LA NACION

Venezuela se mantiene como el país más violento

El informe de una ONG reveló 16.506 asesinatos, de los cuales casi un tercio fueron a manos de las fuerzas policiales; la tasa respecto de 2018 bajó a causa de la migración

- Daniel Lozano

Al igual que en 2018, este año tuvo la mayor tasa de asesinatos; hubo 16.506 crímenes

CARACAS (Para la nacion).– Venezuela quedó marcada por otro año sangriento: como en 2018, volvió a quedar como el país más violento de la región, al registrar 16.506 asesinatos, una tasa de 60,3 cada 100.000 habitantes, según detalló el Observator­io Venezolano de la Violencia (OVV). El informe de la ONG reveló que las fuerzas policiales protagoniz­aron casi un tercio de las muertes violentas durante 2019, con un promedio diario de 14,5, mientras que atribuyó una baja de la tasa general a la migración masiva de venezolano­s.

La Venezuela bolivarian­a no quiere ceder su liderazgo en los rankings planetario­s más sangriento­s. Así lo confirma el informe presentado ayer por el Observator­io Venezolano de la Violencia (OVV), que volvió a ubicar al país como el más violento de la región y demuestra que las fuerzas policiales protagoniz­aron casi la tercera parte de los homicidios ocurridos durante 2019, oficialmen­te despachado­s como “resistenci­a a la autoridad”.

De las 16.506 muertes violentas,

5282 correspond­en a supuestos enfrentami­entos de los agentes con delincuent­es, 14,5 personas por día como promedio. Una cifra enorme, a pesar del evidente descenso en el número de homicidios cuando se compara con los años anteriores (en 2018, 23.047). Sin embargo, Venezuela supera ampliament­e a sus vecinos: 60,3 muertes por cada

100.000 habitantes (la tasa del año pasado fue de 81,4), frente a Colombia y Brasil, que alcanzan las 25.

En México bajan a 22 y solo El Salvador (48) y Honduras (42) se acercan algo a las cifras venezolana­s. La Argentina continúa muy por debajo de todos ellos, con 5 por cada

100.000, según el cálculo proyectado para este año por el Ministerio de Seguridad.

“Se dio en el país una suma perversa de autoritari­smo. Parece que la única política de seguridad es la eliminació­n de delincuent­es, dar de baja a presuntos delincuent­es”, resumió el profesor Roberto León Briceño, director del OVV, que en esta ocasión ofreció sus datos vía Skype, todo un paradigma en la venezuela de hoy.

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, hace casi 21 años, la violencia urbana empezó a devorar las estadístic­as hasta que el “comandante supremo” las censuró. Hoy es evidente un descenso en el número de homicidios, de los más de 30.000 hasta los 16.506 de este año, provocado por la enorme diáspora de más de cinco millones de personas, entre ellas cientos de malandras (delincuent­es), que habían perdido su paraíso por culpa de la destrucció­n de la economía y la ausencia de personas en los sitios públicos.

El control territoria­l del crimen organizado, que sometió a las microbanda­s tan extendidas en otros tiempos, también ayudó en la reducción del número de homicidios.

Es un descenso estadístic­o que no esconde la crueldad y la furia de los cuerpos policiales, que disponen de licencia para matar, como bien sabe Alejandra, una caraqueña de 21 años. Su vida cambió para siempre a finales de agosto, cuando las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES) “mataron dos veces” a su marido. La primera, al ejecutarlo delante de su familia, y la segunda, a través de los medios chavistas, que lo acusaron de dirigir una “megaorgani­zación hamponil”. No se trataba ni mucho menos de un nuevo Lucky Luciano criollo, sino de un modesto obrero que mantenía a su mujer y a sus dos hijos, de 2 y de 4 años.

Cuatro agentes irrumpiero­n en su hogar, dos de ellos enmascarad­os, y mataron al marido de Alejandra, como tantas veces este año en cientos de hogares del país. “Se llevaron el dinero que teníamos y todo lo que había en la heladera, el pollo y las frutas”, le contó la joven a la nacion. Tras el dolor llegaron las ganas de denunciar el crimen, hasta que otro policía le avisó: “Piénsalo mejor, puede haber represalia­s”.

La ONU, Amnistía Internacio­nal, Human Rights Watch y las ONG locales Provea y Proiuris demostraro­n que buena parte de esos crímenes esconden una escalofria­nte cifra de ejecucione­s extrasumar­iales. En la investigac­ión realizada durante cinco meses por Proiuris, se contabiliz­aron 269 presuntas ejecucione­s, de las cuales 167 se atribuyero­n a las FAES, a un promedio de casi dos por día.

Operativos

Es una “epidemia de violencia policial”, como afirmó ayer Briceño. Sus cifras lo confirman: de los más de 300 municipios del país, en por lo menos 175 se desataron las acciones de los agentes gubernamen­tales. En seis estados, incluido Lara, uno de los más poblados, los policías matan más que los delincuent­es.

Las FAES despliegan los mismos patrones en sus actuacione­s: desde la irrupción violenta en los domicilios sin autorizaci­ón judicial hasta la siembra de armas para simular enfrentami­entos. Siempre en barrios pobres y casi siempre contra jóvenes. Los agentes no dudan en alterar las escenas de los crímenes y justifican la ejecución basándose en antecedent­es policiales de las víctimas, además de disparar siempre en zonas vitales del cuerpo y negar el socorro a los malheridos, según las pesquisas de Proiuris.

Una realidad que la ficción bolivarian­a intenta esconder, como todos los años. “Venezuela es mucho más bella que los países donde está usted lavando poetas [inodoros]”, clamó anteayer el presidente Nicolás Maduro, en un mensaje dirigido a los emigrantes mientras desde los canales oficialist­as se destacaban las “victorias” contra la insegurida­d.

La impunidad se sofisticó tanto en Venezuela que no hay mejor aceite para el mecanismo policial que la sangre de sus víctimas. “Cuando llegamos al hospital mi sobrino estaba muerto y con tres disparos, uno en la cabeza. A él lo detuvieron dentro de la casa y se lo llevaron vivo en una camioneta. No había fiscales ni una orden de allanamien­to, solamente se lo llevaron. Horas después supimos que lo habían asesinado funcionari­os de las FAES”, denunció Douglas Barboza a Proiuris. Su sobrino, Keyvis Castello, había cumplido 21 años antes de ser ejecutado.

“Mi hijo estaba durmiendo con su bebé, mientras mi yerno lo hacía con su hija pequeña. A ellos los despertaro­n los policías. No hubo el enfrentami­ento que tanto dicen. Antes de disparar a mi hijo, uno de los FAES le dijo: ‘Tú no eres familia mía’”, subrayó Nereida Parra, madre de Jonathan Eduardo Gil Parra, de 27 años, en su denuncia. Una de tantas que se perdieron en el país de la impunidad.

Según el informe del OVV, en seis estados de Venezuela los policías matan más que los delincuent­es

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Rodrigo abd/ap En un cementerio de Maracaibo preparan un cuerpo para ser cremado

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