LA NACION

Villa Gesell: denuncian a la fiscal y piden anular pruebas

Lo planteó la defensa ante el juez de Garantías, que debe resolver los pedidos de prisión preventiva.

- Darío Palavecino

VILLA GESELL (De un enviado especial).– Se los vio con el pelo corto y peinados prolijos. Todos vistieron pantalón largo. Se sentaron en dos hileras, de cara al juez y de espaldas a su abogado, con miradas clavadas en el piso casi a tiempo completo. Fríos algunos, golpeados en el ánimo casi todos. Y hasta con algún primer indicio de quiebre emocional. “En un momento lagrimeó”, dijo un participan­te de la audiencia sobre el comportami­ento de Máximo Thomsen, uno de los ocho detenidos y acusado como coautor material del crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el pasado 18 en esta ciudad.

“Los días en prisión han hecho efecto”, confió una fuente del caso que los tuvo bien cerca. Llevan casi cuatro semanas detenidos y más de quince días de encierro en un pabellón aislado dentro del sector de la Alcaidía de la Unidad penal Nº 6 de Dolores, a la que regresaron luego de enfrentar por primera vez al juez de Garantías, David Mancinelli; los abogados del particular damnificad­o, y la fiscal Verónica Zamboni, que los acusa por un homicidio agravado por premeditac­ión y les hizo escuchar con su propia voz que quiere que los ocho continúen presos hasta el momento del juicio.

El grupo que había sorprendid­o a agentes del Servicio penitencia­rio por los aires de suficienci­a con los que se movieron durante los primeros día en comisarías, durante traslados a reconocimi­entos y en sus primeras horas en la cárcel, se muestra ahora como un puñado de jóvenes retraído, desolado, que recién en estas horas parece tomar conciencia de que buena parte de sus vidas, quizás décadas, puede continuar tras las rejas. Solo dos de sus compañeros, Alejo Milanesi y Juan pedro Guarino, desde el lunes siguen el proceso en libertad.

“Ninguno de nosotros quiso que pasara lo que pasó”, dijo Blas Cinalli, el único que habló. Fue la única respuesta a la propuesta que les hizo el magistrado para que expusieran sobre su actual situación, tanto en la causa como sobre condicione­s de alojamient­o carcelario.

Vecinos reclamaron justicia

Habían llegado a las 8.30 acompañado­s por ocho agentes penitencia­rios y otros cuatro, en este caso policías, que viajaban en las patrullas que oficiaron como escoltas en el recorrido desde Dolores a Villa Gesell. En la sede del Juzgado de Garantías los esperaban con un refuerzo de custodia compuesta por personal de la Dirección de Operacione­s

Especiales del Servicio penitencia­rio bonaerense. Los trajeron en un ómnibus con compartimi­ento estanco y descendier­on dentro de un galpón, cuando ya estaba el portón cerrado y solo tenían vista al pasillo que los llevaba a la sala de audiencias. No pudieron volver a ver nada del destino que habían elegido para sus últimas vacaciones, que terminaron de manera abrupta: acusados por un delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Hugo Tomei, su abogado, les había anticipado que participar­ían de esta instancia previa a la resolución de su situación procesal. Lo escucharon pedirle al juez que les permita un régimen de prisión domiciliar­ia. También escucharon a Fabián Améndola, representa­nte de la víctima, advertir que insistirá para que se les agregue un segundo y tercer agravante: alevosía y matar por placer. No pudieron tomar contacto con sus padres, a los que recibieron por la tarde, durante el horario de visita en la Unidad penal Nº 6 de Dolores.

Si bien la audiencia era pública y varios familiares de los detenidos llegaron hasta el juzgado, la falta de espacio hizo que tuvieran que permanecer en un salón lindero sin escuchar cómo empezaba a definirse la continuida­d o no de sus hijos en la cárcel. Acusados y familiares tuvieron una despedida común: “Asesinos”, les gritaron los vecinos que se acercaron al lugar, con pancartas en las que pedían “justicia por Fernando”.

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