Un freno al hostigamiento hacia la prensa
La confirmación por parte de la Cámara Federal del sobreseimiento de 14 directivos del Grupo Clarín, acusados de lavado de dinero, a raíz de una maliciosa denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), formulada en 2012, puso en evidencia la política de persecución y hostigamiento por parte del gobierno de Cristina Kirchner contra aquellas empresas periodísticas que no exhibieran docilidad ante las presiones gubernamentales.
Los directivos, encabezados por Héctor Magnetto, fueron investigados por la Justicia desde el citado año, a raíz de una denuncia de la UIF sobre operaciones concretadas por integrantes del grupo de medios que, según su particular óptica, podían encubrir el delito de lavado de activos.
La denuncia había puesto el foco en la conformación de una sociedad en los Estados Unidos, que resultó adquirente de acciones de la firma Cimeco SA, valiéndose de sumas obtenidas a través de un préstamo del Credit Suisse de Londres, luego transferidas a cuentas bancarias de sociedades integrantes del Grupo Clarín. Sobre la base de esa información, se planteó que los fondos involucrados provenían de delitos. Se apoyó esa suposición en lo que declaró Hernán Arbizu, exejecutivo del JP Morgan, acerca de supuestas sumas en el exterior del país no declaradas, en otra causa en la cual, finalmente, la Justicia desechó que hubiera delito.
El fallo de la Cámara, ratificatorio del sobreseimiento de los directivos denunciados, pone de manifiesto que se requiere de un delito precedente para poder hablar de lavado de dinero. En otras palabras, este debe hallarse objetivamente vinculado con ilícitos susceptibles de generar ganancias, atento al carácter esencialmente económico de este delito. Y concluyó que “si nada indica la existencia de un ilícito precedente y si nada se alega que sugiera la posibilidad de modificar ese panorama, entonces es verdad –como apuntan las defensas– que no hay base fáctica ni normativa para habilitar que se continúe la pesquisa a siete años de su inicio”.
Confirmó así el criterio del juzgado, que, en primera instancia, había sostenido que no existían siquiera indicios para sostener la inconsistente denuncia de la UIF, encabezada por entonces por José Sbatella. Este tristemente recordado funcionario había dado a entender, en 2011, que los medios de comunicación podrían ser alcanzados por la ley antiterrorista si difundían noticias capaces de provocar una fuga de depósitos bancarios.
La sentencia de la Cámara Federal constituye una reivindicación de personas infundadamente acusadas de un grave delito, al calor de una persecución montada por el kirchnerismo, que se caracterizó por el uso del Estado para difamar y descalificar a quienes no se sumaran al coro de voces oficialistas.