Alberto Fernández, en vísperas de jornadas decisivas
El enigma de cómo será el nuevo gobierno se develará pronto; los próximos 100 días podrían determinar el destino de la próxima década
Una ley de emergencia económica requiere de una mayoría simple
Cristina Kirchner parece estar consolidando un superbloque de senadores de 41 miembros
Mirada en perspectiva, esta coyuntura es probablemente la más compleja de todas las que debió atravesar Alberto Fernández desde su designación como candidato a presidente, en aquel hoy lejanísimo 18 de mayo. Esa jugada a la postre brillante de Cristina generó al principio una mezcla de conmoción y sorpresa. De a poco, la fórmula se fue instalando y el exjefe de Gabinete (un político sin territorio y con dilatada experiencia electoral, aunque como ladero y operador más que como protagonista) se fue consolidando en su nuevo rol para volver a conmocionar y sorprender la noche de las elecciones primarias. A partir de aquel inusual 11 de agosto, Alberto Fernández adquirió simbólica y políticamente más atributos de presidente de los que nadie había imaginado. Paradójicamente, esa aura se fue desgastando desde la noche del 27 de octubre, cuando efectivamente ganó las elecciones presidenciales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los mecanismos que explican esa temprana erosión? ¿Continuarán luego de que asuma la presidencia? ¿Qué responsabilidad tuvo Cristina en este proceso?
En su nuevo rol de presidente electo, Fernández debe administrar (y gradualmente responder a) las crecientes expectativas, dudas y presiones que surgen en su propia –y muy heterogénea– coalición. Asimismo, la sociedad en su conjunto observa, pondera y opina respecto de sus actos (en especial, declaraciones y entrevistas periodísticas). También desde el exterior, fundamentalmente los mercados, siguen con una combinación de interés y escepticismo los devaneos en torno a las definiciones que se demoran. Menos de dos semanas antes de asumir, ignoramos no solo los nombres de los eventuales responsables de la política económica: tampoco se conocen los objetivos centrales de la nueva administración, ni los mecanismos o instrumentos específicos con los que planifica alcanzarlos.
Un viejo político argentino alguna vez afirmó que existen dos momentos en los que aflora lo peor de los seres humanos: en el armado de las listas de candidatos para una contienda electoral y en la designación de cargos en el Ejecutivo cuando se inicia una nueva administración. En ambos casos se produce el mismo desequilibrio aritmético: sobran personas y faltan vacantes. Es decir, como en el baile de la silla, hay más interesados que lugares disponibles. Este podría ser uno de los motivos por los cuales Fernández posterga las designaciones o evita pronunciarse respecto de quiénes formarán parte de su equipo: para evitar enojos prematuros entre los que queden afuera y puedan desgastar a los designados.
Lo más importante, no obstante, es que mientras el debate público se focaliza en los “quiénes”, carecemos de insumos mínimos para identificar los “qué” y los “cómo”. Hubo algunas insinuaciones durante la campaña, pero esas promesas, hechas a medida de las necesidades de marketing electoral del candidato, no pueden tomarse demasiado en serio. Una cosa es ganar elecciones y otra totalmente diferente es gobernar. El desafío de diseñar, implementar y ajustar políticas públicas requiere competencias y recursos bastante más sofisticados que los que se necesitan para replicar eslóganes ya utilizados en otras latitudes (como el “Sí se puede”, tomado de la campaña de Barack Obama de 2008).
La caja de las herramientas que espera utilizar el próximo presidente puede traer alguna polémica. Todo indica que, una vez más, el Congreso delegará en el Poder Ejecutivo un conjunto de facultades por ahora imprecisas para enfrentar las urgencias de la crisis. Como ocurrió durante la década menemista y desde 2002 hasta 2017, quereconocidos dará más fortalecido el tradicional hiperpresidencialismo argentino con una nueva ley de emergencia económica. Conviene ser prudente hasta que se conozcan sus detalles específicos, pero la experiencia sugiere que incluirá, entre otras, la posibilidad de renegociar contratos, tarifas de servicios públicos y otros aspectos críticos que comprometan las finanzas públicas, con el riesgo que esto siempre implica en términos de derechos de propiedad. Muy cerca del presidente electo estuvieron revisando la jurisprudencia y la legislación comparada en la materia y han realizado consultas con expertos en derecho administrativo y constitucional.
Dicha ley requiere de una mayoría simple, lo cual en principio no implicaría inconvenientes, considerando la dinámica política que se viene generando en el Congreso. En este sentido, como informó Laura Serra días pasados en la nacion,
CFK parece estar consolidando un superbloque de senadores de 41 miembros, mientras que en Diputados su hijo Máximo contará con la colaboración de varios bloques provinciales (Misiones, Santiago del Estero, Río Negro, incluso potencialmente Córdoba), para alcanzar
quorum sin necesidad de negociar con Juntos por el Cambio. Esta capacidad de influencia de la familia Kirchner en el Poder Legislativo tiene alguna connotación irónica: cuando Cristina ocupó el sillón de Rivadavia, desplegó un estilo de conducción cuasi monárquico, reduciendo al Parlamento a un papel secundario. Tanto, que el folclore local lo bautizó como una “escribanía” que solo refrendaba las iniciativas del Ejecutivo. Lo cierto es que el Congreso tuvo un papel no tan pasivo y a menudo leyes que se aprobaban de acuerdo con las órdenes que bajaban de la Casa Rosada no llegaban a tener efectos prácticos. Fue el caso, por ejemplo, de la famosa “democratización de la Justicia”, atrapada en un pantano de medidas cautelares y fallos adversos por inconstitucionalidad.
Lo que parecía que iba a implicar un redescubrimiento tardío de las formas republicanas de gobierno por parte de los Kirchner (la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos requiere de un Congreso fuerte y autónomo respecto del Poder Ejecutivo) podría quedar amortiguado por una eventual ley de emergencia económica, cuya aprobación parece descontada gracias a la notable influencia que esa familia está logrando en ambas cámaras. La paradoja no termina ahí: no debe descartarse que muchos defensores del republicanismo duden en condenar una nueva acumulación de facultades legislativas por parte del próximo presidente por el mero hecho de que esto implicaría, al menos en principio, mayor autonomía relativa respecto de CFK.
En consecuencia, se ha configurado un escenario peculiar en el que el presidente electo se encuentra en una situación de debilidad momentánea: todavía no cuenta con “la lapicera”, aún no goza de la inercia del poder que tendrá cuando ya esté instalado en Balcarce 50. El enigma que implica el verdadero estilo de gobierno de Alberto Fernández se habrá de develar a partir del próximo 10 de diciembre. La lógica ansiedad nos lleva a querer ya mismo precisiones respecto de esos qué, esos cómo y esos quiénes. No falta mucho: los nombres aparecerán en estos próximos días y ya con el discurso de asunción podremos empezar a vislumbrar el rumbo en algunas cuestiones cruciales como la política económica, en especial la cuestión de la deuda, la política de seguridad y la política exterior (incluido el futuro del abatido Mercosur). Nos esperan jornadas decisivas: los próximos 100 días podrían determinar el destino de la próxima década. La pasada la desperdiciamos. No podemos darnos el lujo de repetir el mismo desastre.