Sin resistencia en la Corte
El proyecto del Poder Ejecutivo de reforma del régimen jubilatorio de los jueces encontró a la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, sin el ánimo beligerante con el que en otros tiempos hubiera resistido una iniciativa semejante.
Atravesada por peleas internas, la Corte no tiene hoy cohesión ni un representante que hable por los cinco jueces. La presidencia de Carlos Rosenkrantz tiene un estilo muy diferente de la de Ricardo Lorenzetti, que concentraba enorme poder.
Al cambio de nombres y de estilos hace más de un año se sumó una reforma interna que modificó la toma de decisiones: se necesitan tres votos para casi todo lo que antes la presidencia decidía por sí misma. Esa diferencia interna es la prueba más elocuente de que en la Corte actual ya no hay delegación; mucho menos, para las negociaciones externas.
Pero además Rosenkrantz y Lorenzetti tienen una concepción diferente de lo que debe ser la Corte. Para Lorenzetti, tiene un rol político, está llamada a diseñar y poner en marcha políticas de Estado. Nada más lejos de las ideas de Rosenkrantz, que sostiene que lo que debe hacer es resolver casos, ser un tribunal jurisdiccional, mucho más técnico, y no político. Es una discusión no saldada.
“Ya no es más la Corte, ahora son cinco ministros distintos con los que hay que hablar cada cosa”, dijo ayer a la nacion un juez que conoce bien a los miembros del tribunal y pretende que se pongan al frente de la oposición al proyecto de reforma del régimen jubilatorio. Tiene pocas esperanzas. “No se quieren meter”, protestó.
Los ministros van a conversar
sobre el tema este martes, en un acuerdo semanal, dijeron fuentes de la Corte.
En el Palacio de los Tribunales dicen que las conversaciones que tuvo Rosenkrantz con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, fueron todas de tono institucional, y que no hubo negociaciones previas a la presentación del proyecto.
En las vocalías de otros ministros no niegan haber hablado del tema con el Poder Ejecutivo. En una de las oficinas relataron incluso que el mensaje que le dieron al Gobierno es que la Justicia podría aceptar cambios siempre que fueran a futuro, sin afectar los derechos ya adquiridos. Qué entiende la Corte por derechos adquiridos va a ser la cuestión. Y no solo en lo que respecta a los jueces; también, en relación con el régimen general, que el Presidente acaba de reformar. “La Corte tiene que tener un caso para resolver sobre eso y no lo tiene. Pueden pasar años”, dijo un funcionario del tribunal.
Extraoficialmente, hay jueces –incluso de la misma Corte– que admiten que hay asuntos del régimen especial de los magistrados que son difíciles de discutir, como la edad jubilatoria (hoy se jubilan con 60 años), pero les cae muy mal que el proyecto establezca que para calcular las jubilaciones se tome el promedio de los sueldos de los últimos diez años, cuando hoy se toma solo el último. Temen perder en la actualización. Algunos magistrados que venían conversando el tema con el Gobierno lo consideraron un golpe inesperado. Dicen que si lo que quería el Poder Ejecutivo era dar una señal política, lo podría haber hecho sin incluir este punto.
Los principales emblemas de la resistencia son hoy la Asociación de Magistrados, que la semana pasada se reunió con Rosenkrantz y tiene previsto en estos días un encuentro con Elena Highton de Nolasco, y el gremio judicial, con Julio Piumato a la cabeza. Por lo bajo, hay quienes lamentan que los jueces de la Corte estén exceptuados y el proyecto no los incluya dentro del nuevo régimen.
Dentro del máximo tribunal, algunos le bajan el tono a la cuestión. Dicen que ahora se abre una instancia de negociación en el Congreso y que, como pasó con el impuesto a las ganancias, esta nueva ley va a permitir interpretaciones y excepciones. “Sin dudas es un cambio a largo plazo, pero vamos a ver a quiénes afecta hoy. ¿Cuántos jueces conocés que estén pagando Ganancias?”, dijo un alto funcionario judicial que da por sentado que la nueva ley no va a alcanzarlo.