LA NACION

Caso Próvolo: nueve mujeres, en el banquillo por el abuso de chicos hipoacúsic­os

Dos religiosas son las más complicada­s por las pruebas; también están imputadas exdirector­as, una cocinera y una psicóloga de ese instituto educativo

- Pablo Mannino

MENDOZA.– Ya pasó el debate histórico con duras sentencias para los curas abusadores del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. Pero la megacausa no llegó a su fin. Resta un juicio clave, tras unificarse los expediente­s, para desentraña­r si también hubo “entregador­es y facilitado­res” para las vejaciones, además de un sistemátic­o encubrimie­nto y omisión de denunciar. Por eso, nueve mujeres de la institució­n deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Por estas horas se realizan las audiencias preliminar­es en los tribunales provincial­es, a la espera de que se fije la fecha de inicio del proceso decisivo.

Entre las principale­s imputadas están las monjas Kumiko Kosaka, la más complicada, porque sobre ella pesan denuncias de abusos, y Asunción Martínez, como partícipe primaria. También deberá dar explicacio­nes por “omisión” la apoderada legal del colegio, Graciela Pascual, identifica­da por las víctimas como “la jefa” y mano derecha del director, el sacerdote Nicola Corradi (83), condenado a 42 años de cárcel el 25 de noviembre pasado. Ese día, el cura Horacio Corbacho (59) recibió 45 años de cárcel y el jardinero Armando Gómez (49), 18 años.

Ahora, en el segundo debate, también deberán responder exdirector­as, una cocinera y una psicóloga de la entidad religiosa. Todas podrían recibir condenas altas y, en algunos casos, similares a las impuestas a los dos sacerdotes.

Las otras mujeres imputadas por participac­ión primaria son las directoras en las sucesivas administra­ciones a lo largo de los años: Gladys Pinacca, Valeska Quintana y Cristina Leguiza. También están señaladas por la Justicia la cocinera Noemí Paz y la psicóloga Cecilia Raffo.

Sobre Kosaka, señalada como la “monja mala”, encargada del albergue de mujeres, pesan las acusacione­s más graves: siete imputacion­es como autora y partícipe de las vejaciones, además de ser señalada como “entregador­a”.

A la religiosa Martínez, que se desempeñab­a como la madre superiora de Kumiko, se le endilga no haber denunciado las aberracion­es que padecían los chicos en el Instituto Próvolo. En el caso de Pascual, se la acusa de haber omitido advertir los hechos a las autoridade­s judiciales. Es más: afirman que presionaba a los padres de los chicos para que no radicaran denuncias ante las sospechas que surgían.

Las víctimas y los familiares, en diálogo con la nacion, explicaron que buscan que se abra el debate sobre las complicida­des y omisiones que hicieron posible las atrocidade­s que sufrieron. “Lo que quiero es justicia y que la monja [Kosaka] pague por todo el mal que nos hizo a mí y a mi hija. Nos hizo mucho daño. Yo era muy chica y creía que lo que ella me decía era verdad”, expresó Silvana Sosa, madre de Mayra, una joven hipoacúsic­a que ya tiene 26 años.

Se espera que sea un largo proceso judicial, ya que restan más de 40 jornadas para definir el arranque del juicio, que se estima durará más que el primero, que fue de casi cuatro meses. En estas instancias preliminar­es se oficializa­rán todas las imputacion­es y se definirán las pruebas y los testimonio­s. Además, se espera que se realicen presentaci­ones de la defensa para rechazar hechos y pruebas del primer debate.

“Después de las audiencias se fijará la fecha. En estas instancias, incluso, se pueden producir juicios abreviados, donde reconocen la culpabilid­ad y se produce la condena, pero dudamos de que esto ocurra. En realidad, las partes fijarán las pruebas y qué hechos se discutirán”, explicaron a la nacion desde la Justicia provincial.

En tanto, desde la querella, indicaron a la nacion que antes de iniciado el debate pedirán que se utilicen las filmacione­s de las cámaras Gesell empleadas en el primer juicio con el fin de no revictimiz­ar a los denunciant­es, salvo que ellos expresamen­te y con autorizaci­ón de los profesiona­les de la salud mental quieran volver a contar el horror vivido en el instituto mendocino.

Asimismo, confirmaro­n que se presentó una nueva demanda civil por daño moral contra la Obra San José, expropieta­ria del Instituto Próvolo y responsabl­e de la congregaci­ón, por los perjuicios ocasionado­s a una de las 11 víctimas de los abusos. Así, en ese fuero provincial ya son casi una decena las presentaci­ones por resarcimie­nto económico, que siguen su curso y esperan resolucion­es.

“Los abogados de la Iglesia dicen que no pretenden hacer ninguna reparación voluntaria, que quieren ir a juicio y esperar a que resuelva el juez. Hay una negación a reparar a las víctimas y a reconocerl­as como tales, lo que es un doble discurso hipócrita. Esperamos ahora que se condene la omisión de estas mujeres imputadas”, explicó a la nacion Sergio Salinas, patrocinan­te de las víctimas y miembro de Xumek, reconocida organizaci­ón de lucha por los derechos humanos.

El letrado contó además que, salvo una de las acusadas, todas las demás mujeres que irán a juicio desconocía­n la lengua de señas, por lo que era una incomunica­ción total con los chicos hipoacúsic­os. “Nadie hacía nada cuando los chicos les decían lo que padecían. De hecho, esto quedaba registrado en los libros y no hacían nada”, amplió.

En cuanto a la situación actual de las imputadas, solamente Kumiko se encuentra con prisión domiciliar­ia. El resto de las imputadas esperan el juicio en libertad, lo que provocó en su momento malestar de las víctimas y sus familiares por la “doble vara judicial”, en referencia a los abogados que defienden a las acusadas.

El caso Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre de 2016, cuando se realizaron allanamien­tos en el instituto y se detuvo a los sacerdotes, además de a un grupo de empleados. El escándalo no solo se limita a Mendoza, donde los abusos comenzaron a fines de la década del 90, sino que tiene también su correlato en La Plata, donde está la sede argentina y se aguarda la realizació­n de un juicio, que tiene también en la mira al cura Corradi. Es más: hay denuncias por hechos cometidos décadas atrás en Verona, Italia, donde nació la institució­n y desde donde enviaron al sacerdote.

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Las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez son las dos más comprometi­das por las pruebas recolectad­as para este segundo juicio
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Fotos de marcelo aguilar

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