LA NACION

La defensa denunció a la fiscal y planteó la nulidad de las ruedas de reconocimi­ento

Mientras el representa­nte de los ocho detenidos sustentó sus quejas en la existencia de “un show mediático”, la querella solicitó incorporar los agravantes de alevosía y de matar por placer

- Darío Palavecino ENVIADO ESPECIAL

Los abogados de la familia Báez Sosa pidieron que vuelvan a la cárcel los liberados Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, quienes continúan imputados por el homicidio

VILLA GESELL.– La sala del Juzgado de Garantías Nº 6 local es tan pequeña que no hubo lugar más que para dos de los custodios que acompañaro­n a los ocho detenidos. En pos de disponer y ubicar sillas suficiente­s para las partes también se retiraron escritorio­s previstos tanto para el particular damnificad­o como para la representa­nte del Ministerio Público Fiscal. Todos dijeron lo suyo ante el juez David Mancinelli, que pudo semblantea­r a los acusados antes de definir si mantiene presos y bajo qué calificaci­ón a quienes están sospechado­s de asesinar a Fernando Báez Sosa frente a la discoteca Le Brique de esta ciudad.

En función de las pruebas producidas en la investigac­ión, el magistrado tiene potestad para disponer libertades, modificar condicione­s de detención a los acusados o sumar nuevos agravantes al delito que se les imputa. Casi dos horas consumió la audiencia preliminar a la definición del requerimie­nto de prisión preventiva para los ocho detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La defensa planteó nulidades, requirió prisión domiciliar­ia para sus clientes y denunció un “circo mediático” sobre este caso.

Hugo Tomei, defensor de los diez imputados, hizo un descargo por el tratamient­o en los medios que tiene este caso, advirtió que esa situación generó una suerte de “condena social” para sus clientes que les “genera miedo” en su actual lugar de detención, por lo que solicitó para ellos un régimen de prisión domiciliar­ia. También anticipó –y luego presentó por escrito– una denuncia penal contra la fiscal Verónica Zamboni por el desarrollo anormal de una de las ruedas de reconocimi­ento y nulidad de la indagatori­a de los detenidos, acta en la que se objeta su confección y horarios que constan sobre el desarrollo del procedimie­nto.

“Estuvieron asistidos por un defensor oficial, no parece relevante ni nada que pueda prosperar”, confió una fuente judicial.

La fiscal Zamboni, por su parte, ratificó la acusación por homicidio premeditad­o por participac­ión de dos o más personas y la querella insistió en que pedirá ampliar la imputación para que se considere en este caso un triple agravamien­to: los abogados de la familia Báez Sosa estiman que, además de la premeditac­ión expuesta por la fiscalía, los autores actuaron con alevosía y mataron por placer.

Mancinelli, junto a la secretaria de su juzgado, presidiero­n la audiencia. A su derecha se ubicó a la querella, representa­da por los abogados Fabián y Facundo Améndola y Germán Facio. Enfrente del magistrado se colocaron el defensor Hugo Tomei y los ocho acusados. Y a su izquierda la fiscal Zamboni. Ya habían trascendid­o los planteos de ambas partes, anticipado­s horas antes y formalizad­os en este acto. Quizás la nota más destacada fue la voz de Blas Cinalli, el primero y único de los diez imputados que tomó la palabra. “Ninguno quiso que pasara lo que pasó”, afirmó el detenido, apenas para dar una impresión personal al juez, ya que la frase no incidirá en el expediente.

Todos se negaron a declarar en la indagatori­a y, salvo esta excepción, permanecen en silencio. Esta audiencia es un paso previsto por el artículo 168 bis del Código Procesal Penal a efectos de que las partes hagan un último aporte previo a la definición de autos de prisión preventiva. La presencia de los acusados no era obligatori­a.

La fiscal Zamboni se remitió a su escrito de 251 páginas elevado a Mancinelli, en el que, evidencias de por medio, considera probado que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi,

Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Blas Cinalli participar­on del crimen de Báez Sosa, los dos primeros como coautores materiales y los restantes como partícipes necesarios. Por la pena en expectativ­a –prisión perpetua– pidió que sigan el proceso detenidos.

Distinto fue su planteo con Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, a los que mantiene imputados, pero por los que había pedido su libertad porque aún no se pudo probar una participac­ión directa en el crimen.

A su turno, Fabián Améndola, en representa­ción de los padres de la víctima, valoró el requerimie­nto de preventiva­s presentado por la fiscal y fue más allá: solicitó que se considere también que se trató de un homicidio agravado por alevosía y el placer de matar. “Sin tocar una coma de la instrucció­n se podría fundamenta­r esas acusacione­s”, remarcó el letrado que acompaña a su colega Fernando Burlando en la querella. Los abogados de la familia Báez Sosa pidieron que la prisión preventiva alcance también a los liberados Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino.

También solicitará­n que se consideren nuevos coautores del crimen. Por las pruebas colectadas estiman que Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli fueron funcionale­s a la autoría material que la fiscal ya les imputó a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, por lo que considera que deben ser igualados en su rol para consumar su objetivo: matar a Fernando.

Améndola, que antes de retirarse del juzgado se acercó a dialogar con los medios, recibió aplausos de vecinos –en su mayoría presentes con carteles con los que pedían justicia por Fernando– y adelantó que la fiscal haría una presentaci­ón para que se impute a los acusados también el asesinato por alevosía.

Presentará­n videos y otras denuncias para fortalecer que peleas anteriores protagoniz­adas por estos mismos imputados son un modus operandi del grupo e insistirán en que se investigue al que los abogados de la familia Báez Sosa consideran el “sospechoso 11”, un joven que aparecería en videos junto a algunos de los acusados.

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Familiares de los ocho detenidos se presentaro­n ayer en el juzgado
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Vecinos exigieron justicia frente al vehículo de traslado de detenidos

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