Intromisión política

“Eso no puede ser”, fue la aseveración del doctor Alberto Lugones realizada a la nacion en la nota del

24 del actual al referir que “la política está muy metida en el Poder Judicial”. ¡Certera conclusión! No se trata de la queja de un simple ciudadano, ya que quien formula el epitafio es presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. En todo caso, sus dichos vienen a confirmar, una vez más, el fundamento y la actualidad de la acción de inconstitucionalidad iniciada en

2006 por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra la reforma de ese organismo promovida por la entonces senadora Cristina Fernández. Luego de años de reclamar justicia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en noviembre de 2015, determinó la inconstitucionalidad de la norma viciada: la ley 26.080, que, agraviantemente, todavía nos rige. El argumento central de su tacha no es otro que el de la inadmisible primacía del estamento político en dicho organismo, tal como ahora lo confirma el propio presidente del Consejo, quien además integra el estamento de los magistrados. La creación del Consejo de la Magistratura que consagró la reforma constitucional de 1994 persiguió, como objetivo principal, el de fortalecer la independencia del Poder Judicial y reducir la gravitación político-partidaria. La referida sentencia de Cámara se encuentra, desde hace tiempo, a estudio de la Corte Suprema de Justicia para resolver los recursos extraordinarios interpuestos por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. De tal manera, el principio de la solución institucional a la inquietud planteada por el doctor Lugones se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Máximo J. Fonrouge

Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires DNI 12.045.584