LA NACION

“Elegimos a los dos que podían gobernar”

Urquía defendió su plan de aportar fondos para el Frente de Todos y Cambiemos

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Roberto Urquía, director de Aceitera General Deheza (AGD), fue el empresario que se convirtió en el principal financista de la política argentina durante la última campaña presidenci­al.

AGD donó $30 millones a la fórmula encabezada por Alberto Fernández-cristina Kirchner y otros $19 al binomio del expresiden­te Mauricio Macri-miguel Ángel Pichetto, según consta en los informes electorale­s entregados a la Justicia.

“Fue un apoyo al proceso democrátic­o. AGD tomó la decisión hace algunos años de que los aportes electorale­s son importante­s para que los candidatos puedan tener sus equipos y puedan realizar propuestas de gobierno. Eso no es gratis, no viene del cielo. Queremos propuestas de gobierno realizable­s y serias”, dijo ayer el empresario en diálogo con la nacion.

“Elegimos a los dos partidos políticos que tenían chances de gobernar este país. Pensamos que es importante contribuir para que los partidos puedan guiarnos en políticas que el país necesita. Como empresa nacional, necesitamo­s que nuestros activos se valoricen con el mundo y para eso la Argentina tiene que andar bien”, argumentó Urquía su estrategia a dos puntas.

Las donaciones de AGD, sin embargo, no fueron equitativa­s. La compañía aceitera primero desembolsó en las elecciones primarias abiertas de agosto $10 millones para la fórmula encabezada por Mauricio Macri, pero no realizaron aportes para el Frente de Todos. La situación cambió tras la victoria del kirchneris­mo en las PASO: para las generales de octubre, AGD desembolsó $30 millones para Fernández y volvió a aportar otros $9 millones para la campaña de Macri.

¿Por qué la diferencia? Fuentes del sector explicaron el descontent­o de la compañía por algunas de las políticas de Cambiemos para el sector, como que –sostienen– privilegió la exportació­n de materias primas en lugar de apostar al valor agregado de la agroindust­ria.

En sus donaciones electorale­s, AGD quedó en una zona gris que generó la nueva ley electoral ya que, por primera vez después de una década, volvió a permitir los aportes de empresas.

La normativa estableció un límite de $9 millones para personas jurídicas para las presidenci­ales y los aportes de la compañía se realizaron a través de distintas personas jurídicas, siempre bajo ese máximo. Pero si suman todos los aportes del grupo, AGD supera el tope porque suma $30 millones.

“Las personas jurídicas son entes individual­es. No todas las empresas tienen la misma conformaci­ón de tenencia accionaria. Necesitamo­s que los aportes sean transparen­tes y estén registrado­s debidament­e. Si hay zonas grises queremos que la Justicia lo clarifique para que no se comentan errores en el futuro”, aclaró Urquía.

Urquía es además accionista de ferrocarri­l Nuevo Central Argentino (NCA). En febrero del año pasado, declaró ante el juez Claudio Bonadio como acusado en la causa de los cuadernos de las coimas, por sospechas de pagos irregulare­s en las concesione­s ferroviari­as. Bonadio le dictó la falta de mérito.

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