Un déficit preocupante del que pocos hablan
El gobierno de Alberto Fernández está armando un nuevo relato para encarar la reestructuración de la deuda externa que, al más puro estilo cristinista, apunta exclusivamente al público interno y tiene como ejes la victimización y el voluntarismo.
Algo así como aquella recordada frase “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo” del entonces ministro Juan Carlos Pugliese en las postrimerías de la gestión de Raúl Alfonsín, poco efectiva para situaciones de crisis.
La contracara de esta estrategia política simplificadora es que aumenta la incertidumbre económica. En la tribuna local no todos son militantes ni desmemoriados. También están los que pueden adoptar decisiones de inversión o consumo de bienes durables, pero las postergan hasta ver un horizonte más despejado.
Para complicar el cuadro, volvió a cobrar fuerza la imagen del “doble comando” entre Alberto F. y Cristina Kirchner que, por más que sus protagonistas lo nieguen, muestran enfoques opuestos en torno de la negociación en marcha con el Fondo Monetario Internacional. Cuando buscan compatibilizarlos, el resultado arroja más confusión y desconfianza.
Lo mismo que los errores e improvisaciones en el manejo de los últimos vencimientos de deuda en dólares y en pesos, que tornan dificultoso completar la renegociación a fin de marzo según el plazo autoimpuesto por la Casa Rosada.
Al asumir, el ministro Martín Guzmán había anunciado la formación de un comité asesor ad honorem integrado por exsecretarios de Finanzas para aprovechar sus experiencias, pero en la práctica terminó por diluirse después de unas pocas charlas informales.
Hasta ahora, el debate sobre la reestructuración de la deuda pública giró en torno de la extensión de plazos combinada con quitas (de capital y/o intereses) y de la capacidad de repago en la medida en que la economía crezca después de diez años de retroceso del PBI por habitante.
El primer punto forma parte de la negociación con los acreedores privados, que previsiblemente se está alejando del terreno amigable y puede colocar a la propuesta argentina en la situación binaria del tómelo o déjelo, con riesgo de default.
En cuanto al segundo –clave para lograr el aval del FMI–, Guzmán sorprendió en el Congreso al “reperfilar” el sendero de política fiscal, cuando planteó como escenario probable que el equilibrio se alcanzaría en 2023, para pasar a un superávit primario (sin intereses de deuda) de 0,6% a 0,8% del PBI en los años siguientes.
El supuesto oficial es que la economía crecería al 2% anual, muy modesto en comparación con el fuerte rebote que suele producirse después de profundas recesiones si se genera confianza.
Sin embargo, para asegurar la sostenibilidad de la deuda a través de los años, no alcanza solo con reactivar la industria mediante el uso la alta capacidad ociosa actual (45% promedio), sino promover el crecimiento a base de mayores inversiones. Cómo lograrlo aún es una gran incógnita.
Sobre todo, sin que se conozca el programa macroeconómico del Gobierno, que según el ministro está “muy definido” pero declinó hacerlo público.
Su sustituto visible es la ley de emergencia que, en principio, rige hasta fin de 2020, pero en su versión anterior se extendió a lo largo de 15 años.
Aunque hay consenso en que el crecimiento del PBI es una condición necesaria para reducir el peso del gasto público y de la deuda, la Argentina viene arrastrando un déficit del que pocos hablan: los números fuertemente negativos de la inversión productiva, que a su vez se traducen en nula creación (o destrucción) de empleos privados.
Rojo profundo
En este terreno, un reciente informe elaborado por la Fundación Capital–que dirige Martín R edrado–muestra resultados alarmantes.
El indicador de inversión exhibe nueve trimestres consecutivos en rojo (solo en 2019 se habría contraído 17,9% interanual) y este año registraría otro retroceso de 9,8%, incluso con un repunte en el segundo semestre.
Según estas proyecciones, la inversión acumularía en 2020 una caída de nada menos que 30% con respecto a 2017 y reduciría su participación a apenas 15,4% del PBI. Hay que remontarse a la crisis de
2002 para encontrar un peor resultado (11,3%).
El desplome abarca todos los componentes de la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF), que se divide en construcción y equipo durable.
Sólo el componente importado de este último se contrajo en dos dígitos anuales desde el segundo trimestre de 2018 y cerró el último año con una baja estimada de 27,2% (y -55% en material de transporte).
Una dinámica similar se registró en equipo durable nacional (-28,6% estimado en 2019), donde la producción local de automotores cayó
48% a uno de los menores niveles de los últimos 25 años. También la industria metalúrgica lleva más de un año y medio en terreno negativo (-8% acumulado a noviembre de
2019), con descensos en la producción de carrocerías, remolques y semirremolques (-15,1%); bienes de capital (-10,2%) y equipos y aparatos eléctricos (-7,5%).
Por su parte, la construcción también viene de 18 meses en baja, con una caída de 7,9% en 2019, que fue el único año de elecciones presidenciales donde el sector tuvo una retracción, tanto en obras privadas como públicas (en este caso por efecto del ajuste fiscal).
Si bien el informe prevé para este año una desaceleración en el ritmo de caída (-14,7% en equipo durable importado; -18,6% en nacional y - 3,8% en construcción), advierte que el resultado dependerá de varios factores como la renegociación de la deuda, la evolución del uso de la capacidad instalada industrial, el costo del crédito y, en menor medida, de la obra pública.
Pero también subraya que para crecer sostenidamente a una tasa de 5% anual, la participación de la inversión en el PBI debería ubicarse en torno de 25% según la experiencia de otros países en desarrollo.
Para ponerlo en otra perspectiva puede recordarse que un estudio del Cedlas, presentado en el último Coloquio de IDEA, estima que la Argentina debería crecer al 4% anual durante diez años consecutivos para reducir a la mitad sus actuales niveles de pobreza.
El desafío de recuperar la inversión privada –local y externa– depende fundamentalmente de la confianza en el futuro económico, que esta semana sufrió el golpe de varios errores no forzados del oficialismo.
Con diferencia de horas, Alberto Fernández habló en Europa de conversaciones constructivas con la nueva titular del FMI y, desde Cuba, Cristina Kirchner lanzó la chicana de reclamarle una quita de la deuda, que generó la réplica del vocero del organismo.
La vicepresidenta no desconoce que el estatuto del Fondo impide quitas, pero sostuvo que lo incumplió al otorgarle al gobierno de Mauricio Macri un crédito superior a la cuota que le correspondía al país.
En declaraciones a radio Ecomedios, el extitular del BCRA, Mario Blejer, explicó que es usual que en salvatajes a países en crisis se autoricen cuotas más altas y que, en todo caso, el Fondo puede contribuir indirectamente a reducir la deuda con decisiones que bajen el valor presente de los títulos soberanos.
Más extraño es que el propio Guzmán haya afirmado en el Congreso que esos créditos no se utilizaron para mejorar la capacidad productiva, cuando su destino es asegurar el pago a los acreedores, recuperar el acceso a los mercados y evitar el default.
Ahora la expectativa es si la misión del FMI que se encuentra en Buenos Aires emitirá –o no– la semana próxima un comunicado tras sus reuniones con el equipo económico, como señal sobre la marcha de las negociaciones.
Tampoco forma parte del estilo moderado del ministro el párrafo de que el Gobierno “no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente”, incluido en el comunicado oficial que anunció el reperfilamiento unilateral (con pago de intereses) del Bono Dual (AF20) hasta fin de septiembre, tras el fracaso de los dos canjes voluntarios.
Con el riesgo país nuevamente por encima de los 2000 puntos básicos, hay quienes creen que pudo ser una jugada para bajar el precio de los títulos.
Sin embargo, el problema fue otro bien distinto: la imposibilidad de emitir casi $100.000 millones de un día para otro sin poner en riesgo las brechas cambiarias y las expectativas de inflación, y –por añadidura– complicar el sendero de tasas en pesos para financiar al Tesoro.