Vidas sin grietas

Las futuras autoridades deberían evitar que se ahonden las divisiones con temas como la legalización del aborto y abocarse a construir realidades superadoras

No es serio ni cierto dar por supuesto que instaurando el aborto legal se terminará con la falta de educación, la pobreza o las muertes maternas

Nadie puede ignorar que la vida es la precondición de la libertad y que es obligación del Estado proteger a los más débiles, que no son otros que los niños y las niñas por nacer

En lugar de continuar profundizando la grieta, los argentinos debemos abocarnos a la gestación de políticas para prevenir embarazos no deseados, educando para ello

Debe lamentarse que, cuando faltan tan pocos días para la asunción de nuevas autoridades nacionales, un funcionario haya vuelto a alimentar uno de los debates que más dividen a los argentinos, como el de la legalización del aborto, con una medida desacertada, además de inconsulta e inoportuna.

Lo mismo puede decirse del apuro que ahora manifiesta el presidente electo, Alberto Fernández, para impulsar la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Especialmente, cuando allá por mayo de este año, poco después de haber sido ungido precandidato presidencial, exhibía posiciones más moderadas, al reconocer que era “un tema que parte a la Argentina en dos” y se declaraba partidario de no ahondar la grieta que divide a la sociedad.

El mismo apresuramiento es mostrado por el equipo de trabajo del gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, que buscaría aprobar en la provincia un protocolo para la aplicación de la interrupción legal del embarazo.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades desde esta columna editorial, ninguna reforma legal que involucre vidas humanas puede adoptarse a la ligera, sin un debate serio y maduro, que contemple las diferentes posiciones y enfoques de un problema que debe preocuparnos a todos, como el de los embarazos no deseados, cuya solución nunca puede ser la muerte de la persona por nacer.

La última controversia se desató a partir de la resolución firmada por el exsecretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, publicada en el Boletín Oficial el 20 del actual, que aprobaba el llamado “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Tal resolución fue derogada 48 horas después por un decreto del presidente Mauricio Macri, en cuyos fundamentos se señaló que aquella medida había sido dictada “sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”. Se indicó en el decreto presidencial que de la elaboración del protocolo no participaron los organismos naturalmente involucrados. Ante la inobservancia de los trámites y formalidades que deben cumplirse antes de emitir la voluntad administrativa, fue considerada de nulidad absoluta la resolución del secretario de Salud, quien, conocida la derogación de su desafortunada medida, presentó su renuncia.

Independientemente de la necesidad de que cuestiones tan delicadas sean objeto de un serio debate y no de una decisión unilateral, inconsulta e intempestiva de un funcionario, resulta relevante poner de manifiesto que el protocolo propuesto por la impugnada resolución ministerial contenía graves vicios, por cuanto, a juicio de distintos especialistas, violentaba derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

En tal sentido, tergiversaba el propio Código Penal, que en su articulado dispone que no será punible el aborto realizado por un médico diplomado “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Sin embargo, tanto en la resolución como en el protocolo que impulsaba Rubinstein, en todas las menciones de esta causal del aborto, se omite livianamente consignar que el “peligro” para la vida o la salud de la madre debe ser previamente “evitado por otros medios”, direccionando la conducta del médico y habilitando incluso la práctica abortiva hasta el final del embarazo. Esta frase del Código Penal es clave, por cuanto da cuenta de que el aborto es claramente un último recurso y que deben extremarse todos los recaudos para salvar las dos vidas, antes de forzar la interrupción del embarazo.

El proyectado protocolo también ignoraba esa condición cuando señalaba que la causal vinculada a la salud de la madre “no requiere la constatación de una enfermedad” y que “no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada”, sino que “bastará con la potencialidad de afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto”.

Resulta también deplorable que el protocolo ahora derogado invocara como su fundamento la ley de salud sexual y procreación responsable, cuando esta norma excluye expresamente los “métodos” abortivos.

Muchos otros son los cuestionamientos que pueden formulársele al protocolo que se proyectaba. Por un lado, la interpretación de la causal sobre la salud conduce, en los hechos, a un aborto a demanda, dado que la afectación de la salud de la mujer embarazada no se mide objetivamente, sino desde la subjetividad de la requirente. Por el otro, los plazos que fijaba imponían una cuestionable premura por abortar, para lo cual también retaceaba información para el consentimiento de la paciente, habilitando el uso de ciertos medicamentos no autorizados e invisibilizando a partir del uso de eufemismos a la persona por nacer.

Al mismo tiempo, la resolución reconocía la objeción de conciencia para los médicos de manera muy restrictiva y solo a título individual. En efecto, consideraba que la objeción es “individual” y “nunca puede ser institucional”, de tal modo que los servicios de salud deben garantizar las prácticas que el objetor se niega a realizar de manera expresa, lo cual representaría una violación del derecho a la libertad de asociación y a la libertad de conciencia, pensamiento, religión y culto. Tampoco contemplaba la eventual objeción de quienes realizan actos que puedan resultar necesarios para la práctica del aborto y que podrían estar cooperando con una acción contraria a la vida de la persona por nacer.

Finalmente, el protocolo impulsado por el exsecretario de Salud también desarrollaba una interpretación amplia en los casos de embarazo provenientes “de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, entendiendo que esta causal, siguiendo el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, incluye todo caso de violación.

No se trata de desconocer que detrás de este debate hay un doloroso problema, como el derivado de las muertes de quienes se someten a abortos clandestinos, ciertamente en número muy inferior al que se pretende falsamente instalar. Pero tampoco puede alguien ignorar que la vida es la precondición de la libertad y que es obligación del Estado proteger a los más débiles, que no son otros que los niños y las niñas por nacer.

Resulta sorprendente la premura del exfuncionario, al igual que la del presidente electo, por avanzar sobre un tema acerca del cual el Congreso de la Nación se pronunció en contra en agosto de 2018, a la hora de tratar el proyecto de legalización del aborto. “Los argentinos deben dejar de hablar de la grieta y trabajar juntos”, afirmaba Fernández en campaña, promoviendo acertadamente la importancia del respeto entre todos. En lugar de continuar profundizándola, los argentinos debemos abocarnos a la gestación de políticas que permitan generar las mejores condiciones a fin de prevenir embarazos no deseados, educando también debidamente para ello, y acoger amorosamente a todos los niños, ejerciendo una activa defensa de la vida que atienda satisfactoriamente todas las realidades.