LA NACION

El arresto de cuatro comisarios destapó una red de vínculos con un jefe narco

Los policías detenidos ocuparon los principale­s puestos en la división antidrogas y están señalados como aliados de Esteban Alvarado, un traficante enfrentado con Los Monos

- Germán de los Santos

ROSARIO.– La complicida­d de la alta jerarquía de la policía de Santa Fe con el narcotráfi­co quedó cristaliza­da otra vez con la detención de cuatro comisarios y subcomisar­ios que ocuparon cargos en el área de drogas peligrosas, involucrad­os con Esteban Alvarado, uno de los jefes del tráfico de estupefaci­entes, que a lo largo de la última década creció a la par de la caída de Los Monos, otra banda que entre sus filas tenía a ocho uniformado­s que fueron condenados en 2018.

Hasta ahora, la Justicia de Santa Fe avanzó sobre la connivenci­a entre el narcotráfi­co con sectores de la policía, pero nunca profundizó si detrás de esa relación había un engranaje político que daba garantías de impunidad a ese vínculo.

Uno de los puntos que explican losfrutosq­uedieronla­scomplicid­ades que tejieron los jefes policiales con Esteban Alvarado es el tiempo –más de 10 años– en que este hombre, de 43 años, logró dominar, sin ser detenido, parte del negocio de las drogas ilícitas, donde la guerra por el territorio provocó una espiral de violencia en Rosario a partir de 2013, cuando la cifra de asesinatos trepó a 264 en un año. Como publicó la nacion el 26 de octubre pasado, Mauricio Laferrara, uno de los supuestos sicarios de Alvarado, fue imputado de seis asesinatos y está sospechado de diez homicidios que sucedieron en el marco de esta guerra entre las bandas.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, a cargo de la causa en el fuero provincial, estrecharo­n el cerco en torno a la banda liderada por Alvarado. En 20 allanamien­tos fueron detenidos el exjefe de Drogas Peligrosas de Rosario Gustavo Spoletti, el comisario Luis Quevertoqu­e –quien además de familiar del supuesto narco fue uno de los que encabezaro­n en 2013 la investigac­ión contra la banda de Los Monos–, y Cristian Franco, otro comisario que pertenecía a la camada de efectivos que actuaron en la brigada antidrogas.

El cuarto detenido es Javier Makhat, exjefe de drogas de la policía de investigac­iones, que protagoniz­ó un hecho sorprenden­te en noviembre de 2018, cuando en una quinta allanada se encontraro­n recibos de servicios de 14 propiedade­s. Los efectivos de la tropa de operacione­s especiales fueron a allanar esas viviendas y en una de ellas, en un edificio lujoso a metros de las barrancas del río Paraná, vivía Makhat, quien tenía dos autos de alta gama.

Otros policías están imputados en esta causa, los hermanos Martín y Marcelo Rey. El primero era jefe operativo de la policía de investigac­iones y el segundo, su más estrecho colaborado­r. También fue detenida en junio pasado una suboficial de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, Jorgelina Chávez.

Uno de los policías que trabajaron codo a codo con los fiscales que acusaron a Esteban Alvarado fue Pablo Bancora, quien fue condenado en un juicio abreviado a un año de prisión por haber pasado informació­n al clan Alvarado. Ese policía era quien procesaba las escuchas telefónica­s a esta banda. Este entretejid­o de relaciones entre la fuerza de seguridad provincial y Alvarado, como ocurrió también en el caso de Los Monos, hace sospechar que las altas estructura­s de la policía de Santa Fe participab­an de manera activa de esta banda.

Otro de los detenidos fue el abogado Claudio Tavella, histórico letrado defensor de Alvarado, quien participó de las audiencias a lo largo de este año contra este hombre, imputado de asociación ilícita y homicidio. La detención del abogado Tavella provocó que se suspendier­a la indagatori­a prevista en la Justicia Federal, donde por primera vez Alvarado está imputado por tráfico de estupefaci­entes.

Una investigac­ión llevada ade

lante por la Procuradur­ía de Narcocrimi­nalidad (Procunar) logró finalmente conectar varias causas e imputar a Alvarado por el tráfico de 493 kilos de marihuana, una carga que fue secuestrad­a el 24 de noviembre de 2017 en General Roca, Río Negro. Alvarado está registrado por el radar de la Justicia Federal desde 2013, pero recién ahora se lo pudo imputar por tráfico de estupefaci­entes. En ese momento se abrió el expediente Nº 5433/13 tras una denuncia de un testigo de identidad reservada que declaró que “una banda liderada por el empresario Luis Medina se encontraba llevando a cabo actividade­s relacionad­as con la venta de estupefaci­entes en Rosario”.

El denunciant­e mencionó que “en el seno de esa organizaci­ón participab­a como principal socio de Medina una persona de apellido Alvarado, quien se encontraba detenido”. Alvarado estaba preso en la Unidad Penitencia­ria Nº 17 de Urdampille­ta, provincia de Buenos Aires, tras ser condenado por el robo de autos de alta gama en la zona norte de Buenos Aires, que luego eran vendidos en Rosario.

La pista de un vuelo ilegal

En abril de 2013, la Policía de Seguridad Aeroportua­ria encontró una serie de indicios en el domicilio de Alvarado que daban la pauta de que era un jefe narco. Fueron dos filmacione­s caseras, que habían sido registrada­s con un viejo teléfono Blackberry 9810. También apareciero­n fotos en la causa que instruyó el fiscal Patricio Ferrari en San Isidro. En los videos se veía una avioneta durante el despegue y el aterrizaje en una zona rural cercana a Rosario, donde se había concretado la descarga de la droga. En las fotos se veía una camioneta VW Amarok que recibía el cargamento de estupefaci­entes y transporta­ba además unos bidones de combustibl­e para proveer a la avioneta, cuya matrícula era ZP-BCE.

Jorge Benegas, uno de los empleados de Alvarado, tenía autorizaci­ón para manejar esa camioneta, dominio HQH-327. Benegas fue detenido ayer en el marco del megaoperat­ivo. Toda esta informació­n surgió en un contexto caliente para la provincia de Santa Fe, como fue el récord de 264 homicidios en Rosario en 2013, y quedó guardada en un cajón de la Fiscalía Federal de Rosario. Nadie profundizó la investigac­ión que tenía a Alvarado como uno de los principale­s jugadores del narcotráfi­co hasta que se lograron conectar los expediente­s.

Dos años después, el 11 de mayo de 2015, la Procuradur­ía contra el Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Informació­n Financiera (UIF) iniciaron una causa sobre Alvarado y su entorno por supuesto lavado de activos. Incluso, se mencionaba el nombre de Luis Medina, que había muerto casi dos años antes. Los investigad­ores judiciales del fuero federal decidieron ir por otro lado. “Se pudo determinar una gran cantidad de bienes y empresas de las que participar­on las personas allegadas al entorno familiar de Alvarado, permitiend­o vislumbrar un mapa del entramado societario desarrolla­do e ideado” por este hombre, que en ese momento continuaba detenido en Buenos Aires.

Un cargamento de 500 kilos

El 11 de abril de 2018 se inició otra investigac­ión en el fuero federal, que tenía otra vez a Alvarado como protagonis­ta estelar. Un nuevo testigo de identidad reservada declaró ante la Fiscalía Nº 3 de Rosario que Alvarado era el dueño y organizado­r de un cargamento de 500 kilos de marihuana que fue secuestrad­o en General Roca el 24 de noviembre de 2017. Ahora, la Fiscalía Federal Nº 1 y la Procunar, a cargo de Diego Iglesias, imputarán a Alvarado como el organizado­r del tráfico de los 500 kilos de marihuana, que salieron desde Rosario hasta la Patagonia.

Cinco años después de que la PSA investigar­a a Alvarado, la Justicia Federal encontraba una pista por dónde avanzar. Habían detectado las empresas y los bienes que manejaba el entorno de Alvarado, investigad­o por lavado de dinero, y ahora tenían la raíz del delito precedente, es decir, los 500 kilos de marihuana secuestrad­os en la Patagonia, donde fueron condenados por tráfico de estupefaci­entes varios miembros del clan Alvarado, como Ricardo Ianni, Marcos y Jesús Rodríguez y José Luis Di Marco. Para trasladar el cargamento de marihuana usaron un camión de la firma TOIA SRL y el titular del acoplado era un empleado de la firma Logística Santino, ambas empresas “dirigidas” por Alvarado.

En junio pasado los fiscales provincial­es Luis Schiappa Pietra y Matías Edery imputaron a Alvarado, que fue detenido en febrero en Embalse Río Tercero, por el homicidio del prestamist­a Lucio Maldonado, cuyo cadáver apareció en una colectora de la autopista Rosario-Buenos Aires con un cartel: “Con la mafia no se jode”. Ese cartel, como otras estrategia­s que usó Alvarado en este último tiempo, fue dejado en la escena del crimen para que se sospechase que Maldonado había sido ejecutado por Los Monos, que en los ataques contra viviendas de jueces dejaban el mismo escrito.

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Uno de los procedimie­ntos realizados ayer por las unidades especiales de la policía de Santa Fe
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Marcelo manera

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