El Gobierno sufrió una goleada en Tribunales
Si fuese un partido de fútbol, el Gobierno sacaría del medio después de varios goles en contra. La Justicia le propinó un fuerte revés a la estrategia expropiatoria de la Casa Rosada en el caso Vicentin al reponer los órganos de administración y, fundamentalmente, al no reconocer la intervención, para colocarlo en el mero lugar de veedor.
Tal fue el golpe que en la Casa Rosada y la gobernación de Santa Fe circuló un nuevo proyecto de intervención que, en pocas palabras, reconoce la autoridad del juez del concurso y deja de lado, por ahora, la expropiación.
Es la primera decisión de peso del juez del concurso, Fabián Lorenzini. El magistrado plantó bandera y se posicionó como autoridad en el proceso, más allá de la incontinencia regulatoria que salió como tromba –y floja de sustento jurídico– de Balcarce 50.
La historia de Vicentin empezó con el anuncio de la intervención y el proyecto de expropiación. El presidente Alberto Fernández encabezó la ofensiva. Luego llegó un decreto mediante el cual se dispuso desplazar a los directores y, además, se nombró una intervención que tendría a su cargo la administración de la compañía. Aquella ensalada regulatoria se basó en algunos artículos de la ley de expropiaciones y utilizó un instituto llamado “ocupación temporaria anormal”.
Pero el herramental olvidó que un juez, justamente puesto por otro poder del Estado para custodiar la integridad de la compañía para poder hacer frente a las deudas, ya intervenía. Si hubiese que recrear un diálogo, el magistrado le dijo al Poder Ejecutivo que toque timbre antes de entrar. Encantado, le abrió la puerta para mirar, pero eso de tocar, cambiar de lugar, vender o regalar, por ahora, no lo puede hacer.
El decreto había desplazado a los directores y el juez los volvió a establecer. Aquella norma había dispuesto que los interventores enviados por el Gobierno pasaban a administrar la sociedad plenamente. Ahora van a ser simples veedores en los términos de la ley de concursos y quiebras –con facultades mucho más limitadas– y no del decreto, que les daba la potestad total sobre bienes y gestión.
En algún punto, el magistrado volvió a tomar la conducción de la empresa y, si bien pudo nombrar un interventor, dejó la gestión en manos de los ejecutivos establecidos por la asamblea de accionistas.
Uno de los efectos puntuales de la medida es determinante: Gabriel Delgado, el interventor nombrado por el Poder Ejecutivo, deberá reportar al magistrado y no al Gobierno. Al menos en sus acciones dentro de la empresa.
Según los fundamentos del juez, la figura del interventor procede “para aquellos supuestos de realización de actos prohibidos, ausencia no autorizada, ocultamiento de bienes o información y toda otra conducta que genere perjuicio a los acreedores”. Nada de eso, según su visión, se puede ver en la causa.
Delgado tendrá ahora, según palabras de Lorenzini, funciones de “seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervenciones del órgano de administración”.
Además, se declaró incompetente para entender en la nulidad del decreto. Todos deberán contestar los traslados y, entonces, se resolverá más adelante . Mientras tanto, tomó las riendas del concurso.
Falto de reflejos, anoche el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, llegó a Olivos con un proyecto de intervención por parte del órgano de contralor de sociedades provincial. Tarde y con poco ímpetu. Claro que el juez podrá aceptar esa aspirina del oficialismo santafesino. Pero nadie lo podrá ignorar: cualquier remedio futuro deberá pasar por su despacho y tener su firma. Lo dejó claro en la resolución de ayer.
La historia será larga. Si el Gobierno apela, se podrá apreciar un increíble paisaje: un poder del Estado discutiendo la decisión de otro por la cual un magistrado no hace más que encuadrarse dentro del derecho consagrado. Siempre hay resquicios por donde argumentar contra una decisión judicial. Y esta seguramente los tiene. Pero la política no sabe de fronteras cuando pone en la mira “empresas testigo”. Hasta ahora, siempre fueron los tribunales internacionales los que le recordaron las fronteras. Esta vez, un silencioso juez de Reconquista.