Lava Jato: aportan nuevas evidencias sobre las coimas en el soterramiento del Sarmiento
La fiscalía acumuló datos de Argentina, España, Andorra y Uruguay sobre la ruta del dinero que recibió el entorno de De Vido
fiscal federal Franco Picardi dio ayer otro paso para probar cómo fue el circuito financiero internacional que un consorcio de empresas utilizó para pagarle coimas millonarias al entorno del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por el contrato para soterrar el tren Sarmiento.
Picardi determinó que la constructora brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa –controlada por Angelo Calcaterra–, la italiana Ghella y la española Comsa urdieron contratos falsos para extraer casi US$4,5 millones de las cuentas del proyecto y triangular ese dinero a través del Principado de Andorra, el Reino de España y varias sociedades offshore, hasta recalar en Uruguay.
El dictamen quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi y suma así nuevas evidencias y datos contra el exministro De Vido, su entonces mano derecha, Roberto Baratta, y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, como así también contra la plana mayor de la unión transitoria de empresas (UTE) que se quedó, coimas mediante, con el contrato por US$1500 millones que nunca se completó.
A lo largo de 78 carillas, Picardi consideró que el eslabón clave para la operatoria ilícita resultó la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Edificación SA, más conocida por sus siglas DSC, que recibió giros por US$4.495.250 en cuentas del Banco Privado de Andorra (BPA), al que Odebrecht recurrió para triangular sobornos a funcionarios de toda América Latina.
“Los antecedentes de la ‘Operación Sarmiento’ que surgen de la información remitida por el Principado de Andorra”, explicó Picardi en su dictamen, aportan “elementos que vinculan a la UTE de manera cierta e indubitable con operaciobre nes de triangulación de dinero espurio a través de cuentas de la BPA, originados con motivo de la licitación pública en trato”.
Por momentos resultó tan grotesca la operatoria ilícita, remarcó Picardi, que la UTE también invocó que había contratado a una firma local llamada Ingroup, que tras meses de búsqueda en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba ni siquiera pudo determinarse cuál es su domicilio para allanarla. Resultó, en la práctica, inhallable. Pero facturó y cobró millones, cuyo destino final son un misterio.
Apoyado en su propia investigación y material aportado por un equipo técnico de la Procuración, por la Dirección General Impositiva (DGI) y autoridades de España y Andorra, Picardi dejó muy claro, sin embargo, que su dictamen apenas se concentra en “el segundo tramo de maniobras delictivas” vinculado al pago de coimas por el proyecto para soterrar el Sarmiento. Entre otros motivos, porque falta recibir material probatorio que se encuentra en Brasil, a disposición de la Argentina desde junio de 2017, pero que aún no logró destrabarse por obstáculos en la cooperación internacional.
Ese material brasileño, que incluye las “delaciones premiadas” de varios exejecutivos de Odebrecht, como su entonces vicepresidente para América Latina, Luiz Antonio Mameri, aportaría nuevos datos soEl los receptores y montos de los sobornos que cobraron funcionarios argentinos por el proyecto para soterrar el Sarmiento, pero también por la extensión de las redes troncales de gasoductos y la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas, según reveló la nacion durante los últimos años.
Las evidencias brasileñas apuntan, en particular, hacia el entonces número dos de De Vido en el Ministerio, Roberto Baratta, como así también al entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, como el articulador de la cartelización de la obra pública.
Anularon procesamientos
El juez Martínez Di Giorgi deberá ahora evaluar los pasos a seguir en la investigación, que sufrió un duró revés en agosto pasado cuando la Cámara Federal anuló los procesamientos, sobreseimientos y faltas de mérito que había dictado el magistrado en abril, al concluir que la pesquisa requería un análisis más profundo.
Di Giorgi había procesado por presuntas dádivas al lugarteniente de Calcaterra en Iecsa, Héctor Sánchez Caballero, y al número uno de Comsa, Héctor Castro Sirerol, como así también avanzó contra los entonces funcionarios del Ministerio Planificación Federal por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. Pero había dictado la falta de mérito de Calcaterra y del lobista Jorge “Corcho” Rodríguez. También había sobreseído a los familiares del testaferro de Jaime, Manuel Vázquez.
Ahora, mientras el fiscal Picardi busca destrabar las confesiones de los “delatores premiados” y otras evidencias que se encuentran en Brasil –y que apuntan de manera directa contra De Vido, el “Corcho” Rodríguez, Sánchez Caballero, entre otros, según reveló la nacion–, el juez Martínez Di Giorgi deberá determinar los pasos a seguir en la pesquisa local.