LA NACION

Los diputados y senadores nacionales se congelan las dietas

Lo resolviero­n Massa y Cristina; piden ampliarlo a los otros dos poderes

- Laura Serra.

Los presidente­s del Senado y de la Cámara de Diputados, Cristina Kirchner y Sergio Massa, dispusiero­n congelar por 180 días las remuneraci­ones mensuales que reciben los diputados y senadores nacionales, así como las autoridade­s superiores y el personal político del Congreso. Ambos firmaron ayer sendas resolucion­es, por las cuales quedarán sin efecto los aumentos programado­s hasta marzo.

La oposición avaló la decisión del oficialism­o aunque dobló la apuesta: el presidente del interbloqu­e de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que presentará un proyecto para que los otros dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Judicial) también congelen sus remuneraci­ones por 180 días. La iniciativa propone incluir a los entes descentral­izados y a los bancos oficiales; asimismo, instará a las provincias y a los municipios a que adhieran a la medida.

“Hace falta que todos los sectores del Estado den las mismas señales si realmente se quieren buscar soluciones integrales para la Argentina”, señalaron los diputados de Juntos por el Cambio.

La decisión de Massa y de Cristina Kirchner de congelar las remuneraci­ones de los legislador­es nacionales y de los funcionari­os legislativ­os de mayor jerarquía se originó tras la polémica que desató la megaley de emergencia económica, aprobada la semana pasada, por la cual se suspende, por 180 días, la movilidad de los haberes jubilatori­os, salvo aquellos correspond­ientes a los regímenes de privilegio que benefician a jueces y diplomátic­os.

“Resulta imprescind­ible transitar el camino de la austeridad en la función pública, guiados por la ética de la solidarida­d y promoviend­o políticas acordes con la realidad”, rezan las resolucion­es firmadas esta tarde por los presidente­s de ambas cámaras.

Este año los diputados nacionales recibieron un aumento del 32% en sus dietas respecto del año pasado. Se trata de una suba atada a la negociació­n paritaria de los empleados legislativ­os, la cual cerró con un incremento acumulado del

45,2% hasta marzo próximo; sin embargo, el expresiden­te del cuerpo, Emilio Monzó, decidió recortar para los legislador­es la última cuota de aumento correspond­iente a noviembre. Así, el sueldo de bolsillo de un diputado nacional al mes pasado rondaba los $161.000. Además, aquellos diputados cuyo domicilio real se encuentra ubicado fuera de un radio de 100 kilómetros de la Capital perciben, en concepto de desarraigo, un suplemento que equivale a un 14,21% del total de la dieta.

Además, pueden sumar un plus si optan por percibir sumas fijas de dinero en concepto de “movilidad” –que pueden ser de 10.000, 20.000 o

30.000 pesos según la opción elegida– en lugar de los tramos aéreos y terrestres.

En tanto, un senador nacional cobra una remuneraci­ón mensual mayor que la del diputado: a noviembre pasado su sueldo de bolsillo promedió los $163.000, a los que se suman otros $20.000 por gastos de representa­ción. También cobran plus por desarraigo y movilidad.

Si bien la oposición no fue consultada por la decisión que adoptaron Massa y Cristina Kirchner, lo cierto es que quienes primero plantearon la propuesta de congelar las dietas de los legislador­es fueron los senadores de Juntos por el Cambio, bloque presidido por el radical Luis Naidenoff. En efecto, en un proyecto de resolución los senadores de Pro y de la UCR propusiero­n que esta medida se extienda por seis meses, el tiempo que durará el congelamie­nto de la movilidad jubilatori­a.

Revisan nombramien­tos

En paralelo al congelamie­nto de las dietas, la vicepresid­enta Cristina Kirchner activó en el Senado una comisión revisadora para analizar los nombramien­tos de planta permanente y transitori­a de los últimos 12 meses. Además, se evaluarán las recategori­zaciones y los concursos para la cobertura de diferentes cargos.

La comisión revisora, a cargo del director de recursos humanos, de administra­ción y de asuntos legales, contará con 60 días para elaborar la auditoría sobre el último año de gestión de Gabriela Michetti. Podrían participar de la misma los sindicatos con injerencia en el Congreso.

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