Conflicto en La Pampa
Desde el 28 del mes último se mantuvo abierto en La Pampa un conflicto alentado por expresiones políticas y sociales intemperantes con modalidades de trabajo indispensables en actividades agrícolas comunes a todo el mundo desarrollado. Sin prórroga previa alguna a nuevas disposiciones sobre habilitación de centros de acopio transitorio y reciclaje (CAT) de bidones vacíos de herbicidas, funguicidas e insecticidas, la subsecretaría pampeana de Medio Ambiente prohibió, de un día para otro, la comercialización de agroquímicos en el territorio provincial.
Después de haberse verificado que la Fundación Campo Limpio ha concluido la instalación en debida forma de las plantas que se había comprometido a inaugurar en Alta Italia y Colonia Barón, aquella medida quedó sin efecto el pasado martes. Resta ahora a la mencionada fundación, constituida con aportes de 90 grandes y medianas empresas de la actividad agropecuaria, poner en condiciones de habilitación una tercera planta, la de Macachín.
Lo que no se dijo durante el conflicto fue que las autoridades pampeanas habían exigido además de Campo Limpio el cumplimiento de requisitos que no estaban inicialmente establecidos para la apertura de las plantas de reciclado. En medio de la tensión suscitada, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa recordó que entre el 60 y el 80 por ciento de los lotes sembrados con girasol se encontraban en el estado crítico de floración R1-R y, los de maíz, en estado V4-V8, situación también decisiva para la producción final de la gramínea. Ambos cultivos se hallaban, por lo tanto, frente a eventuales tratamientos de resolución urgente para su sanidad.
Las entidades gremiales representativas de los productores se manifestaron durante el conflicto de forma acorde con posiciones sostenidas en el orden nacional: el campo quiere ser protagonista de una producción sustentable en todos los sentidos, para el suelo, para el ambiente, para la productividad nacional y, en última instancia, para todos los habitantes del país. Pero rechaza constituirse en rehén de demasías ideológicas o de neurosis personales o colectivas que observan en el uso de fitosanitarios riesgos para los que en cambio hay ceguera en hogares y jardines cuando se apela a productos de naturaleza igual o parecida a los que se aplican en el ámbito agropecuario.
Quien conozca el rigor con el cual se desarrollan en los Estados Unidos, al margen de banderías políticas predominantes en un momento u otro, las funciones administrativas y de qué manera se cumplen allí las leyes, debe haber anotado la coincidencia temporal habida entre la controversia suscitada en La Pampa y una nueva declaración de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) norteamericana. La EPA ha declarado una vez más que “no hay riesgos de preocupación para la salud humana cuando el glifosato –el fitosanitario más difundido en el mundo en su tipo– se usa de acuerdo con la etiqueta, y que no es canceroso”. Ya había dicho esto mismo la EPA en 2016 y repetido en 2019 por el testimonio personal de dos de sus altos funcionarios.
De modo que no es el producto lo que daña, sino la ausencia de medidas indispensables para su aplicación, como ocurre con el consumo masivo de tantos productos o, sin ir más lejos, con la manipulación de elementos eléctricos o del gas, que pueden producir muerte instantánea, y nadie dice por eso que deban ser prohibidos. Como tampoco el encendido de un modesto fósforo que puede terminar haciendo estragos. Pero una cosa es actuar con responsabilidad y sano criterio y otra fomentar respuestas que bordeen el disparate, por ideología, paranoia o voluntad política lisa y llana de dañar.
Un ejemplo de demasías inaceptables está presente en el proyecto de ley enviado precisamente por el gobierno pampeano a la Legislatura provincial. Ese texto prohíbe pulverizaciones a menos de 3000 metros de poblados, cuando son aéreas, o de 2500 metros de distancia en el caso de las terrestres. Si ese proyecto se convierte en ley causará perjuicios enormes a la economía provincial solo por la pretendida excusa de conjurar riesgos que ya están debidamente controlados por buenas prácticas agrícolas fiscalizadas por la autoridad pública. Solo las violentan personas desprejuiciadas cuya conducta corresponde ser calificada por jueces independientes, despojados de prejuicios absurdos.
Por todo lo dicho, la relación del gobierno y de la Legislatura pampeana, en la que aquel tiene mayoría propia, sigue colocada bajo el foco de luces que iluminan, en definitiva, el estado de seriedad administrativa, política y jurídica del país.