El operador judicial Javier Fernández quedó interinamente a cargo de la AGN
El organismo está en manos del miembro más antiguo ante la indefinición del macrismo y la UCR para designar a su titular; los nexos con jueces y el kirchnerismo
Mientras Pro y el radicalismo mantienen encendida la disputa por la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN) –que debe ser presidida por un opositor al gobierno de turno y quedó vacante el 5 de diciembre–, el histórico operador judicial y auditor Javier Fernández se hará cargo de ese organismo de manera interina hasta que haya una definición oficial por parte de la oposición.
Según lo establecido por la Constitución Nacional, “el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”. Fernández fue designado auditor general en octubre de 2001 gracias al apoyo del bloque peronista, y fue reelegido por otros ocho años. Es el auditor más antiguo del órgano. A la par de su desempeño en la AGN, su influencia en los tribunales federales y sus lazos con el mundo del espionaje se afianzaron.
Quien presidió la AGN durante el gobierno de Mauricio Macri, el peronista Oscar Lamberto, dejó la presidencia el 5 de diciembre. Desde entonces se habló de una AGN “acéfala”, pero en una sesión del colegio de auditores se definió que Javier Fernández sea quien ocupe ese cargo.
La decisión fue consensuada por el resto de los auditores, pero previamente se emitió un dictamen desde la Secretaría Legal de la AGN, en el que, basándose en antecedentes, se consideró que quien tiene la firma del organismo en ausencia de un presidente es el auditor más antiguo. El antecedente es la renuncia de Ricardo Echegaray, el extitular de la AFIP que presidió la AGN antes que Lamberto, y que renunció envuelto en problemas judiciales. La secretaría que emitió el informe está a cargo de Germán Manuel Moldes, el hijo del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes.
“Desde el punto de vista del funcionamiento esto no tiene ninguna implicancia política”, dijo un miembro de la AGN que representa a la oposición. “Lo veo desde el punto de vista de que en realidad es muy provisorio y de que no hay ninguna auditoría en curso con el nuevo gobierno”, agregó.
Ese mismo integrante de la AGN dijo que no creyó “conveniente” generar una controversia porque se trata de una situación “muy circunstancial”. Según dijeron fuentes del organismo, ya se dieron de baja decenas de contratos de planta transitoria que pertenecían a la presidencia, y hay opositores atentos a que no se nombre para esos cargos a integrantes que responderían a Javier Fernández.
“Nunca hubiera aceptado si no hubiera tenido consenso. Yo actúo como decano por los años que tengo de auditor. La firma para aprobar las licencias o las bajas no la pongo solo yo, sino que es colegiada”, dijo Fernández a la nacion.
Javier Fernández quedó envuelto en un escándalo judicial el año pasado, cuando se conoció que Oscar Centeno lo había mencionado en sus cuadernos de las coimas. Según los registros del exchofer de Roberto Baratta, el domicilio de Fernández en Villa Urquiza –a quien se lo mencionó como “Javier de inteligencia”– había sido visitado por los recaudadores del ex Ministerio de Planificación para entregar dinero.
En la misma serie de anotaciones figuraba el exjuez Norberto Oyarbide, que, frente a Claudio Bonadio (el juez a cargo de la causa de los cuadernos), confesó que Fernández y Jaime Stiuso lo “apretaban para sacar los fallos de los Kirchner”. Fernández fue entonces citado por Bonadio, quien finalmente le dictó la falta de mérito.
A Javier Fernández le adjudican algunos críticos haber contratado en la AGN a varios parientes de jueces federales de Comodoro Py, un territorio donde, si bien él niega haber tenido injerencia, se lo menciona como “Javier” a secas. El operador judicial Freddy Lijo –hermano del juez Ariel Lijo– trabajó en la AGN, así como la hija del juez Rodolfo Canicoba Corral, Malena, y la hija del juez Jorge Ballestero. Allí trabaja, también, el hijo del juez federal Luis Rodríguez. Fernández había contratado en su despacho, además, a Nelson Lazarte, el exsecretario privado de Baratta, cuando este dejó la función pública tras la salida del kirchnerismo a fines de 2015.