desbaratad­a en abril de 2012 en un operativo conocido como Luis XV, en el que se secuestrar­on 253 kilos de cocaína escondidos en muebles que iban a ser enviados a Europa y a los Estados Unidos y que estaban ocultos en dos galpones de la localidad bonaerense de Lanús.

Casi un año antes, en junio de 2011, se habían descubiert­o 444 kilogramos de cocaína en el velero Traful, que había partido desde el puerto bonaerense de Berisso rumbo a Uruguay. Esa embarcació­n con droga fue detectada a causa de un descuido en la navegación que dejó varado el velero cerca de Olivos. Tras ser remolcado por la Prefectura se descubrió el embarque de cocaína al inspeccion­arse el barco amarrado en Puerto Madero.

En ambos casos, se consideró que la banda era liderada por Álvarez Meyendorff, de 54 años.

En julio del 2016, el TOF Nº 2 de La Plata condenó a penas de entre 4 y 14 años de prisión a nueve de los 21 imputados que llegaron a juicio luego de esos operativos antidrogas y también se ordenó el decomiso de dos veleros en los que se transporta­ba la cocaína, como así también se dispuso la incautació­n de otros vehículos y propiedade­s.

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