La Argentina en modo stop

Según estadísticas elaboradas por el economista Ariel Coremberg, desde 1975 la productividad de la economía argentina viene cayendo de manera sostenida y hoy se encuentra por debajo de los niveles de 1950. Esto explica, en parte, por qué en los últimos cuarenta y cinco años la Argentina perdió más de treinta posiciones en el ranking mundial de PBI per cápita.

Con las salvedades históricas obvias, desde 1947 los ciclos económicos argentinos pueden esquematizarse de manera muy simple. La primera fase comienza con un gobierno populista que expande el consumo interno y el gasto público a favor de asalariados e industriales protegidos, a costa del agro, los ahorristas y los sectores exportadores. Como la industria debe importar insumos para aumentar su producción y las exportaciones caen por mayor consumo y menor producción, luego de una breve bonanza, sostenida por un auge transitorio en el precio de las commodities agrícolas, se produce una crisis externa por un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Al mismo tiempo se dispara una crisis inflacionaria por la financiación del déficit fiscal con emisión. Ambas crisis empujan la economía a una recesión. Históricamente los gobiernos populistas no han podido financiar los déficits gemelos recurriendo al endeudamiento externo, ya sea por falta de credibilidad (costo) o resistencia ideológica. Esta típica fase de expansión doméstica seguida de estrangulamiento de divisas es lo que los economistas denominan “ciclo stop-go”.

En la fase siguiente asume el poder un gobierno que supuestamente va a restaurar el equilibrio macroeconómico y la institucionalidad perdidos bajo el populismo. En la Argentina, por tergiversación discursiva y/o confusión ideológica, muchas veces se describe a estos gobiernos como “neoliberales”. En realidad habría que denominarlos “seudoliberales”. La receta que aplican es lo que el economista Armando Ribas en 1980 definió como “monetarismo cum estatismo”: una política monetaria restrictiva que produce una fuerte suba de las tasas de interés real, que alienta el ingreso de capitales externos, y un ajuste fiscal nulo, tímido o, en el mejor de los casos, inconcluso. Gracias a la credibilidad que genera el nuevo gobierno en los mercados financieros internacionales, logra financiar los déficits heredados con deuda externa. Durante un tiempo los ingresos de capitales sostienen una bonanza ilusoria. Pero gradualmente la apreciación del tipo de cambio real desalienta las exportaciones y las altas tasas de interés desincentivan la inversión privada. La economía se estanca. Los inversores internacionales perciben que la deuda externa no es sustentable, lo cual lleva inexorablemente a una reversión abrupta de los flujos de capitales (“sudden stop”). Se producen entonces una crisis externa y una retracción de la actividad económica, lo cual reinicia el ciclo.

Desde el regreso de la democracia, la economía argentina ha alternado, tanto bajo gobiernos radicales como peronistas y ahora de Pro, entre crisis externas por stop-go y crisis externas por sudden stops. En ambos casos son consecuencia de la inviabilidad financiera del Estado argentino, que es el vehículo a través del cual distintos grupos pretenden consumir más de lo que producen. Esto solo es posible confiscando recursos a otros grupos y/o endeudándose en el exterior. El mundo periódicamente impone por la fuerza la restricción presupuestaria que los argentinos nos creemos con derecho a ignorar. La inestabilidad macroeconómica resultante desalienta la acumulación de capital y frena el crecimiento.

Este ciclo parece haber llegado a su fin. No es probable un auge en el precio de la soja y el acceso a los mercados internacionales de deuda estará limitado por bastante tiempo. No está claro, sin embargo, que lo que viene será una síntesis superadora. Parece más bien lo contrario.

Antes de su asumir su cargo como ministro de Economía, Martín Guzmán explicó en una entrevista que “el problema central que enfrenta el país es la deuda. Si no lo resuelve, no habrá forma de implementar un programa macroeconómico que le permita recuperarse”. En realidad, el problema central que enfrenta el país es la inviabilidad financiera del Estado, a su vez producto de un nivel de gasto público que el sector productivo no puede sostener. La deuda no es más que una consecuencia y no la causa del problema. Además, como gran parte de ese gasto es en actividades improductivas, inevitablemente se han deteriorado tanto la solvencia fiscal como la productividad de la economía.

Las medidas que ha anunciado el gobierno entrante ya fueron probadas en el pasado. En el mejor de los escenarios, pueden generar un “veranito” económico que coincida con la estación. Pero si para comienzos del otoño no se resolvió el tema de la deuda, se va a complicar el panorama. Y para resolver este tema el Gobierno debe anunciar un plan económico que asegure la sustentabilidad fiscal, lo cual requiere una reducción estructural del gasto público. Algo que, hasta ahora al menos, parece no contemplar el Gobierno. En vez, ha decidido castigar a quienes ahorran, invierten y exportan. Ningún país ha prosperado con esta receta. Si la clase política se hiciera solidaria y ajustara sus exorbitantes emolumentos y beneficios, quizás se podría esperar una actitud más constructiva de quienes serán esquilmados con estas medidas. Es improbable que lo hagan, ya que se han acostumbrado a vivir la gran vida a costa de todos los argentinos. Nuestros políticos y legisladores conforman una oligarquía intocable cuya terca obstinación en subsidiar actividades improductivas y desalentar las productivas con impuestos, trabas y regulaciones ha tenido como resultado inevitable, casi tautológico, la caída de la productividad general de la economía.