Una pirámide legal con la que el kirchnerismo gobernó durante 12 años
La emergencia permite al Ejecutivo cambiar fondos del presupuesto y tener atribuciones del Congreso
La Argentina se encamina a otra etapa regulatoria que modificará la estructura actual de la gran mayoría de las relaciones del Estado con sus interlocutores. Para dotar de herramental a varios de los postulados que el presidente Alberto Fernández se propone hace falta la llave maestra: la declaración de emergencia económica. Como sucedió entre enero de 2002 y diciembre de 2017, cuando estuvo vigente, se construirá en el vértice de una pirámide legislativa de la que seguramente se desprenderán centenares de normas.
Ayer, temprano, ya se descontaba que ese será el camino. El presidente Alberto Fernández y el ahora procurador del Tesoro, Carlos Zannini, gobernaron siempre con la ley de emergencia que dejó aprobada el entonces presidente Eduardo Duhalde.
Aquel instrumento permitió, por ejemplo, iniciar el refinanciamiento de la deuda externa y acomodar las cuestiones jurídicas del posterior canje, además de mantener a raya a los bonistas que tenían bonos argentinos impagos. Sirvió, también, para darles continuidad a todas las retenciones a las exportaciones que fueron impuestas en la emergencia. Pero sin duda uno de los efectos más importantes para la política de entonces es que les dio a los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner la normativa necesaria para mantener pisadas las tarifas de los servicios públicos.
Los esquemas contractuales que unen a las compañías de servicios públicos con el concedente, en este caso el Estado nacional, y que se han firmado en el último tiempo contienen un esquema de actualización. De ahí que los ajustes sean periódicos y se disparen cuando alguna de las causas previstas modifica la ecuación financiera. Es más: algunos regímenes tienen el valor del dólar dentro de la cuenta.
El regreso de un contrato y la posibilidad de acordar un sendero de precios que no quede por detrás de la inversión fueron determinantes para que las compañías, energéticas, por caso, iniciaran un proceso de inversiones que estaba en pausa desde hacía muchos años. La contrapartida fue el aumento de tarifas que se dio en ese tiempo y que el gobierno de Mauricio Macri autorizó.
Para dejar sin efecto todo ese sistema, o por lo menos volver a pausarlo, la declaración de emergencia se torna imprescindible.
La norma aprobada en enero de 2002 entregó al Poder Ejecutivo la posibilidad de intervenir en cuanto sector de la economía quisiera. El andamiaje jurídico que proporciona es tal que permite declarar emergencias en algunas actividades y con eso abrir la llave para cambiar las reglas de juego sin debates parlamentarios.
La emergencia al transporte automotor y ferroviario fue la que derivó en millonarios subsidios a colectivos y trenes. En el sector descuentan que sucederá algo similar ahora.
Tal fue el poder de aquella norma que declaró la emergencia sanitaria con la que le quitó facultades a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para ejecutar a cerca de 1800 establecimientos médicos que, según el organismo recaudador, debían 1000 millones de pesos en impuestos, en 2007.
Con los dichos de Fernández sobre el retiro del presupuesto del Congreso ya se puede inferir que será necesario construir el otro pilar en el que se apoya la emergencia. La delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo para modificar tarifas: los famosos superpoderes. Aquella vez, solo bastaba con declarar una emergencia y redireccionar partidas para dotar de fondos a un determinado sector. Esa posibilidad de modificar partidas presupuestarias, seguramente, volverá a manos de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete.
La duda es si esta vez habrá tantas delegaciones de facultades del Congreso en el Ejecutivo como fue entonces. La diferencia no es menor. El Parlamento es el dominio de Cristina Fernández, y una entrega tan grande de atribuciones como tuvo ella cuando fue presidenta quitará protagonismo a los legisladores. Y, por lo tanto, a ella. •