El kirchnerismo busca reflotar en Diputados el impuesto a las grandes fortunas
proyecto. Máximo Kirchner quiere abrir el debate en dos semanas, pero un sector opositor lo rechaza; estiman recaudar entre US$3000 y 4000 millones
Después de un largo suspenso de tres meses, Máximo Kirchner y Carlos Heller, los artífices del anunciado proyecto de ley para gravar las grandes fortunas, finalmente presentarían la iniciativa dentro de dos semanas . Así se lo anticiparon al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Su intención es avanzar con la discusión del texto en la comisión hasta que estén dadas las condiciones operativas y políticas para debatirlo en el recinto.
El proyecto, si bien cuenta con un guiño del presidente Alberto Fernández, espera todavía la luz verde del Ministerio de Economía. “El ministro (Martín) Guzmán está por presentar la oferta final de la Argentina a los bonistas extranjeros. Además, está en plena elaboración una reforma tributaria integral. Cualquier reforma tributaria, como es este nuevo impuesto extraordinario, debería ir de la mano con el esquema macroeconómico que plantee el Gobierno para el segundo semestre. Por eso es clave, antes de avanzar, contar con el aval de Guzmán”, reconocen en el oficialismo.
Fue en abril último cuando Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, anticipó el proyecto en ciernes. Solo dejó trascender los principales lineamientos del texto, pero, según él mismo explicó, se decidió demorar su presentación oficial mientras no estuviera aceitado el funcionamiento de las sesiones remotas en la Cámara de Diputados. Desde que se instrumentó esta modalidad por la pandemia, en los debates virtuales solo se abordaron iniciativas consensuadas entre los bloques, a sabiendas de que el sistema no tolera demasiadas horas de discusión ni que todos los diputados puedan participar en el uso de la palabra, como es propio de las sesiones presenciales.
El problema, en rigor, es que el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, ya adelantó su rechazo al proyecto y el oficialismo, en minoría, está forzado al doble trabajo de alcanzar el quorum y de reunir una mayoría agravada de 129 votos positivos para aprobarlo, ya que se trata de la creación de un impuesto. Sus márgenes de acción son estrechos, por lo que la oposición reclama que el debate sea presencial para evitar eventuales maniobras que hagan de la sesión un escándalo.
En la última videoconferencia entre Massa y los jefes de bloque, en la que se pactó la continuidad por un mes más de las sesiones remotas en la Cámara de Diputados, también se acordó que en este período solo se abordarán en el recinto aquellos proyectos acordados políticamente. “Esto no inhibe que presentemos nuestro proyecto para gravar las grandes fortunas y que empecemos a debatirlo en comisión”, señaló Heller a la nacion. “No hay problema en que presenten el proyecto, pero la discusión en el recinto debe ser presencial”, advirtió Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.
En el oficialismo están convencidos de que, pese a ser minoría, reunirán los votos suficientes para darle media sanción. Según trascendió, la iniciativa propone gravar, por única vez, los patrimonios de las personas físicas (no empresas) superiores a los 200 millones de pesos por medio de una alícuota que variará entre el 2 y el 3,5%, según la envergadura de ese patrimonio. Para ello, se tomarían como base de cálculo los bienes personales resultantes al 31 de marzo pasado. Según Heller, el universo de contribuyentes de este nuevo impuesto no superará las 12.000 personas y se estima una recaudación de entre 3000 y 4000 millones de dólares.
Ante el rechazo anunciado del bloque de Juntos por el Cambio, que advirtió que esta iniciativa pecaría de confiscatoria porque redundaría en una doble imposición tributaria con el impuesto a los bienes personales, el foco de atención recae en los bloques opositores minoritarios, claves para alcanzar el quorum y darle media sanción al proyecto. El interbloque de Consenso Federal, un mosaico de 11 legisladores que preside Eduardo Bucca, anticipó que estaría dispuesto a apoyarlo siempre y cuando el proyecto incluya un capítulo de alivio fiscal a las pymes financiado con la recaudación que genere este nuevo impuesto. “Si el Gobierno avanza con el gravamen, al menos el 33,33% de la recaudación prevista debería destinarse a sostener a las pymes”, planteó el diputado Alejandro Rodríguez, dirigente cercano al exministro de Economía Roberto Lavagna.