Un paso clave para reconstruir la confianza en el país
El año 2020 se presenta como un “momento bisagra” en la historia económica de la Argentina. La reestructuración de la deuda fue uno de los objetivos. Con la oferta presentada se procura movilizar los apoyos requeridos para ir ampliando el círculo de adhesiones llegando a numerosos tenedores de títulos que no han tenido posibilidad de expresarse sobre los términos propuestos y también convencer a determinados fondos que apoyen.
La Argentina ha acumulado una deuda pública nacional que no está en la categoría de las más bajas dentro de la región, pero es menor que la de países considerados de mayores ingresos. La cuestión es no solo el tamaño, sino su estructura, sus perspectivas y el costo de acceso. Podemos distinguir tres segmentos de deuda: 1) en moneda local, 2) en moneda extranjera con el sector privado, 3) en moneda extranjera con el sector público internacional.
Para mejorar la estructura, disminuir la vulnerabilidad de las finanzas públicas y aprovechar los recursos generados localmente, se mantiene corriente la deuda en pesos. Es consistente con un Estado que no pretende abusar para extraer valor de las tenencias de instrumentos que se denominan y pagan en pesos. Con ello, dar y preservar credibilidad para reducir salidas de capitales que debilitan estructuralmente la economía asociada con egresos de recursos, devaluaciones, inflación y pérdida de reservas. Además, así el Tesoro tendrá obligaciones más asociadas a la evolución de sus ingresos. Últimamente se logró mayor acceso voluntario en la emisión de títulos públicos y, en consecuencia, menor uso de emisión de dinero por parte del Banco Central.
En lo referido a la deuda en moneda extranjera con el sector privado, tenemos dos partes. Una bajo la legislación local y la otra manejada según jurisdicciones en el exterior. También rige el principio de no dar un tratamiento inferior o de términos de pago a lo doméstico con relación a lo foráneo. La normativa apunta a aplicar a la ley local lo resultante de las negociaciones bajo la jurisdicción externa. Por eso, la propuesta presentada es clave para desatar la solución de este importante frente. Tengamos en cuenta que este segmento tiene una notable visibilidad en la evaluación de decisiones de los agentes de la economía.
También se requiere tratar la financiación con el sector público internacional. La formulación de un programa económico es requisito para renovar el endeudamiento con los organismos de crédito internacional, empezando por el FMI, y que, además, habilita a reestructurar lo nucleado por el Club de París y la apertura de líneas de crédito amparadas por agencias oficiales de exportación de muchos países, entre otros. Movilizar el tratamiento de este segmento ayuda a despejar algunas incertidumbres sobre el cierre del programa financiero de la Nación y, a ciertos acreedores, en su evaluación de la economía.
La superación del estancamiento prolongado de la economía y su persistente inflación llevan al diseño, difusión e implementación de políticas asociadas a ir construyendo mayor confianza en momentos de presiones notadas en el frente externo y, más que todo, desarrollar el potencial de la Argentina en su conjunto. Ello permitirá el uso y acceso a recursos, incluyendo por y para familias y compañías, que ayudará a dinamizar en la recuperación pospandemia. La resolución de la deuda soberana es un elemento en este entramado. Un paso clave para reconstruir la confianza en el país.
Las cuestiones por resolver
Este “año bisagra” nos muestra que hay cuestiones por resolver en momentos de estrechez y dar una dinámica superadora. Esta agenda toma tiempo para su implementación y sus resultados no son evidentes rápidamente. La transición también demanda formas de atender en una sociedad con un débil tejido social.
Movilizar las capacidades de la Argentina nos plantea ir por mejoras institucionales que normalicen relaciones y den creciente credibilidad a los contratos y normas facilitando interacción entre las personas, tanto humanas como jurídicas, dentro del territorio nacional. Que se usen recursos con eficiencia creciente e incorporen nuevos a su estructura productiva y así generar oportunidades para las personas que movilicen inversiones.
También resulta apropiado, dentro de lo sostenible, regularizar los contratos que involucran al sector público. Ello en términos de funcionamiento de una economía amoldada a las exigencias modernas que permitan desarrollar mecanismos dando lugar a un crecimiento sostenido que derrame a la sociedad de manera positiva. En ello, aun regularizados, hay que tomar conciencia de cuánto puede hacer el Estado con perspectivas de un gasto que no podría financiar si la economía no recupera una senda de expansión.
Además, incluiría dinamizar la economía con estructuras productivas flexibles complementando un sendero fiscal adaptado a ciclos económicos. Esto incluiría un esquema tributario más regular que el actual y definiciones de criterios para asignación del gasto público. También involucra un manejo monetario consistente con estabilizar la economía como mecanismos que robustezcan el sistema de pagos local y con el exterior.
Así, superadas las discusiones de concesiones mutuas, resulta relevante estimar cuál podría ser la tasa de interés aplicable a la deuda argentina y su consecuente impacto. A este nivel, movimientos de 2 puntos anuales en esta tasa repercuten en variaciones de precios de títulos de 10 puntos. Las tasas de interés internacionales están sumamente bajas y las usadas para el caso argentino resaltan por lo elevadas. Como referencia, los rendimientos de las deudas soberanas en dólares de distintos países de nuestra región están en el orden del 2-5% anual. La Argentina bien podría, en el tiempo, ir a niveles de tasas comparables bastante inferiores al 10% anual utilizada en el ejercicio teórico para las discusiones.
Director de Quantum Finanzas