Cómo está hoy el sector privado
Un proyecto oficial, luego desactivado, prendió una alarma; cuál es la realidad hoy del sistema prestador.
En la argentina hay 8444 camas de terapia intensiva para adultos :2516 son del sector público y 5928, del privado. Así, siete de cada diez pertenecen a empresas y entidades de medicina prepaga, a clínicas independientes, y a obras sociales. Los datos surgen de un relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación hecho en forma reciente, a partir de la llegada del coronavirus al país, según dijeron a la fuentes de esa cartera. nacion El sector privado y el de la seguridad social le dan cobertura a alrededor de dos tercios de la población del país. Según un informe elaborado por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), sobre la base de datos del Indec y de la cartera de Salud, 52% de la población (unas 23,4 millones de personas) está cubierto por las obras sociales; 34% (15,3 millones), por el sistema público, y 14% (6,3 millones de personas), por la medicina privada (algunos asalariados triangulan aportes salariales).
Un aspecto crítico en una pandemia, además del nivel de ocupación que haya por incidencia de otras enfermedades, es la forma en que están distribuidas las camas de internación en general y las de terapia intensiva en particular. Y no solo en referencia a si son del segmento público o privado, sino también en cuanto a lo geográfico. En el Gobierno señalan que, trabajando con una hipótesis de impacto medio, el coronavirus planteará la necesidad de entre 2000 y 3000 camas críticas y que, por eso, se está procurando disponer de 1000 adicionales.
Más allá de esos números y del plan que dicen tener los funcionarios, los directivos del sector privado –también en busca de estrategias para ampliar el número de camas– vivieron esta semana horas de ánimos alterados. La calma se alcanzó el jueves al mediodía, tras una reunión con el ministro Ginés González García, quien les aseguró –según lo comunicado por la Unión Argentina de Salud (UAS), la asociación que reúne a las entidades– que no habrá una apropiación ni de establecimientos ni del poder de distribución de los pacientes afectados por coronavirus.
Horas antes de ese diálogo se había encendido una luz de alerta entre los referentes de esta actividad y una reacción de los afiliados en las redes sociales, tras conocerse que el ministro de Salud había dicho, en una videconferencia con diputados, que analizaba un decreto para declarar “de interés público” todos los recursos para la prestación médica existentes en el país.
Algo que varios directivos de las entidades conocían desde antes era que en la Superintendencia de Servicios de Salud se preparaba un listado de precios de transferencias por servicios entre sectores prestadores. Pero esos cruces intersectoriales bien podrían darse en un marco que no implique una intervención estatal como la que se desprendía de las palabras de González García. Magonza dice que en episodios como los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, la tragedia de Once o el brote de bronquiolitis de hace unos años, se salió en auxilio del sector público. “La transferencia se tiene que dar en un marco de diálogo, colaboración y complementación”, afirma quien es directivo de la UAS.
El universo de entidades que se mueven en este mundo de la atención sanitaria es heterogéneo. Hay ocho entidades financiadoras que concentran el 70% de los afiliados, según datos de la consultora Claves: se trata de OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medicus, Medifé, Sancor Salud y el Hospital Italiano. La mayoría de estas empresas e instituciones grandes son, además de financiadoras, prestadoras, lo que significa que tienen centros médicos propios.
Por estos días, tanto los lugares de atención ambulatoria como los centros de internación tienen una lógica y significativa reducción de su nivel de actividad. “La atención ambulatoria se desplomó y lo que estaba programado se difirió; hay patologías que sí se siguen atendiendo”, dice Jorge Piva, director general de Medifé, describiendo un escenario común entre los actores del sector.
“El número de consultas es el 10% del habitual”, estima Magonza, que es director del Cemic. Agrega que se están buscando mecanismos para que los prestadores puedan documentar y facturar una práctica que no había sido demasiado habitual hasta ahora: la telemedicina. Adaptarse a esa modalidad –aunque sea parcialmente– permite, por un lado, que algunos pacientes reciban la atención requerida y, por otro lado, que los prestadores puedan acceder a ingresos.
Según el economista Jorge Colina, asesor de Adecra+cedim, una cámara que agrupa a clínicas y centros de atención, al tratarse de una actividad mano de obra intensiva, seis de cada diez pesos de los recursos de los prestadores van a salarios y cargas sociales. Por cada cama trabajan entre 6 y
Las entidades privadas y de la seguridad social (obras sociales) dan cobertura a alrededor de dos tercios de la población del país
De las camas de terapia intensiva, factor crítico en la pandemia, 70% está en el sector privado, según un relevamiento oficial
8 personas, dice, contando al personal médico, de enfermería y de mantenimiento, entre otros servicios.
Ya con la pandemia declarada y apenas iniciado el aislamiento social obligatorio (ambas situaciones llevaron a una inmediata baja del nivel de actividad en las clínicas), el Gobierno estableció, por decreto y para estos empleadores, una reducción del
95% de las contribuciones patronales para el sistema jubilatorio, y una rebaja de las alícuotas del impuesto al cheque. Ambas medidas, por 90 días. Además, se dispuso que los trabajadores recibirán una asignación de $5000 por las tareas cumplidas en abril, mayo, junio y julio. Esos pagos estarán a cargo del Estado nacional.
problemas con historia
Más allá de la situación actual, el sector lleva años advirtiendo sobre diferentes aspectos que afectan su ecuación económica y financiera.
Uno de los temas es el impositivo. Según Colina, entre otros varios problemas está el hecho de que la exención del IVA otorgada en forma total a las obras sociales y en forma parcial a las prepagas (ambos, actores financiadores del sistema) impide que sean descargados los créditos de ese impuesto que tienen los prestadores. Y otro tema pendiente de resolver en lo tributario es el de las deudas acumuladas por muchas clínicas, sobre todo las independientes (no las de las prepagas), que dejaron de pagar sus obligaciones con el fisco, amparadas en la emergencia sanitaria declarada en 2002 y prorrogada hasta ahora. En función de ese paraguas, la AFIP no puede ejecutarlas, pero esa “solución”, si bien de larga data, es transitoria: la deuda no está perdonada.
Otra cuestión que siempre está en el eje de los debates es la definición de qué y cómo deben cubrir las obras sociales y las prepagas. Las entidades manifestaron históricamente su rechazo a que diferentes leyes vayan sumando la obligatoriedad de dar coberturas sin prever las fuentes o modalidades de financiamiento. Y hay quienes reclaman que exista mayor flexibilidad en cuanto a los planes de salud que se pueden vender. La inflación médica, se señala, tiene su vida propia más allá de la general, dados los avances tecnológicos, la aparición de nuevas prácticas y el efecto del envejecimiento poblacional.
Desde hace muchos años, la vía de salida al incremento de los costos son las constantes subas de cuotas que pesan sobre los afiliados. En 2019 hubo aumentos en ocho de los doce meses, que acumularon un 62%, un índice bastante superior a la inflación del año (53,8%). Pero no todo eso fue trasladado del sector financiador al prestador: ese es otro de los temas problemáticos en la actividad.
Aun con esa suba de cuotas, se insiste en que hay un retraso acumulado de los ingresos respecto de las subas de costos. Según Magonza, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2019 las cuotas aumenta ron un 949%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (según estimaciones privadas) avanzó un 1053%; el dólar (del que dependen varios insumos), un 1364%, y los gastos de la salud en general, un 1311%. Los salarios de la sanidad quedaron por debajo de esas cifras, con un alza del 846%.
Durante todos esos años no hubo estrategias significativas que evitaran o aliviaran las subas de cuotas que afectan los bolsillos de los afiliados, y muchos se fueron pasando a planes de menor valor monetario.
Dar solución a la ecuación del sector no es tarea simple, porque la identificación misma de los problemas depende de los anteojos que se usen. Desde la mirada de los usuarios, siempre habrá mayores requerimientos de servicios y pedidos de frenos al aumento de las cuotas. Para decidir cómo compatibilizar intereses y administrar tensiones hace falta un debate en profundidad y también, al menos según advierten algunos referentes, un escenario que integre en algunos aspectos a los subsistemas sin que cada uno de ellos deje de existir, y en el que juegue su rol el Estado, garante último del acceso a las prestaciones para toda la población.