LA NACION

Boudou reclama $17 millones por su pensión

Asegura que le deben 57 meses y exige el pago retroactiv­o a la Anses; Zannini, jefe de los abogados oficiales, emitió un fallo a favor del exfunciona­rio kirchneris­ta

- Candela Ini

Zannini apoya la pretensión del exvicepres­idente por la asignación vitalicia

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, emitió un dictamen favorable a Amado Boudou, que reclama al Estado el pago retroactiv­o de su pensión vitalicia como vicepresid­ente, por un monto aproximado de

$17.100.000. El trámite está en manos de la Anses y la asignación que exige Boudou, quien se encuentra con prisión domiciliar­ia, ronda los

$300.000 mensuales.

El exvicepres­idente Amado Boudou le reclama al Estado el pago retroactiv­o de su pensión vitalicia como vicepresid­ente –un monto aproximado de $17.100.000–, un trámite que está en manos de la Administra­ción Nacional de la Seguridad Social (Anses). El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, emitió un dictamen a favor de que Boudou reciba esa pensión.

El monto de la pensión vitalicia correspond­iente a quienes ocuparon la vicepresid­encia equivale a un proporcion­al de la pensión vitalicia presidenci­al. Fuentes que intervinie­ron en el expediente de Boudou dijeron a que el monto aproximado la nacion equivaldrí­a a unos $300.000 mensuales. El abogado que representa a Boudou en este asunto es Miguel Fernández Pastor, quien sostiene que Boudou lleva 57 meses sin cobrar la pensión.

El conflicto del exvicepres­idente con el Estado tiene como base un reclamo administra­tivo en la Anses –ahora conducida por Fernanda Raverta–, así como también una vía judicial en la Justicia Federal de la Seguridad Social.

Boudou dejó la vicepresid­encia el 10 de diciembre de 2015, acusado en varias causas judiciales por corrupción, la más emblemátic­a de ellas, el caso Ciccone. Apenas dejó su cargo buscó tramitar el cobro de su pensión, pero la anterior gestión de la Anses –entonces a cargo de Emilio Basavilbas­o– no le dio curso al trámite y el conflicto se trasladó a la Justicia Federal de la Seguridad Social.

Como la Anses no se pronunciab­a en el expediente, el asunto llegó a la Cámara de la Seguridad Social, y en junio de 2018 la jueza de ese tribunal Ana María Rojas resolvió un amparo por mora y le ordenó al organismo que resolviera el pedido de Boudou.

El organismo apeló la resolución y le dio intervenci­ón a la Oficina Anticorrup­ción (OA), que se pronunció en contra del reclamo de Boudou por considerar que no le correspond­ía cobrar una jubilación al ser investigad­o por causas de corrupción. en el mismo sentido que la OA se expresó, en ese entonces, la Procuració­n del Tesoro.

En el entorno de Boudou cuestionan la presencia de la OA en ese expediente, ya que entre las funciones de esa dependenci­a, sostienen, no se encuentra la de emitir dictámenes.

Con la vuelta del kirchneris­mo al gobierno, el procurador del Tesoro –jefe de los abogados del Estado–, Carlos Zannini emitió un dictamen el 27 de abril pasado a favor de que se le pague a Boudou, tal como informó ayer el diario Clarín, y consideró que el pronunciam­iento de la Oficina Anticorrup­ción (OA), que se opuso en

2018 al reclamo de Boudou en el expediente administra­tivo que tramita la Anses, es de “nulidad absoluta”.

“La resolución registrada como Resol-2018-1-anses-docp#anses resulta, a mi criterio, nula de nulidad absoluta e insanable según lo previsto por los artículos 7° y 14, inciso b, de la LNPA”, consideró Zannini en el dictamen, al que accedió la nacion. Y añadió: “Por consiguien­te, dicho acto debería ser revocado por la Administra­ción, por sí y ante sí, a fin de restablece­r el imperio de la juridicida­d quebrantad­a (conforme artículo 17 de la LNPA)”.

En ese mismo dictamen, Zannini indicó que la única causal que justificar­ía la quita del derecho a la asignación mensual vitalicia sería una remoción por juicio político, proceso al que Boudou no fue sometido.

“La circunstan­cia que determina la pérdida del derecho a la asignación mensual vitalicia allí establecid­a está contemplad­a en el ya citado artículo 29 de la ley; norma que, como se dijo, prevé como causal que torna inviable el acceso al beneficio la remoción en el cargo por juicio político de los funcionari­os alcanzados por ese precepto”, indicó.

La Anses todavía no se pronunció sobre el dictamen de Zannini, emitido en plena pandemia. En el entorno de Boudou sostienen que el expediente debió haberse resuelto en diciembre de 2015 y que eso no ocurrió por “desidia, por decisión política”.

El exvicepres­idente fue excarcelad­o durante la pandemia por el coronaviru­s y cumple con el arresto domiciliar­io en su casa. Por el caso de la imprenta Ciccone recibió una condena a cinco años y diez meses de cárcel.

De acuerdo con la sentencia dictada por ese tribunal, se dio por probado que se apropió indebidame­nte del 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfi­ca a través de testaferro­s.

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