Llorar de hambre. La cruda y urgente realidad del pueblo wichi
Las comunidades del norte de Salta donde se declaró la emergencia viven en la pobreza extrema; los caciques reclaman soluciones estructurales y a largo plazo
Gael Lucas Sambo tiene un año y cuatro meses. Sentado sobre la falda de su mamá, Josefa (27), no sonríe, tiene la mirada fija en un punto perdido. Alrededor, se levanta un precario rancho de adobe y madera, con trapos a modo de paredes; y, a la intemperie, hay una cama de una plaza con un trozo deshecho de goma espuma. Sobre la tierra, otro colchón improvisado. Una dramática postal de la pobreza extrema en la que viven las comunidades wichis del norte de Salta.
La familia de Gael vive en La Nueva Esperanza, una de las comunidades que integran La Puntana. Se encuentra en la frontera con Bolivia, a 45 kilómetros –20 de ellos por camino de tierra– de la localidad de Santa Victoria Este y dentro del departamento de Rivadavia, uno de los tres donde el gobierno salteño declaró, hace algunos días, la emergencia sociosanitaria. Desde que empezó el año, ya son ocho las niñas y los niños salteños que fallecieron a causa de deshidratación, desnutrición y otras problemáticas asociadas a las condiciones de altísima vulnerabilidad en las que viven.
recorrió el municipio de Santa la nacion Victoria Este, donde dos tercios de la población pertenecen a pueblos originarios. Entre las comunidades visitadas, no hay una sola que no haya tenido chicos con desnutrición o bajo peso.
Hace al menos un mes, los Lucas Sambo, como otras familias de la zona, no tienen agua porque la bomba de la escuela que los abastece se queda sin presión durante el día. Apenas salen unas gotas por la noche, que juntan en cacharros.
Sin DNI, Gael –que tiene dos hermanitas de 7 y 4 años, y una beba de dos semanas– no recibe el beneficio de la AUH. Lo que sí tiene es hambre y desnutrición grave: en noviembre, cuando se detectó que su situación era alarmante, pesaba 6 kilos con 400 gramos y medía 68,5 centímetros.
El caso de la familia de Gael es solo un ejemplo de la realidad que atraviesa a todas las comunidades wichis de la Argentina. Son aproximadamente unas 50.000 personas en las provincias de Salta, Formosa y Chaco. La situación más severa, según los especialistas y los referentes locales, es la de quienes viven más aislados monte adentro, en la región del chaco salteño.
El balance de los caciques, las organizaciones y los profesionales que trabajan en territorio es siempre el mismo: más allá de la atención de emergencia, reclaman soluciones estructurales y que se haga un trabajo articulado que incluya a las comunidades en las mesas de decisiones para dar respuesta a una problemática de largo arrastre. Sostienen que esta se agudizó en un contexto de extensión de la frontera agrícola y las industrias extractivistas, y la consiguiente pérdida del monte, el hábitat natural de estas comunidades.
El lunes pasado, el gobierno de Salta anunció el lanzamiento de un operativo que recorrerá las zonas en emergencia, además de Rivadavia, Orán y San Martín. Desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial, explicaron que “el objetivo es comenzar a repartir los 40.000 módulos alimentarios que se entregarán durante cuatro meses en aquellos sitios donde no hay conectividad para implementar la Tarjeta Alimentar y que se comprarán con fondos del gobierno nacional” (ver aparte).
Llegar a las comunidades del área de Santa Victoria Este −donde en diciembre asumió el primer intendente wichi de su historia, Rogelio Nerón− no es fácil. Son más de siete horas de viaje por ruta desde la capital de la provincia hasta el pueblo criollo, donde se abren los caminos de tierra a las comunidades wichis. Cuando llueve, como a principios de esta semana, se vuelven barriadas prácticamente intransitables, aun en 4x4.
En enero, Gael había subido 800 gramos gracias al tratamiento ambulatorio que recibe del equipo interdisciplinario de la asociación civil Pata Pila, que trabaja en la prevención, detección y el tratamiento de la desnutrición infantil. Está tomando antiparasitarios, vitaminas y hierro. Pero su realidad sigue siendo crítica: hace dos semanas, cuando Fanny Pérez, una acompañante familiar de la ONG, visitó a los Lucas, los chicos lloraban pidiendo comida. No tenían ni un paquete de arroz.
El clan Lucas Sambo está integrado por más de 20 personas, en su mayoría niños. Todos comparten una misma olla. Josefa, que tiene Chagas, perdió su documento y además de Gael, la beba recién nacida –que aún no tiene nombre– tampoco fue registrada, porque los parió en el rancho donde viven. Se mantiene callada mientras Fanny habla. Acota alguna frase con voz baja y pausada –un modo de hablar que se repite en las comunidades wichis– mientras sostiene a Gael en brazos. “Estamos intentando ubicar a la persona que el 30 de octubre del año pasado les tomó los datos en un operativo para hacerles los DNI, porque el trámite quedó en la nada”, explica Fanny.
Macarena Aucapiña, directora de Pata Pila para el área de Santa Victoria Este, suma: “Gael estuvo muy grave. El padre desconfía de la atención del hospital y les queda lejos. Se logró llevar al chico con la condición de traerlo de vuelta. Los análisis que se le hicieron muestran que Gael no tiene enfermedades de base. Es hambre”.
Según un reciente estudio realizado por un grupo de profesionales de la Universidad de Salta –producto de la beca Salud Investiga Abraam Sonis, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación–, las tasas de mortalidad en menores de cinco años de la zona de Santa Victoria Este (31.94 cada 1000 nacidos vivos) triplican las de la Nación y las de la provincia. Por otro lado, la de mortalidad infantil (muertes en menores de un año) las duplican. Desde el 12 de marzo de 2018 hasta el 12 de marzo de 2019, registraron la muerte de 13 chicos y chicas de menos de cinco años, todos pertenecientes a comunidades de pueblos originarios.
Panzas vacías
Elisabeth Ferrer es médica y desde 1985 trabaja junto a comunidades de Salta y en diciembre se jubiló como docente de la universidad. “Hay una exclusión de los pueblos originarios en general, pero donde más impacta es en el estado nutricional y en la calidad de vida de aquellos que habitan la región del chaco”, detalla.
La médica explica que el problema esencial es “que estas personas han sido expulsadas de sus territorios y perdido la posesión comunitaria de la tierra”. Al perder el monte se quedaron sin su fuente principal de alimentos y entre esos alimentos, el agua. “Esto va ocasionando un deterioro de la salud en todas las edades, pero los niños, al ser los más vulnerables, son lo que fallecen en mayor proporción. Con un estado inmunológico deprimido por la desnutrición, cualquier microorganismo les provoca una enfermedad que en ellos termina siendo grave”, ahonda.
Según la investigación citada, de la que Ferrer fue coordinadora, de los 150 niños con déficit nutricional que se registraron en la zona, más del 68% no contaba con las proteínas que necesitan diariamente para crecer y desarrollarse. “En un 80% no cubrían el calcio y un 92% el hierro, que son esenciales para que los órganos funcionen. Tampoco cubren las vitaminas necesarias”, concluye.
En el centro de salud de La Puntana –que agrupa a más de 5000 personas de distintas comunidades–, hace tres meses que no tienen agua. Tampoco médico. Solo reciben la visita de enfermeros y la atención de organizaciones como Pata Pila. No dan abasto.
Allí se ven casos como el de Gisela, que tiene 17 años, dos hijos y está embarazada del tercero. El mayor, Ezequiel, tiene casi 4 años. El más chiquito, Jonathan, está en tratamiento por bajo peso.
O rostros como el de Sara Suárez (47). Son nueve sus hijos y a los nietos –uno estuvo en tratamiento por desnutrición– les perdió la cuenta. Hace dos meses que no puede tomar el medicamento que necesita para sus huesos porque no llega al hospital. Extiende la mano y muestra el blíster vacío: “Me duele mucho. Hay días que no me puedo levantar”, dice. Se queda en silencio. Suspira.
Sin recursos
El hospital base de la zona es el de San Victoria Este, donde la semana pasada falleció una chica en presencia de la ministra de Salud de la provincia, Josefina Medrano. Según fuentes de ese hospital, hasta el momento este cuenta solo con cinco médicos generalistas de forma permanente y actualmente tiene dos ambulancias para un área operativa de 14.000 habitantes, que solo están preparadas para recorrer rutas pavimentadas. “Hay una camioneta 4x4 que está en service, pero no reúne los requisitos de una ambulancia. Por otro lado, van a venir pediatras y obstetras como rotativos por la emergencia”, asegura el médico Enrique Heredia, que fue ministro de Salud de la provincia y se encuentra provisoriamente a cargo del hospital.
En diciembre, después de que una de las ambulancias chocó de frente a una moto en la que viajaba una pareja de jóvenes wichis que fallecieron, en el pueblo hubo una revuelta. Fue la gota que rebalsó el vaso. Las comunidades exigieron que se cambiaran todas las autoridades del hospital, que ahora está acéfalo.
Mangueras pinchadas que recorren el suelo de tierra, cacharros llenos de un líquido amarronado, un mismo grifo para más de 20 familias, esas son algunas de las formas en que las comunidades se abastecen, como pueden, de agua.
Rafael Pérez, cacique de La Nueva Esperanza, intenta explicar lo inexplicable: “A veces por la noche sale un poquito. Una familia tiene una bomba y acarreamos con bidones. Cuando sale, el agua tiene piedritas y muchos bichitos. Solo en esta comunidad hay 23 familias en esta situación. Estamos sufriendo muchísimo”, cuenta.
En comunidades más cercanas a Santa Victoria Este, como El Cruce, donde viven 12 familias, la situación también es crítica. Víctor García, el cacique, cuenta que el agente sanitario que debería visitarlos, no va. Lo mismo pasa en El Cañaveral 1, donde son 32 las familias. Su cacique, Francisco Pérez, hizo varios reclamos, pero aún no tuvo respuesta. La desesperación de Pérez no le entra en palabras: “Además, el problema del agua es grande. El año pasado vinieron de la universidad y le hicieron el estudio y hay muchos parásitos”.
En el Buen Destino, a 3 kilómetros de Santa Victoria Este, vive la familia de Germán Juárez. Son 12 personas bajo el mismo techo. El hacinamiento es otro de los graves problemas. Dos de sus hijos, Mariano –que tuvo bajo peso, al igual que Rebeca, una de sus nietas– y Bernardo, tienen discapacidad. Germán, que nunca fue a la escuela, no sabe decir cuántos años tiene. Pide que alguien escuche su reclamo de viviendas dignas y pañales para Mariano. “Una bolsita sale 500 pesos, son muy caros, no podemos comprarlos”, cuenta.
Sobre los ranchos en los que viven las 12 familias de la comunidad, Germán agrega: “Los techos son de nylon y chapa; cuando llueve se moja todo o se vuelan con el viento”.
Eliseo Juárez es el cacique de la comunidad: “A veces llamamos al hospital porque tenemos un chiquito con fiebre y nos dicen: ‘Está cerquita, vengan’. Pero si llueve los caminos se vuelven muy difíciles. No hay remedios. No hay médicos”, concluye con los hombros caídos. Y se calla. Cansado. Casi resignado.