Precios con vida propia fuera de las góndolas

Mauricio Macri quiso, pero no supo ni pudo combatir la inflación que había prometido bajar a un dígito cuando concluyera su mandato. Dentro de 17 días, dejará como herencia una tasa anual que prácticamente duplica la recibida al asumir en diciembre de 2015 (29%, depurada de los dibujos estadísticos del trío Cristina Kirchner-guillermo Morenoaxel Kicillof) y coloca a la Argentina en el indeseable podio mundial, detrás de Venezuela y Zimbabwe. También con 40% de pobreza y una desvalorización del peso de 77% acumulada en cuatro años.

Como atenuante, el Presidente podría argumentar que la corrida cambiaria disparada por el triunfo de Alberto Fernández en las PASO interrumpió en agosto una desaceleración, lograda a base de altas tasas de interés, caída de reservas (prestadas) y congelamiento de tarifas desde abril. Pero no sería demasiado relevante, si se considera que perseguía el modesto objetivo de llegar a diciembre con una tasa de 2% mensual, equivalente a casi 27% anualizada. Al finalizar su gestión, el índice de precios habrá acumulado un alza no inferior a 280%.

Que el gobierno de Macri haya fracasado con la inflación, no significa necesariamente que su sucesor esté condenado al éxito, como diría Eduardo Duhalde. Por lo pronto, el prematuro anuncio de Alberto F. de apuntar a un acuerdo de precios y salarios impulsó una oleada de remarcaciones preventivas, que no se detuvo pese a la retracción del consumo. Y las últimas versiones sobre un probable aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, por decreto y suma fija, tampoco ayudan a mejorar las expectativas hasta que no se conozca la política económica del próximo gobierno. O, al menos, el equipo que estará a cargo de su diseño y puesta en marcha, cuya composición y orientación sigue rodeada de rumores contrapuestos.

Para cortar la inercia inflacionaria, no es lo mismo un acuerdo que sea el complemento de un programa macro consistente (en materia fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos), que un simple sustituto para ganar tiempo y, junto con mayor emisión, provocar un “veranito” de consumo. Esta incógnita sólo es superada por la que envuelve a la renegociación de la deuda –en pesos y dólares– a partir del 10 de diciembre, que evite recaer en otro default.

Por las dudas, todos los eslabones de cada cadena buscan extremar los márgenes para cubrirse de sorpresas con los costos, aunque vendan menos. Si crecen los stocks, las industrias y supermercados ofrecen bonificaciones o descuentos de 35 a 50% para reducirlos; pero no cambian los precios previamente aumentados en las listas y en las góndolas, que son los que capta el Indec. Muchos aplican ajustes relativamente pequeños, pero más frecuentes (hasta dos veces por mes). Otros están virtualmente dolarizados. Una prueba es que en los últimos 12 meses los productos nacionales acumularon un alza (de 46,5%) no muy alejada de los productos importados (53%), según el índice de precios mayoristas de octubre.

Aunque esta tendencia no es nueva, la brecha de precios entre productores y consumidores se amplió nominalmente en los últimos meses debido a la mayor inflación, que cerrará 2019 en torno de 55/58% anual a nivel minorista. Con un alza de esta magnitud, cualquier medición tiende a converger.

Por caso, la canasta fija de 30 productos de consumo masivo (alimentos, bebidas y productos de limpieza) que desde hace años sigue esta columna en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados, muestra un alza acumulada de 50,8% en lo que va del año. El ticket de compra pasó de $4072 en diciembre de 2018 a $6142 en la tercera semana de noviembre.

Aquí el dato saliente es la disparidad de los aumentos, que alcanzan a los tres dígitos para queso en barra (117,8%); postre lácteo dietético (106%) y bananas (133%), en este último caso atribuibles al corte de importaciones desde Ecuador vía Chile. En el otro extremo se ubican rubros como jamón cocido (7,1%); supremas de pollo (9,5%); fideos guiseros (26,7%); azúcar (32%); pan francés (40%) y milanesa cuadrada (44%). Pero entre ambos, hay otros ocho productos (yerba, gaseosas de primera marca, agua mineral, amargo serrano, detergente cremoso, suavizante de ropa, pimientos y berenjenas) con alzas superiores al del dólar minorista, que en el mismo período subió 57% (incluyendo la cotización del blue desde fin del mes pasado). O sea que aumentaron en dólares.

Sin embargo, a raíz de la caída del consumo y una demanda más selectiva, muchos precios adquirieron vida propia. En las góndolas de los supermercados son más altos que en las cajas según el día de compra. Las remarcaciones coexisten con descuentos generales fijos (para jubilados, tarjetas, etc.) y con ofertas puntuales por cantidad, que en algunos casos se están extendiendo a una semana. También hay diferencias de precios de

10 a 30% para una misma marca en distintas cadenas e incluso de hasta 43% en variedades de una misma marca, como el caso de fideos guiseros, a $53,50 y $77 el paquete. Una gaseosa de primera marca reemplazó su tradicional envase de 1,5 litro por otros dos (con 250 ml más y 250 ml menos) y el precio por litro tiene una diferencia de

7,4% a favor del primero. Todo esto hace casi imposible conocer el precio final de un producto, pero es la consecuencia de 12 años de inflación de dos dígitos y en ascenso.

En este marco, que después de casi un año de virtual receso, Diputados haya votado la media sanción de la ley de Góndolas, demuestra la vocación de los políticos por atacar los efectos y no las causas de los problemas. No sólo porque los supermercados representan el 30% de las ventas de productos de consumo masivo, sino porque el Estado reemplazará a los consumidores en la elección de marcas y la regulación de la oferta sólo en ese segmento.

Según un estudio de Nielsen, en la Argentina los supermercados cuentan con más de 25 proveedores en el rubro fideos; 14 en arroz; 23 en yerba; 47 en champúes y 23 en desodorantes. Es cierto que hay firmas con posición dominante en determinados sectores (lácteos, cervezas, dulces), pero también que esa regulación depende de Defensa de la Competencia. Además, no todas las pymes están en condiciones de garantizar una escala de producción, logística, distribución y reposición propia que evite problemas de abastecimiento y mayores costos.

La defensa al proyecto de Elisa Carrió recuerda al segundo peronismo, cuando se culpaba a los almaceneros por la incipiente inflación de aquella época. Una reivindicación tardía. Pero su actual acusación a los supermercados tampoco tiene sustento, si se considera que las cadenas extranjeras operan en una mayoría de países con inflación de un dígito y compiten aquí con las locales en igualdad de condiciones.

Sería mejor que los diputados se ocuparan de políticas para bajar la inflación y reducir la carga impositiva sobre los precios (que alienta la competencia desleal de los autoservicios y comercios que no facturan y evaden), cuando arranque el debate por el Presupuesto 2020. Los problemas macroeconómicos no se resuelven con la microeconomía.

Una prueba es que, desde noviembre de 2015 hasta esta semana, el ticket de la canasta de 30 productos pasó de $ 1709 a $ 6142, con una suba acumulada de casi 260%, que difícilmente podría atribuirse a la perversidad de productores y comerciantes. Solo un rubro exhibe una variación de dos dígitos: el modesto zapallito redondo, con 54%.