vandalismo rural y odio ideológico.
Se impone que las autoridades nacionales y provinciales actúen frente a los atentados registrados recientemente contra establecimientos agropecuarios
Se impone que las autoridades actúen frente a los atentados contra establecimientos agropecuarios registrados recientemente.
Más de treinta atentados en los últimos meses, algunos cometidos en las últimas horas, contra establecimientos agropecuarios en diferentes partes del país deberían haber convocado ya a una acción conjunta entre el gobierno de la Nación y las provincias afectadas en tan gravísimos incidentes. Ni uno solo de esos delitos ha sido esclarecido hasta el presente. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dijo anteanoche que la actitud pasiva del Presidente adquiere la preocupante característica de un “silencio cómplice”.
En algún caso, como la quema de sembradíos, ha quedado abierta la posibilidad de que se hubiera tratado de efectos ígneos derivados de una sequía. Pero ¿qué decir de los demás hechos? ¿Acaso fue una fatalidad de la naturaleza el incendio producido en un campo en Oliva, Córdoba, que trabaja Gabriel de Raedemarker, vicepresidente de CRA? ¿Cómo disociar ese siniestro de las serias protestas de la entidad contra la política agropecuaria del gobierno nacional? Hebe de Bonafini, una kirchnerista asociada por hábito consuetudinario a los desbordes facciosos, fue denunciada en 2019 por la diputada nacional Marcela Campagnoli por el delito de incitación a la violencia después de haber invitado precisamente a la quema de campos.
Con lógica, la legislación penal considera un agravante los delitos cometidos en despoblados. Las personas y los bienes suelen encontrarse en zonas rurales desprotegidas de la tutela que las policías ejercen, bien o mal, en los centros urbanos. Más de treinta actos de vandalismo contra el sector de la economía nacional que tiene el más alto índice de productividad es un crimen contra los intereses generales del país.
Unas 40 entidades integrantes de la cadena agroindustrial expresaron su preocupación y su reclamo por mayor seguridad para la propiedad privada rural. “Es importante comprender el alcance del daño producido, ya que estos ataques no solo van dirigidos a los productores, sino a la sociedad entera, especialmente en este particular contexto, donde la labor del agro resulta fundamental en la producción de alimentos”, señalaron. Como ha sostenido CRA, no cabe otra calificación que la de “odio ideológico” frente a la mayoría de las depredaciones ocasionadas.
A pesar de la multiplicidad de atentados registrados, solo ha resonado, en las filas oficialistas, la condena, bien que explícita y rotunda, del ingeniero Luis Basterra, secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación.
En Tandil, rompieron un silobolsa a fin de envolver con una lonja de ese material a un ternero al que acaban de carnear. Roberto Rufer, un productor de San Jerónimo, Santa Fe, denunció que 100 de las 600 toneladas que había cosechado en la campaña última fueron rociadas con un agroquímico para inutilizarlas. “Me sacan del sistema”, se lamentó.
Las denuncias cumplen con una esperanzada formalidad, pero hasta aquí ninguna de las aberraciones puntualizadas ha conducido a que la Justicia o las fuerzas policiales provinciales hallen o detengan a los culpables.
Estamos ante hechos indignos de un país civilizado; algunos suman a esa significación la cuantía de los bienes dañados: en Charata, Chaco, la quema de 1110 hectáreas de maíz arrojó pérdidas por más de un millón de dólares. Este último jueves aparecieron rotos cinco bolsones con maíz picado para alimentar un plantel de 500 vacas lecheras, en un establecimiento de Villa María, Córdoba. En los últimos meses han sido afectadas, entre otras, propiedades rurales de Pehuajó, Rojas, San Andrés de Giles, General Belgrano, Baradero, Chacabuco y Pergamino, en Buenos Aires; María Teresa y Cañada de Gómez, en Santa Fe; Nueva Esperanza, en Santiago del Estero; Gualeguaychú, en Entre Ríos.
Falta que resuene más alto, en solidaridad con los productores, la voz de quienes gobiernan en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chaco solidarizándose con los productores. El orden interno, la seguridad de personas y de los bienes están en juego, sin que pareciera importarles a ellos demasiado la obligación de asumir compromisos más decididos con una acción eficaz que termine con lo que está sucediendo. En el Congreso de la Nación, la queja airada por lo que ocurre solo fue asumida por los diputados de la oposición: Lucía Lehman, Juan Martín Benedetti, Pablo Torello y Ricardo Buryaile. El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo urgió a actuar al gobernador Axel Kicillof.
Además de las lesiones de todo orden que la política gubernamental ha propinado al campo entre 2003 y 2015 y del retorno de vientos no más auspiciosos desde diciembre, todo crimen alevoso e impune que se perpetra contra la vida rural es un llamado de atención para el resto de la sociedad. Esperemos que de una vez por todas las autoridades públicas protejan a aquellos que con su trabajo y producción constituyen una de las escasas fuentes de ingresos genuinos con la que cuenta hoy el Estado argentino.
Si el Estado no vela por el cumplimiento de la ley y por monopolizar el uso de la fuerza que le corresponde como autoridad legal, solo cabe con franqueza una pregunta: ¿para qué está?