Cómo será la emergencia económica

Se vienen medidas de excepción

Varios proyectos de ley buscan establecer políticas de excepción, justificadas por la crisis, para determinados sectores o grupos sociales; cuáles son y qué implicaría su aprobación

El gobierno que asumirá se encontrará con un Congreso al que no pocos de sus partidarios llevaron el debate sobre políticas de excepción por la crisis; situación laboral, pymes, tarifas, créditos, nutrición, acceso a medicamentos, industria textil y mercado aerocomercial, entre los temas incluidos

El gobierno del presidente electo Alberto Fernández se encontrará en el Congreso con un paquete de proyectos de ley que se presentaron en los últimos meses y que pretenden dar cuenta prácticamente de una sociedad en estado de “emergencia total”. Se trata de una serie de iniciativas que se proponen dictar la emergencia en materia laboral, de las pymes, tarifaria, crediticia, automotriz, nutricional, farmacológica, aerocomercial y textil, solo por mencionar las que tienen contenido económico.

Esas iniciativas proponen medidas de excepción como, por ejemplo, el congelamiento de tarifas, la prohibición de despidos, la eximición del pago del IVA y otros impuestos, otros beneficios tributarios, partidas presupuestarias extras. Lo sugestivo es que todos los proyectos son impulsados por diputados y senadores que, dentro de 10 días, formarán parte del nuevo oficialismo, mientras que hoy están aún en la oposición.

El empleo y las pymes

A pedido de la CGT y la CTA, los “dipusindicalistas” le dieron dictamen en julio a un proyecto de declaración de emergencia ocupacional, con prohibición de despidos. Ya habían logrado avanzar antes con esa iniciativa: en 2016 el texto llegó a ser sancionado, pero fue vetado por el presidente Mauricio Macri. El despacho de comisión –que está a la espera de ser tratado por el Congreso, que en su nueva conformación tendrá una nutrida representación gremial, ya que habrá 14 diputados y 4 senadores que son dirigentes sindicales– tomó como base textos presentados por la diputada Vanesa Siley (FPV y del sindicato de judiciales) y el pejotista José Luis Gioja.

El proyecto busca fijar la emergencia pública en materia laboral por 180 días desde el 19 de junio pasado, día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de desempleo del primer trimestre había superado los dos dígitos, después de 12 años, al llegar a 10,1%. También prevé prohibir los despidos y suspensiones sin justa causa y, en caso de ocurrir, que los trabajadores puedan optar entre dos caminos: convalidarlos y acogerse al beneficio de la doble indemnización, o exigir la reinstalación en el puesto y el cobro de los salarios caídos.

En un principio, la propuesta de la comisión exceptuaba de esta emergencia a las pymes, pero eso fue modificado a instancias de la propia Siley. Las pequeñas y medianas empresas que acrediten la necesidad de reducir su nómina por razones económicas podrían solicitar al Poder Ejecutivo una compensación para sostener las fuentes de trabajo.

Castigado por la crisis, el sector de las pymes tiene pendiente el debate por la declaración de su propia ley de emergencia por 180 días –como impulsan los diputados Agustín Rossi (FPV) y Andrés Zottos (PJ Salta)–, o bien por 365 días o hasta el 31 de diciembre de 2020, prorrogable automáticamente hasta que la tasa de desocupación sea a menor a 10% –según propician los senadores Adolfo Rodríguez Saá (PJ San Luis) y Ana María Ianni (FPV), respectivamente–.

Estas propuestas impulsan suspender los embargos y ejecuciones de la AFIP, compensar los saldos derivados de IVA con otras obligaciones tributarias, reducir el pago anticipado de Ganancias, suspender el impuesto al cheque, eximir del cobro de IVA e Ingresos Brutos a las boletas de luz, agua y gas, fijar líneas de crédito productivas con tasas preferenciales, relanzar los Repro Pyme Express y asignar cargas sociales diferenciadas por zona, en consonancia con los reclamos de la CAME, la UIA, Industriales Pymes Argentinos (IPA) y otras entidades.

Tarifas y créditos

Los proyectos de “emergencia pyme” dan cuenta del problema que significó en el último año el desfase entre el valor de las tarifas de los servicios públicos y los ingresos de ciudadanos y empresas. Hay más de 10 proyectos en ambas cámaras sobre emergencia tarifaria para los servicios de agua, luz y gas. El objetivo es suspender los aumentos aprobados por decretos, resoluciones y disposiciones desde enero de 2019, congelar los cortes de suministro por falta de pago de las facturas de 2016, 2017 y 2018, prohibir aumentos por plazos que van desde los 180 días hasta uno o dos años, eximir del pago del IVA a sectores vulnerables y beneficiarios de la tarifa social y establecer que los futuros aumentos se adecuen a criterios de equidad y gradualidad.

El senador del PJ salteño Dalmacio Mera propone dos instrumentos para diseñar un “esquema tarifario nacional”. Por un lado, la incorporación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y del índice de precios al por mayor (Ipim) como topes para el incremento de las tarifas de usuarios residenciales y mipymes, respectivamente. Por otro lado, la reducción de la alícuota del IVA en un 50% para usuarios residenciales y mipymes encuadradas como eléctricamente dependientes y la baja de la alícuota del 27 al 21% para el resto del sector.

Por su parte, el intendente electo de La Matanza y diputado por el FPV Fernando Espinoza, propone que haya beneficiarios con acceso automático a la tarifa social cuando los ingresos no superen en cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil. Abarcaría a jubilados y/o pensionados, trabajadores dependientes, monotributistas, discapacitados, pacientes electrodependientes, titulares de la AUH u otros programas sociales, empleados del servicio doméstico, desocupados, entre otros usuarios residenciales que demuestren ingresos insuficientes. Finalmente, también se incorpora a las microempresas, las pymes y cooperativas de trabajo que facturen hasta $120 millones al año y/o empleen hasta 100 trabajadores.

En lo que se refiere a créditos, en la primera mitad del año el debate sobre la emergencia para quienes tienen préstamos hipotecarios UVA, UVI y Procrear Ahorro Joven logró reunir a toda la oposición en la Cámara de Diputados detrás de un texto, que unificó 13 iniciativas que se proponen proteger la capacidad de pago. El proyecto, que logró el aval de la Comisión de Vivienda de la cámara baja y quedó varada en la de Finanzas, declara la emergencia del sistema de créditos hipotecarios UVA y UVI por 365 días para quienes compraron vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Durante ese plazo, se incorpora el CVS al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) para actualizar las cuotas (se propone elegir al de valor más bajo). En tanto, se prevé que el plazo de emergencia se renueve cada vez que el CER supere en 5% o más al CVS. Se suspenden los desalojos de familias con préstamos y se fija que los deudores que hayan sido despedidos o suspendidos podrán pedir un período de gracia de 6 meses.

Por una senda paralela corren los proyectos de emergencia automotriz en el caso de planes de autoahorro para comprar unidades cero kilómetro. Los senadores del Frente Renovador de la Concordia, Maggie Solari Quintana y Maurice Closs proponen suspender por 90 días la suba de cuotas, las ejecuciones prendarias y el secuestro de vehículos. “En ese plazo, las partes involucradas tienen que renegociar los contratos y restablecer un equilibrio contractual que está quebrado”, señala Solari Quintana en los fundamentos. El proyecto también da la posibilidad de rescindir el contrato cuando el valor de la cuota aumente más de un 30%.

“No puede ser que quienes pagan mes tras mes su cuota del plan de ahorro sean los únicos perjudicados por la inestabilidad, mientras que los fabricantes, sus terminales y concesionarios ofrecen jugosos descuentos a los que pueden pagar al contado”, opina el diputado jujeño Alejandro Snopek (PJ), autor de un texto para fijar un principio de equidad en los planes de ahorro con respecto a las bonificaciones de fábricas, terminales, concesionarias y del Estado.

Nutrición y medicamentos

La sanción, a fines de septiembre, de la Ley de Emergencia Alimentaria tras el reclamo de los movimientos sociales, abrió el debate sobre la calidad nutricional de los alimentos a los que acceden los sectores más postergados. La senadora Silvina García Larraburu (FPV) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia nutricional en el país, destinado a quienes tengan ingresos iguales o menores a la canasta básica total que publica el Indec. La normativa prevé la creación de una Agencia Federal de

Emergencia Alimentaria y del Fondo Especial de Emergencia Alimentaria y Nutricional. “Se deben implementar mecanismos y cadenas de comercialización que aseguren la directa conexión del productor de bienes de la canasta básica con el consumidor, organizando bocas de expendio en los lugares de residencia de los beneficiarios. También de debe acordar la oferta permanente de una canasta básica semanal con las cadenas de grandes establecimientos y redes de supermercados”, dice el proyecto.

En la misma línea, la diputada del FPV Alicia Soraire presentó un proyecto de ley de emergencia de la industria del pan y afines por 365 días, plazo automáticamente prorrogable hasta que la desocupación baje del 10%. La medida suspendería las deudas devengadas desde 2016 en concepto de tasas de interés resarcitorio por incumplimientos impositivos o aduaneros, los juicios de ejecución fiscal, los embargos y otras medidas cautelares. Y autorizaría la existencia de regímenes especiales y de tarifas diferenciales de agua y gas, además de créditos con tasa de interés subsidiada por el Banco Nación.

“El crecimiento de los costos en los insumos básicos llevó a una caída de la producción. La situación del sector se agudiza por la imposibilidad de afrontar los compromisos fiscales y previsionales, lo que significa el quebranto de numerosas panaderías, con las consecuencias sociales que ello conlleva”, diagnostica la autora. Según la Federación Argentina de la Industria del Pan, hay 40.000 panaderías habilitadas en el país que generan más de 1,2 millones de puestos de trabajo. Pero 7 de cada 10 panaderías están en la informalidad.

“Consideramos que la emergencia alimentaria debe complementarse con la declaración de la emergencia farmacológica por 180 días en todo el país”, reclama en su propuesta la senadora justicialista por San Juan Cristina López Valverde. Se busca obligar a los laboratorios a suspender las subas de precios de un grupo de medicamentos masivos y se pretende establecer que debe asegurarse el stock y la distribución en todo el país. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) entre 2015 y 2019 los medicamentos subieron 244,33%, y algunos esenciales, más de 540%.

Otros proyectos impulsan medidas de emergencia sanitaria específicas, como por ejemplo, en materia de garantizar medicamentos y prestaciones contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Por su parte, ante la denuncia de la Confederaciónunificadabioquímica de la República Argentina (CUBRA) –que nuclea a 7000 bioquímicos y a más de 4500 laboratorios de análisis clínicos en el país– sobre “la grave situación económico financiera”, la senadora Inés Blas (FPV) reclama la emergencia para ese sector por 365 días, eximiendo del IVA a los productos sanitarios para diagnóstico in-vitro, como reactivos, instrumentos, aparatos, equipos y descartables.

Textiles y vuelos

“La actividad industrial mostró una retracción de 13% en 2018 y hubo una caída de 10% en el sector textil, con una disminución del 6,4% en las exportaciones. El uso de la capacidad instalada en la industria se ubicaba en el 61,6% en abril de 2019, con un índice aun más alarmante para el sector textil, de 49,5%”, dice el senador sanjuanino José Uñac –hermano del gobernador–, para justificar su proyecto de declaración de emergencia de la cadena de valor textil (hilados, tejidos, confecciones textiles y prendas) que impulsa por dos años y con una posible prórroga a valorar por el Poder Ejecutivo. Además, propone aumentar el porcentaje de los derechos de importación extrazona (DIE) a 24% para los hilados, 35% para los tejidos y 47% para confecciones y prendas de vestir e indumentaria.

Por su parte, el reclamo de los aeronáuticos para que se declare “la emergencia del sistema aerocomercial por 120 días”, prorrogable automáticamente por igual término, se escuchó hace apenas unas semanas en el Senado, cuando fueron recibidos por la presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, María de los Ángeles Sacnun (FPV) –autora de un proyecto de ley que recoge la inquietud del sector– y el jefe del bloque del FPV, Marcelo Fuentes –que finaliza su mandato y que fue elegido como mano derecha de la próxima presidenta de la cámara, Cristina Kirchner, en la secretaría parlamentaria del Senado–. Al encuentro asistieron la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) y la Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA). Reclamaron condiciones de seguridad y la creación de una Comisión Bicameral Especial sobre la actividad.

El texto propone que se prohíban los despidos y se revisen los acuerdos bilaterales, memorandos de entendimiento o actas firmadas con otros países sobre transporte aerocomercial, para determinar si cumplen los preceptos de reciprocidad real por parte de empresas argentinas.

Un pedido más que los legisladores deberán atender sin perder la búsqueda del justo equilibrio entre la demanda de los sectores y el período de gracia que todo gobierno requiere para acomodarse.