En la política, las causas por abuso no prosperan
Ninguna de las acusaciones más emblemáticas avanzó en los últimos años
El caso Alperovich volverá a poner a prueba a la Justicia. Las denuncias más emblemáticas de abuso sexual que involucran a gobernadores, senadores y diputados no prosperaron en los tribunales en los últimos años. Al letargo que transitan los expedientes, se suman otros perjuicios para los denunciantes: la mayoría empeoró su situación laboral después de hacer público el caso. Del otro lado, los acusados perdieron posiciones de poder dentro de sus espacios políticos.
A contramano de la lucha de género que ganó la agenda pública, los casos de abuso sexual en la política, como el que involucró la semana pasada a José Alperovich, son todavía una materia pendiente en la Justicia. Ninguna de las acusaciones más resonantes contra gobernadores, diputados y senadores en los últimos años prosperó en los tribunales, según reconstruyó la nacion.
La acusación por abuso sexual que involucra al gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, está frenada; la denuncia contra el diputado bonaerense Manuel Mosca fue archivada en Mar del Plata en menos de un mes; el senador nacional Juan Carlos Marino fue sobreseído en agosto por un supuesto abuso en el Congreso; el diputado nacional José Orellana, acusado de haber besado a una mujer sin su consentimiento en su despacho, fue beneficiado con la falta de mérito, y el senador bonaerense Jorge Romero, denunciado por abuso sexual agravado hace un año, todavía no fue llamado a indagatoria.
Al letargo que transitan las causas se suman otros perjuicios para los denunciantes: la mayoría empeoró su situación laboral después de hacer público el caso. Del otro lado, los denunciados perdieron posiciones de poder dentro de sus espacios tras tomarse licencia como legisladores, una vez que se hicieron públicas las acusaciones.
Melella, gobernador electo de Tierra del Fuego, fue acusado por acoso y abuso sexual por tres obreros en esa provincia, tal como reveló una investigación de Infobae. Los denunciantes aseguran que, en busca de trabajo, el entonces intendente de Río Grande los contactó a través de Whatsapp, los citó en su departamento y los obligó a mantener relaciones sexuales a cambio de conseguir un trabajo en el Estado.
“Me empezó a decir que si quería entrar en la municipalidad era a cambio de que me acostara con él. Y en ese momento me empezó a tocar y tuve miedo de que me hiciera una denuncia porque es funcionario público, pero necesitaba plata en ese momento”, declaró uno de los obreros ante el juez Raúl Sahade. “Me tocaba el pene por arriba de la ropa, y me dijo que si yo estaba con él, iba a entrar a la municipalidad, que me acostara con él. Tuve relaciones sexuales con él, pero porque él me apuró, yo tenía miedo”, agregó.
Además de sus testimonios, los denunciantes entregaron las copias de los chats con Melella, pero el expediente no prosperó. El juez Sahade fue recusado por los obreros, al entender que facilitó copias de sus testimonios al entonces intendente de Río Grande, así como las medidas de prueba que habían pedido para acceder a más documentación comprometedora. Los denunciantes reclaman que el juez nunca ordenó acceder el teléfono de Melella. El expediente está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones de Río Grande.
Un año y medio después de la denuncia, Melella está a punto de asumir como gobernador de la provincia y ese obrero tuvo que mudarse al norte del país.
Un fallo exprés para Mosca
El diputado Mosca, que había sido acusado por abuso sexual, fue beneficiado por la Justicia marplatense con un fallo exprés. El fiscal Alejandro Pellegrini dictó el archivo de la acusación en menos de un mes, prácticamente sin pedir medidas de prueba para intentar demostrar los hechos que señaló una militante de Cambiemos.
Para tomar esa decisión, el fiscal argumentó que habían pasado seis años desde que ocurrieron los hechos y que no había testigos posibles para acreditarlos. “Las circunstancias de modo, tiempo y lugar acerca de cómo podrían haber acontecido los hechos dejan al desnudo situaciones en las que solo se verificaría la presencia del denunciante y el denunciado, carente de testimonio de terceras personas que pudieran haber resultado testigos, así como constancias de cualquier índole que permitieran tener por acreditada su ocurrencia”, escribió el fiscal en su pedido de archivo.
Como ocurrió en otros casos similares, Mosca pidió una licencia de seis meses como diputado (cumplido el plazo, retomó su actividad), pero después de la denuncia perdió peso dentro de la mesa chica de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), reclama que los jueces adapten la valoración de la prueba en delitos como el de abuso sexual. “Si un juez pretende probar un acoso sexual con las mismas pruebas que en una estafa, está equivocado. Termina garantizando la impunidad de los acusados”, sostuvo la fiscal.
El caso Alperovich
La reciente acusación que involucra al exgobernador Alperovich abre, entonces, una incógnita sobre el trámite de una nueva denuncia por delitos sexuales en la política. El senador, que ya pidió licencia en el Congreso, está acusado de haber violado a una joven familiar. La denunciante viajará la semana entrante a la ciudad de Buenos Aires para ratificar la denuncia y, además, ampliar su declaración con más detalles, dijeron fuentes judiciales.
Los antecedentes cercanos de legisladores tucumanos acusados por abuso en el Congreso no benefician a las denunciantes. El diputado Orellano fue acusado en noviembre de 2016 de haber besado a una empleada sin su consentimiento en su despacho. Pese a que la UFEM pidió tres veces su indagatoria, la jueza de instrucción María Alejandra Provítola dictó la falta de mérito, que luego fue ratificada por la Cámara.
Otro de los casos más resonantes involucró al senador radical Juan Carlos Marino, quien en ese momento aspiraba a ser gobernador de La Pampa. La jueza María Eugenia Capuchetti lo sobreseyó en agosto, al concluir, después de proveer decenas de medidas de prueba, que la acusación era inconsistente. La investigación detectó contradicciones en el relato de la denunciante, falta de pruebas que involucraran al senador –como los chats de Whatsapp– y discrepancias en las fechas relatadas por la mujer.