Una medida que apunta a preservar la empresa

¿ Por qué un juez comercial de Reconquista, en Santa Fe, puede plantarse ante un decreto presidencial y desplazar a los interventores nombrados por esa norma y restituir en la administración de Vicentin a los directores de la empresa elegidos por sus accionistas?

Porque está investido de la autoridad que emana del cumplimiento de la ley. Su obligación como juez comercial es preservar la empresa, su patrimonio, que la firma pueda seguir funcionando y que se paguen las deudas.

Y el juez Fabián Lorenzini cumplió así con su mandato legal, porque entendió que el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández amenaza con paralizar la empresa y llevarla a la quiebra. Consideró que el DNU generó una impasse que “amenaza con afectar negativamente” la empresa, su giro comercial, su actividad, y entraña el “riesgo de paralización de sus actividades”. Y dijo que debía tomar medidas urgentes para evitar un daño irreparable.

Nacido en Laureles, un paraje cercano a Reconquista y conocedor de la actividad rural, el juez Lorenzini, de 43 años, se formó en la Universidad Nacional del Litoral, donde se recibió a los 24 años, con el primer promedio de la Facultad de Ciencias Jurídicas, por lo que fue premiado por la Corte Suprema de Justicia. Al firmar su decisión, entendió que el DNU generó “incerteza jurídica” sobre quiénes son los administradores de la firma y una disputa sobre quién preside la sociedad.

Para el magistrado, la intervención presidencial y, encima, la anunciada ley de expropiación “provocan una situación disruptiva” en el proceso judicial, ya que amenazan con paralizar las actividades de Vicentin.

Lo escribió clarito en su sentencia, en la que considera que esta situación hace necesaria que su actuación como juez tenga como objetivo “brindar certeza y seguridad jurídica” para la empresa, sus acreedores, proveedores y empleados, cuestión que puso en crisis la intervención federal dispuesta sobre la firma en momentos en que se tramita el concurso.

La solución de Lorenzini de colocar a los interventores judiciales como veedores y restituir la firma a los administradores es válida en esta etapa que él llama “período transicional”, hasta tanto un juez federal decida si es constitucional o no el DNU de Alberto Fernández.

“No es posible dudar acerca de que, si no fueran adoptadas las medidas tendientes a recomponer este escenario de crisis, muy posiblemente se precipitaría la quiebra de la empresa en crisis”, dijo el juez Lorenzini, con dramático realismo. Esas fueron las consecuencias riesgosas del decreto –y no otras– que esta solución judicial busca remediar.

El veedor, que es la figura que le reservó el juez al interventor judicial, tiene una función de seguimiento, pero no decide, no interviene en la administración, que quedó en manos de los administradores naturales. Estos veedores controladores son provisorios, dijo el juez comercial, mientras dure la intervención que el DNU fijó en 60 días.

“Debemos recordar que una de las funciones primordiales del proceso concursal es la preservación de la empresa en crisis, de su patrimonio y su continuidad operativa” para “afrontar su reestructuración, brindando a todos los acreedores verificantes condiciones paritarias y razonables”.

A pesar de los esfuerzos del juez por salvar la empresa, la quiebra podría llegar, de todos modos, si el concurso fracasa. Pero, al menos, la Justicia les dio la chance a la propia empresa y a sus acreedores de ayudarse para sanearla.