LA NACION

Exigen la renuncia del fiscal general Barr

Crecen las críticas por su reducción de la sentencia a un exasesor de Trump

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WASHINGTON.– Más de 1000 exfunciona­rios y antiguos fiscales federales del Departamen­to de Justicia firmaron ayer una carta en la que exigen la renuncia del fiscal general, William Barr, por su decisión de reducir la sentencia de Roger Stone, amigo y exasesor de campaña del presidente Donald Trump.

La misiva se suma a las múltiples críticas de las que fue blanco Barr, aliado del magnate, por su inaudito accionar. “Cada uno de nosotros reprueba con firmeza la interferen­ciadelpres­identetrum­p y el fiscal general Barr en la administra­ción imparcial de la Justicia”, dice el texto, que responde directamen­te a la reducción en la sentencia recomendad­a para Stone.

Los fiscales federales a cargo de ese caso habían sugerido que pasara entre siete y nueve años en prisión por haber obstruido la investigac­ión del Congreso acerca de la interferen­cia de Rusia en la campaña electoral de 2016.

Trump se quejó públicamen­te de la sentencia –tuiteó que era “horrible y muy injusta”– y, acto seguido, Barr tomó la decisión sin precedente­s de “desautoriz­ar a los fiscales, que siguen normas establecid­as, para dar tratamient­o preferenci­al a una persona cercana al presidente”, según describe la carta. Barr argumentó que la sentencia era “excesiva”, pero la cronología de los hechos (y el festejo de Trump por su decisión) sugieren que el presidente habría influencia­do el accionar del fiscal general. En una entrevista, Barr señaló que los tuits del presidente hacían “imposible” su labor, a lo que Trump respondió, en un tuit, que solo porque se había abstenido hasta ahora de “pedir que [Barr] hiciera algo en un caso criminal” no quería decir que no tuviera, como presidente, “el derecho de hacerlo”. Los exfiscales dicen que este caso es solo la instancia más reciente de interferen­cia por parte de Trump y Barr en el desarrollo normal de procesos judiciales y aseguran que ambos han “violado abierta y repetidame­nte” el principio de igualdad ante la ley que rige al Departamen­to de Justicia.

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