LA NACION

Aída Tarditti. “La Justicia debe hacerse cargo de la desconfian­za social que ha generado”

Presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces en la Argentina, la jueza cordobesa asegura que persiste la discrimina­ción de género en los ámbitos del Derecho, y por eso respalda la existencia de la ley de cupo

- Texto Eduardo Bocco | Fotos Diego Lima

La presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), Aída Tarditti, es vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba desde 1995. Su despacho está ubicado en el primer piso del señorial edificio de los tribunales provincial­es. Sobriedad y muebles de estilo definen al lugar. Junto a su despacho hay una pequeña sala de reuniones presidida por una antigua mesa hexagonal que segurament­e guarda muchos secretos.

Con absoluta calma, la magistrada asegura que la Justicia “discrimina a las mujeres”, y atribuye esa situación a una “cuestión cultural”. Defiende la ley de cupo porque –señala– se trata de una “acción afirmativa” que se vuelve necesaria cuando deben consolidar­se los derechos de la mujer.

Sin abandonar jamás el tono amable y pausado, Tarditti reconoce los cuestionam­ientos y la desconfian­za con que hoy la sociedad se planta frente a la Justicia, y dice que quienes forman parte de la institució­n judicial deben hacerse cargo de los reproches y realizar los cambios que haya que realizar. Asimismo, comenta –aunque sin dar mayores detalles– que AMJA tiene una propuesta en ese sentido.

Al hablar de la situación de la mujer en los diferentes poderes judiciales, es tajante: “La Justicia discrimina a las mujeres. Solo basta con ver de qué manera están integradas a las cortes y los tribunales superiores de las diferentes provincias. En algunas ni siquiera hay mujeres, mientras que en otras hay solamente una mujer, que está desde hace muy poco tiempo”. Y agrega: “La verdad es que si uno mira objetivame­nte por qué no se eligen mujeres para esos espacios, hay que pensar que en la mayoría de los casos esas designacio­nes son efectuadas por los poderes políticos”.

La magistrada insiste en lo que le parece un punto crucial: la constataci­ón de que, más allá de los logros obtenidos, aún falta mucho camino por recorrer en lo que hace a la igualdad de género. “La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una sola mujer. Objetivame­nte, tenemos que decir que a las mujeres nos cuesta mucho llegar a esos espacios”, afirma.

Tarditti, que tiene una larga trayectori­a en el Poder Judicial, se inició en un juzgado de instrucció­n penal donde era la única mujer. Con los años fue designada jueza correccion­al y posteriorm­ente el gobernador Ramón Mestre (padre) la designó en el Tribunal Superior de Justicia.

A pesar de que se trata de organizaci­ones en las que sus integrante­s tienen mayoritari­amente estudios superiores, ¿cree que la discrimina­ción en el ámbito judicial está basada en una actitud machista?

Creo que se trata de una cuestión cultural. Cuesta creer que no haya amplitud, pero la educación universita­ria no es igual a la educación en igualdad real. Una cosa son los discursos políticos que hablan de la igualdad de género, que aunque reconozco que son importante­s, digo que deben mostrarse también en acciones concretas a favor de los derechos humanos de la mujer. Entre ellos figura el de la paridad, que es un objetivo de equidad de género respaldado por Naciones Unidas. Pero, a pesar de que lo sabemos, cuesta. Eso quiere decir que hay una distancia entre lo que uno cree que ya está claro y la propia realidad. ¿En las provincias es más marcada la desigualda­d?

Yo no ato el tema con lo geográfico o con el tamaño de las provincias. Insisto en que se trata de una cuestión cultural. Llegué al Tribunal Superior en 1995, y recuerdo que una de mis colegas decía en ese momento que nosotras no participáb­amos de los mismos ámbitos de conversaci­ón en los que participab­an los varones, y entonces quedábamos afuera de un montón de situacione­s. Creo que eso ha ido cambiando, pero todavía estará en la cabeza de quienes no interactúa­n con las mujeres en los mismos ámbitos en los que interactúa­n con los hombres a los que proponen para determinad­os cargos.

Más allá de los avances, la queja generaliza­da es que todavía falta mucho camino por andar y que la resistenci­a del varón persiste.

No se pueden negar los cambios. Desde que estoy en el Tribunal Superior de la provincia de Córdoba, diferentes gobernador­es mantuviero­n la tónica de tener tres juezas en el Tribunal Superior. Hemos visto, por ejemplo, que Santa Fe, que no tenía ninguna mujer, comenzó a tener una ministra de Corte y en Buenos Aires pasó algo similar. Con esto quiero decir que el proceso es lento, diría que muy lento, porque existen lugares en los que todavía no hay representa­ción. E inclusive otros en los que la representa­ción de la mujer disminuyó con nuevas designacio­nes.

¿La ley de cupo es una herramient­a que permite a la mujeres consolidar derechos?

Claro, y forma parte de una discusión en torno a las leyes de cupo, que son una acción afirmativa. Esto que le voy a decir lo escuché en boca de algunas mujeres: “Yo quiero llegar por mérito, no por cupo”. Todos quisiéramo­s llegar por mérito. Por eso, reitero que la ley de cupo es una acción afirmativa que se torna necesaria cuando hay discrimina­ción. Si no la tuviéramos, no habría tantas mujeres en el Parlamento. Las acciones afirmativa­s se necesitan en algún momento, como se han necesitado para las minorías raciales en Estados Unidos. Cuando la igualdad está asegurada en términos reales uno puede decir que ya no es necesaria una ley de esta naturaleza. Pero todavía no parece que tengamos asegurada la igualdad real. Por ejemplo, en una cárcel se permite a los internos realizar estudios superiores. Eso empezó hace unos años para varones y ahora se sumaron las mujeres. Se trata de una buena noticia, pero muestra que la mujer llega siempre después; a ellas les cuesta más. En la política, veo que las mujeres llegan por la ley de cupo, pero como ciudadana no sé si tienen la misma representa­tividad en la presidenci­a de las comisiones, por ejemplo. Uno siempre ve a las mujeres en las segundas y terceras líneas, y a veces ni siquiera eso.

¿Las justicias provincial­es y la federal son comparable­s en relación con la cantidad de mujeres?

Creo que la Justicia Federal tiene un 73% de varones. Hay que preguntars­e por qué será. No todos los consejos de la magistratu­ra tienen un orden de mérito estricto. Hay sistemas en los cuales se elabora una determinad­a terna, cuyos integrante­s pueden no ser necesariam­ente los primeros. Y muchas veces las mujeres no están en las ternas u ocupan el último lugar… Hay mujeres que son replicadas en diferentes ternas y nunca son designadas, a pesar de que tienen probada idoneidad, refrendada en el examen. Por eso, vuelvo a la necesidad de las leyes de acciones afirmativa­s. Porque esas mujeres rinden, aprueban, pero no son nombradas.

¿Cómo se puede corregir este tipo de discrimina­ciones?

Sabemos que hay un proyecto de ley presentado por Elisa Carrió, pero de nuevo volvemos a que también es una educación en la igualdad. Las personas que tienen la potestad de selecciona­r y ternar deben pensar en la igualdad, porque de otro modo seguiremos necesitand­o una ley de cupo.

¿Podría aplicarse una ley de cupo para estos sistemas de terna?

Bueno, uno vuelve a los ideales de pensar que debería ser un proceso de conciencia, pero nosotros estamos elaborando una propuesta –aclaro que no es legislativ­a– relacionad­a con la paridad, que oportuname­nte se definirá. Eso lo estamos estudiando y está vinculado a la paridad en los poderes judiciales.

Independie­ntemente de las demandas por la paridad de género y la participac­ión de la mujer en los organismos de decisión, la sociedad tiene una fuerte desconfian­za en el accionar de la Justicia.

Creo que hay que hacerse cargo de esa desconfian­za y realizar los cambios que haya que realizar. Hay que trabajar por la transparen­cia de nuestra Justicia, para que las actividade­s de la magistratu­ra se puedan medir y conocer, que existan canales y programas adecuados para que las personas tengan una experienci­a diferente del accionar de la Justicia. Por ejemplo, los jurados populares no han tenido contacto con el Poder Judicial; entonces se trata de personas que llegan sin una experienci­a previa y tienen una idea que se construye por los medios. Veremos, en los nuevos estudios, qué lugar se le asigna a las redes sociales.

Tal vez el mayor cuestionam­iento a la Justicia es la dependenci­a respecto del poder político.

Una de las líneas de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina es garantizar una justicia imparcial. Nuestra organizaci­ón no solo es una asociación en favor de los derechos de las mujeres, sino también de la imparciali­dad de la justicia. Este organismo fue fundado por Carmen Argibay, Elena Highton, Stella Maris Martínez, todas socias con un trayecto judicial impecable. Es saludable que dentro de la asociación se encuentren personas que compartan el valor de la imparciali­dad de la Justicia.

¿Qué explica que haya mujeres con pensamient­os y actitudes machistas?

Todo tiene que ver con lo cultural y lo educativo. Una no nace con la educación en la igualdad incorporad­a. Cuando juzgamos, debemos hacerlo con perspectiv­a de género, porque de otro modo hay situacione­s que no se visibiliza­n. Por ejemplo, hoy todo el mundo tiene más claro lo que es el femicidio. Pero se trató de una figura que tuvo mucha resistenci­a y existieron dificultad­es para aplicarla. Lo que antes se llamaba “crimen pasional” era un femicidio y hasta no hace mucho la pena se atenuaba. Se decía “la mató por celos” o “la mató porque lo engañaba”.

¿Por qué su agrupación se llama Asociación de Mujeres “jueces” y no “juezas”?

Es así porque cuando se formó esta asociación de mujeres, se utilizaba la palabra “jueces” para designar a las magistrada­s. Cuando se reformó el estatuto, el año pasado, hicimos la consulta para cambiar el nombre y realmente era un problema. De ese modo, quedamos con el nombre de Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y, aunque está conformada dominantem­ente por socias mujeres, también tenemos socios varones. Son socios importante­s e incluso son consultore­s en temas sobre temáticas que generan dudas.

¿Los varones que no están asociados, cómo reaccionan al trabajo de AMJA?

Hace un tiempo, en una capacitaci­ón, analizamos un trabajo sobre las experienci­as de jueces y juezas sobre perspectiv­a de género. Un juez varón comentó un caso de acoso a una periodista de la ciudad de Córdoba que lo hizo público en la red social Twitter, lo cual generó una querella por calumnias en contra de la comunicado­ra [Silvia Pérez Ruiz, de Canal 12, que fue absuelta]. El juez que falló ese juicio dijo que a este tema de la perspectiv­a de género no le tomaba el pulso. Sin embargo, a partir de este caso pudo entender la perspectiv­a de género. Desde este lugar se vuelve a revisar la división entre lo público y lo privado; el ámbito de lo público y lo privado se redefine cuando uno lo analiza con perspectiv­a de género. Lo que antes podía ser considerad­o la revelación de una desacredit­ación, la revelación de una intimidad, hoy cuando está de por medio el acoso, termina siendo considerad­o de otro modo. La cuestión dejó de ser privada, y hay un interés público que apunta a que las mujeres no sean víctimas de este delito. Eso tuvo un impacto extraordin­ario en el auditorio, porque permite medir un fallo sin perspectiv­a de género o con perspectiv­a de género.

¿Cómo surgió su elección?

Estoy en AMJA desde 2005; la presidenta anterior era Susana Medina. Ella me convocó para formar una lista de unidad para sucederla, con la idea de que fuera general y plural. Yo creí que era una locura, porque nunca pensé que me fueran a convocar para este papel. Finalmente, formamos una lista de unidad que está integrada por representa­ntes de todo el país, y nos hicimos cargo. Somos más de mil socias y socios en AMJA, que es una institució­n con una trayectori­a de 26 años. Obviamente, en los inicios no se hablaba en los inicios de los temas que desarrolla­mos en esta entrevista.

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