La mala praxis y el relato golpean las expectativas
Si las expectativas económicas ya venían dañadas antes de que se agravara la curva de contagios del coronavirus, los nuevos frentes de conflicto abiertos ahora por el gobierno de Alberto Fernández agregan más incertidumbre al rumbo de corto plazo.
No se trata solo de la ausencia de un plan económico en el horizonte o del incierto replanteo de las medidas de asistencia estatal entre las actividades más o menos afectadas por la cuarentena, que en el AMBA tampoco tiene un final a la vista.
La novedad de las últimas dos semanas fueron los casos de mala praxis oficial, encubiertos por un relato del albertismo que reflota los anacrónicos dogmas del cristinismo, invoca indebidamente el concepto de soberanía, ensancha la grieta política y genera tanta confusión como desconfianza en el plano institucional.
Hasta la atinada determinación del Presidente de evitar el noveno default de la Argentina –que sería un duro golpe para la economía pospandemia– quedó envuelta en este clima de incertidumbre, por más que los mercados externos siguieran apostando a un acuerdo entre el Gobierno y los tres comités de acreedores privados para evitar males mayores. Como era previsible, la negociación se tensó al máximo después de las sucesivas prórrogas para mejorar la oferta inicial, que ahora agregan otra por más de un mes, hasta el 24 de julio.
En números, la distancia entre el valor presente que calculan ambas partes (US$6000/7000 millones, prorrateados en 20 años) no justificaría una ruptura, pero eso dependerá de una decisión política. También lo fue pagar vencimientos entre diciembre y abril por
US$4500 millones para demostrar una negociación de “buena fe”. A esta altura podrían considerarse pagos inútiles y/o mala praxis. Lo mismo que la insistencia del ministro Martín Guzmán en la sostenibilidad teórica de la deuda hasta
2030 con aval del FMI, cuando –en plena pandemia, con desplome del PBI y creciente emisión monetaria– es una incógnita la sustentabilidad de la economía para este año y los subsiguientes.
Pero, además, el Ministerio de Economía aportó una rebuscada definición para poner en marcha un inusual canje inverso, de bonos en pesos por bonos en dólares. Con el argumento de recuperar la “soberanía monetaria” y construir una curva de rendimientos en pesos con opciones de ahorro y financiamiento para el sector público y privado a mediano plazo, anunció la emisión de tres bonos en dólares por US$500 millones cada uno, que serán licitados en agosto, septiembre y noviembre y podrán ser suscriptos con instrumentos en pesos. En otras palabras, se trata de una medida para que los tenedores externos de bonos (en especial, el fondo global Pimco) renueven hasta entonces los vencimientos en pesos y no los vuelquen de inmediato a la compra de dólares en el mercado.
La primera experiencia resultó exitosa, tras el refinanciamiento de casi $130.000 millones (82% del total que vence pasado mañana) a tasas de 29% anual nominal. No obstante, el concepto de soberanía monetaria va por otro lado: implica estabilizar la economía, también de forma sustentable, para que el peso no siga perdiendo valor frente a la alta inflación de dos dígitos anuales que la Argentina padece desde hace décadas.
En cambio, el Gobierno acaba de sufrir un inesperado traspié con la decisión del juez de Reconquista a cargo del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, de reponer en sus funciones a los administradores de la empresa y mantener a los interventores designados por el Poder Ejecutivo solo como veedores-controladores.
Aunque el proyecto de ley de expropiación no fue enviado esta semana al Senado como estaba previsto (ante la posibilidad de que no sea aprobado por la oposición en Diputados), esta novedad judicial pone en jaque a la combinación mala praxis-relato con guion K.
Sin ir más lejos, la TV Pública describió el jueves la trayectoria de Vicentin a través de un breve como sesgado video con formato de línea de tiempo. Los hitos: fue creada en la gran depresión mundial de 1929; amplió su capacidad en las décadas posteriores; se expandió durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía y de Rafael Videla; se diversificó con el cristinismo y se sobreendeudó con el macrismo, hasta desembocar en una crisis similar a la del gobierno anterior.
Por su lado, la Casa Rosada ya había comenzado a desactivar el insólito concepto de “soberanía alimentaria” utilizado por Alberto Fernández al anunciar la intervención. Llamativamente, este argumento no apareció en los extensos considerandos ni en el articulado del DNU que dispuso la medida. Pero su sola mención encendió luces de alarma en la cadena agropecuaria; no tanto porque es claramente aplicable a los países más pobres importadores de alimentos y no a los exportadores como la Argentina.
Según la definición validada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la “soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países”. O sea que, si adoptara taxativamente la primera parte, el Estado tendría una excusa política para intervenir en las decisiones de producción del sector privado. El detalle es que el organismo lo incluye para los países de Centroamérica con menor producción de alimentos.
A diferencia del decreto, la soberanía alimentaria aparece solo con algunas citas marginales en el instructivo con el membrete del Frente de Todos destinado a aportar al bloque oficialista de diputados una serie de consignas en defensa de la iniciativa. Pero el dato saliente de este documento de 39 páginas (que LN Digital publicó el lunes último), es que dedica más de un tercio del texto a evaluar la repercusión mediática bajo la óptica de la grieta política. Concretamente, detalla el número de entrevistas realizadas por las principales radios y canales de televisión a referentes del oficialismo (36%) y de la oposición (64%) desde el anuncio presidencial. También transcribe citas textuales de políticos, empresarios y periodistas. Y llega a la consabida conclusión de una supuesta campaña mediática orquestada por dirigentes opositores; en especial de Juntos por el Cambio, al vincularlos con el millonario aporte de Vicentin a la campaña electoral de Mauricio Macri.
No es la única, ya que agrega una encuesta con más de 80% de respuestas a favor de una mayor intervención del Estado en la economía pospandemia para llegar a otra conclusión polémica. “El carácter profesional y científico de las gestiones de YPF, Aerolíneas Argentinas y AYSA, por citar casos paradigmáticos en sociedades con participación estatal mayoritaria, demuestra que el rol de la gestión estatal está vivo y vigente en el día a día de la economía. Es así en casi todo el mundo”, expresa.
La figura de la línea de tiempo fue empleada también ayer por el senador Mariano Recalde para explicar el previsible cese de operaciones de Latam Argentina: “Latam ganó con el kirchnerismo, perdió con el macrismo y no resistió al coronavirus”, simplificó. El extitular de Aerolíneas Argentinas omitió que Latam compitió en desventaja con Aerolíneas Argentinas, cuyas pérdidas fueron cubiertas por subsidios del Estado (casi US$4800 millones en el período 2011/19) que pagan todos los argentinos, aun aquellos que nunca hayan subido a un avión. Y que, en plena pandemia, recibió el golpe de gracia con la intimación del Ministerio de Trabajo para pagar el 100% de los sueldos, cuando sus ingresos bajaron a menos de cero por la devolución de pasajes emitidos y los sindicatos aeronáuticos rechazaron el recorte de 50%.